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Legal: Consejos e-información legal para pymes y autónomos

¿Qué es un avalista?

Si eres un autónomo o tienes una pyme, es probable que en algún momento necesites un préstamo para tu negocio, ya sea para financiar las necesidades de circulante o para emprender una estrategia de internacionalización. Sin embargo, el año pasado el 18 % de las pymes no logró acceder a la financiación que necesitaba por la falta de garantías, según indicó la última edición del ‘Informe sobre Financiación de la Pyme’ en España de Cesgar. Contar con un avalista es la mejor estrategia para acceder a ese crédito y mejorar sus condiciones.

¿Qué es un avalista?

El avalista es la persona o entidad que actúa como fiador con el fin de garantizar o asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas que ha contraído el avalado. Mediante un aval, el avalista declara que está dispuesto a hacer frente a los compromisos que ha adquirido el avalado, generalmente a través del pago de cierta cantidad de dinero.

¿Cuáles son los compromisos, obligaciones y derechos de un avalista?

La principal obligación del avalista consiste en hacer frente a los compromisos que ha contraído el avalado ante terceros. Si el avalado incurre en impagos de la deuda o no cumple con las condiciones del contrato, faltando a los servicios contratados, el fiador tendrá que asumir el coste económico.

El avalista también puede ampararse en tres derechos fundamentales:

Obligación del acreedor a dirigirse primero al deudor, de manera que la deuda o los perjuicios se reclamarán en un primer momento a éste. Posibilidad de señalar los bienes del deudor con los que se puede saldar la deuda contraída, de forma que estos sean confiscados para hacer frente a las obligaciones contraídas. Dividir la deuda entre las diferentes figuras obligadas al pago, en caso de que existan más avalistas.

Vale aclarar que, en el caso de los avales para los contratos financieros, estos derechos se suelen excluir ya que se pacta una fianza solidaria. Esto significa que el avalista tiene la misma responsabilidad que el deudor en caso de impago, de manera que no puede obligar al acreedor a reclamar primero al deudor e intente incautar sus bienes.

Sin embargo, aunque el avalista tenga que hacer frente a la deuda que contrajo el avalado, tiene derecho a reclamarle las cantidades abonadas, junto a los intereses y una indemnización por los perjuicios causados.

Ventajas de tener un avalista siendo pyme o autónomo


Muchos autónomos y pymes tienen que presentar un aval para acceder a los préstamos bancarios que necesitan para impulsar su negocio. Contar con el respaldo de un avalista es muy ventajoso. No es casual que el 78,6 % de las pymes afirme lograr un crédito mayor y con plazos de devolución más amplios gracias a los avales de las SGR, según este Informe . (es el link a un reportaje de El Economista, que hace referencia al informe de Cesgar citado al principio ¿es correcto?)

Permite ampliar tu capacidad de endeudamiento. Con el apoyo de un avalista tendrás acceso a un préstamo más elevado que no estaba al alcance de tu negocio.

Reduce los costes financieros del préstamo ya que contar con un avalista reduce el nivel de riesgo que representa la operación. Ello te coloca en una posición más ventajosa para negociar con la entidad bancaria tipos de interés más bajos.

Permite acceder a plazos de devolución más ventajosos para tu negocio, de manera que el préstamo no termine convirtiéndose en una carga. Con el apoyo de un avalista también puedes negociar otros detalles, como eliminar el coste por la amortización anticipada.

Brinda una imagen más profesional. Contar con un avalista transmite una imagen más profesional y solvente que te facilitará el acceso al crédito o a proyectos de mayor envergadura.

Asesoramiento financiero personalizado. En el caso de las SGR, éstas no solo brindan avales financieros y técnicos, sino que también ofrecen un servicio de asesoramiento a través de un estudio detallado del funcionamiento de tu negocio, para ayudarte a elegir la línea de financiación que mejor se ajuste a tus necesidades.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Una de las primeras decisiones que debes tomar a la hora de emprender un proyecto se refiere a la forma jurídica bajo la cual vas a operar. Trabajar como autónomo suele ser lo más sencillo, pero no siempre es lo más conveniente. En algunos casos es más interesante crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).

