Utilizamos cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Más información en el apartado Política de Cookies de nuestra página web.


Aceptar Rechazar
Contacto Facebook Twitter

Novedades de la Ley de contratos públicos y ventajas para las Pymes

20/08/2018
Ley de contratos públicos. Ventajas para las Pymes

La nueva Ley de Contratos Públicos que entró en vigor en marzo de 2018 ha traído buenas noticias para las pymes. Con esta normativa las pymes tendrán más oportunidades de contratación ya que se eliminan algunas trabas en los requisitos de solvencia, se reduce el tamaño de los proyectos y se simplifica el proceso para acceder a las licitaciones públicas.

Uno de los objetivos de esta ley de contratos en el sector público es impulsar el crecimiento de las pymes liberándolas del yugo que suponen muchas subcontratas de las grandes empresas. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación será la encargada de velar por su correcta aplicación.

Las principales novedades de la ley de contratos públicos que benefician a las pymes

División de los contratos en lotes.

Con esta medida es obligatorio dividir los contratos en proyectos más pequeños, de manera que sean más asequibles para las pymes y autónomos. El objetivo del servicio a contratar también debe corresponder con el proyecto y no solo guardar relación con el mismo, lo cual abre las puertas a una mayor especialización.

Primará la oferta con mejor relación calidad/precio.

Con la ley de contratos en el sector público cambian los criterios de valoración, de manera que las entidades no deben limitarse a elegir la oferta económica más baja, sino que también deben considerar la calidad y asignar el contrato al mejor licitador. Así se evita adjudicar los contratos a las ofertas más económicas, que suelen provenir de las grandes empresas pues son quienes pueden ofrecer servicios a un bajo coste.

Control de la morosidad.

Esta ley incorpora una condición especial en ciertos contratos que impide a las empresas adjudicatarias retrasar el pago a sus proveedores. Se intenta evitar que las grandes empresas terminen financiándose a costa de las pymes, que eran quienes soportaban el mayor peso del proyecto, pero se quedaban sin liquidez debido a los impagos. Por primera vez se ha incluido la posibilidad de realizar pagos directos a los subcontratistas, para facilitar el trabajo de las pymes y no dejarlas desprotegidas ante la posición dominante del adjudicatario principal.

Transparencia.

La nueva ley de contratos públicos fomenta un procedimiento más transparente, de manera que las pymes ya no tendrán trabas para presentar sus ofertas a aquellas licitaciones a las que solo se podía acceder mediante invitación pues, debido a su cuantía, no se realizaba publicidad. Ahora todas las licitaciones y sus resultados se publicarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Simplificación de los procedimientos administrativos.

Uno de los principales objetivos de la ley de contratos en el sector público es reducir las cargas administrativas, facilitar el procedimiento de licitación y adjudicar rápidamente los contratos. Por tanto, se extiende el uso de la declaración responsable y se pone en marcha un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de obras por debajo de los 2 millones de euros o para contratos de suministros o servicios hasta los 100 000 euros.

Flexibilización de los criterios de solvencia.

La nueva ley de contratos públicos indica que los requisitos de solvencia se deben adaptar a las características de cada proyecto, de manera que incluso las pymes de reciente creación puedan tener acceso a ellos. Esta flexibilización también implica que no se exigirá la constitución de garantía provisional.

Esta ley de contratos en el sector público no pretende beneficiar a las pymes sino más bien marcar pautas para que todos los licitadores reciban un trato justo e igualitario. Ahora muchas pymes y autónomos podrán ampliar su cartera de clientes accediendo a un mercado que mueve unos 200 mil millones de euros y que hasta el momento era bastante restringido.

Seguridad Comunicación segura mediante certificado del servidor SSL y el acceso a la información protegida y se almacenada cifrada. Su IP de acceso 92.56.160.17