¿Qué es la responsabilidad limitada?

La responsabilidad limitada es el principio legal bajo el cual se constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada, una forma jurídica que protege al emprendedor al limitar su responsabilidad frente a terceros.

A diferencia de los autónomos, que deben responder con su patrimonio personal si el negocio quiebra y arrastra deudas o recibe una demanda a la que no puede hacer frente, el principio de responsabilidad limitada implica que el emprendedor solo puede perder lo que ha invertido en la empresa. Su patrimonio personal no se verá comprometido, a menos que se demuestre que ha actuado de mala fe.

Ventajas de crear una empresa de sociedad limitada

La responsabilidad frente a terceros se limita al capital social de la empresa y los bienes de su propiedad.

Existe la posibilidad de constituir una sociedad limitada unipersonal, de manera que no es necesario contar con un número mínimo de socios.

Sus costes de constitución son asequibles, en el orden de los 600 euros, y el capital social mínimo exigido es de 3 000 euros, que puedes usar para financiar inversiones en la empresa. 

El proceso de constitución y gestión es más sencillo. Dado que la Sociedad de Responsabilidad Limitada cuenta con un capital pequeño, su constitución es más rápida y los estatutos demandan menos previsiones que una Sociedad Anónima. Sus costes legales y contables también suelen ser más asequibles.

El emprendedor puede asignarse un sueldo y desgravarlo como gasto de la empresa.

Más facilidades para acceder al crédito que ofrecen las entidades bancarias ya que una sociedad de responsabilidad limitada transmite una imagen más profesional y solvente.

Posibilidad de captar a clientes más importantes y acceder a proyectos de mayor envergadura ya que una empresa brinda más confianza y seguridad.

Reducción de la carga fiscal cuando se superan ciertas ganancias ya que el impuesto de sociedades es fijo al 25 %, mientras que los tipos impositivos del IRPF son progresivos. Además, según la ley de apoyo al emprendedor, durante los dos primeros años en los que obtengas beneficios podrás tributar al 15 %.

Requisitos y trámites para crear una sociedad de responsabilidad limitada

1. Registra el nombre de la empresa.

En el Registro Mercantil Central, ya sea de manera presencial u online, solicita el certificado negativo de denominación social, un documento mediante el cual se acredita que el nombre de tu empresa es único. Con ese certificado reservas el nombre para tu empresa durante seis meses, pasado el cual, si no has hecho el registro ante notario, tendrás que renovarlo. 

2. Deposita el capital social en una cuenta bancaria a nombre de tu empresa.

Abre una cuenta bancaria y deposita los 3 000 euros que representan el capital social mínimo. El banco te dará un certificado de dicho ingreso. 

3. Constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Necesitas redactar, junto a los socios, los Estatutos Sociales, las normas por las que se regirá el funcionamiento de tu pyme. Con ese documento, la certificación negativa del Registro Mercantil Central y el certificado bancario, podréis firmar la escritura pública de la constitución de la sociedad ante notario.

4. Solicita el NIF.

Sigue los pasos que especifica la Agencia Tributaria para solicitar el NIF. Ten en cuenta que, al inicio, te facilitarán un NIF provisional, recibirás el definitivo en un plazo de seis meses.

5. Date de alta en IAE y presenta la Declaración Censal.

En Agencia Tributaria también debes dar de alta tu empresa en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), indicando la actividad empresarial que vas a realizar. También tienes que presentar la declaración censal mediante el modelo 036 o 037.

6. Inscribe la empresa en el Registro Mercantil.

Para que tu empresa tenga forma jurídica, debes inscribirla en la oficina del Registro Mercantil de la provincia donde esté domiciliada, presentando todos los documentos que acrediten su constitución. Para realizar este trámite tendrás un plazo de dos meses, contando a partir de la obtención de la escritura de la constitución.

Por último, recuerda que puedes contar con un aval de las SGR para comenzar tu negocio y obtener la financiación que necesitas para llevar adelante tu proyecto.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Smart Contract

Los contratos son imprescindibles en el mundo empresarial para dejar claras las reglas del juego, aunque suelen representar un coste añadido, tanto en términos económicos como de tiempo. A veces no solo hay que recurrir a un notario, sino que, si una parte incumple las condiciones, la otra tendrá que reclamar el resarcimiento de los daños ante un juez. Los smart contracts se proponen terminar con todo eso, brindando acuerdos automatizados, seguros y con garantías.

¿Qué es un smart contract?

Un smart contract, o contrato inteligente, es un código informático que permite verificar y hacer que un contrato se cumpla automáticamente, imprimiéndole validez legal. Las personas no necesitan intervenir para comprobar o ejecutar este tipo de contratos ya que funcionan con una cadena de bloques, el mismo mecanismo en que se basan las criptomonedas.

¿Cómo funciona un smart contract?

El contenido del contrato se convierte en un código, el cual se almacena en una cadena de bloques. En práctica, los términos del contrato se traducen en una serie de sentencias y comandos que funcionan de manera autónoma gracias a la tecnología blockchain. El código utiliza las reglas lógicas de la programación para garantizar que, si se cumplen ciertas condiciones previstas en el contrato, se ejecute la cláusula correspondiente.

En algunos casos es necesario que intervengan los “oráculos”, agentes externos que verifican si una condición del contrato se ha cumplido. Estos instrumentos informáticos permiten validar las condiciones previstas en el smart contract usando información externa para decidir si una cláusula se ha cumplido o no. Cuando el oráculo obtiene esa información y la contrasta, se ejecuta el contrato y se produce la transacción prevista.

¿Cómo se hace un smart contract?

Para realizar un smart contract es necesario programar sus condiciones. Por el momento, el lenguaje más utilizado es Solidity, muy parecido a Javascript, que puede interactuar con la Ethereum Virtual Machine (EVM).

Cuando el contrato está listo, cada una de las partes implicadas debe firmarlo y, si exige un depósito, se debe realizar en ese momento. Al final, el código se “coloca” en una cadena de bloques para que no pueda ser modificado.

Ventajas e inconvenientes de los smarts contracts para las empresas

Los smart contracts se pueden aplicar a una amplia gama de servicios. Pueden utilizarse en los contratos de préstamos para retirar las garantías si no se realiza el pago a tiempo o en la liquidación de operaciones para transferir los fondos automáticamente. También se pueden usar para automatizar los pagos cuando los proveedores o clientes cumplen con su parte del contrato.

La principal ventaja de los smart contracts es que permiten reducir los costes asociados ya que eliminan a los intermediarios. Eso también implica una reducción del tiempo que se destina a este tipo de interacciones, sobre todo cuando hay que realizar reclamaciones. Una reclamación simple que podría tardar varias semanas, se resuelve rápidamente con un smart contract.

Este tipo de contrato también supone una mayor seguridad respecto al contrato tradicional ya que, gracias a la protección que brinda el sistema de cadena de bloques, es un acuerdo blindado en el que no existe la posibilidad de fraude. Todas esas ventajas se traducen en una mayor agilidad para hacer negocios y una mayor velocidad para ejecutar las transacciones, lo cual implicaría poder cerrar más acuerdos comerciales minimizando el riesgo de incumplimientos.

Por supuesto, los smart contract también encierran algunas desventajas, por lo que es importante contar con un buen asesoramiento jurídico antes de adentrarse en este mundo. El hecho de que los contratos, una vez escritos y programados, no se pueden modificar con facilidad, puede representar un problema en el cambiante mundo de los negocios.

Otro problema vinculado a los smart contract se refiere a que, si bien la cadena de bloques no se puede hackear, sí es susceptible de errores que pueden llegar a tener consecuencias muy serias para las empresas implicadas.
Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Cuota de autónomos 2019

El nuevo año llega cargado de novedades para los autónomos. El Gobierno había planteado vincular las bases de cotización al crecimiento del IPC, acercar los tipos de cotización por contingencias profesionales y desempleo a la de los asalariados, así como obligar a cotizar por accidentes de trabajo y formación profesional. Estos cambios elevarían el tipo de cotización hasta el 31,4 %.

Ese incremento en la cuota de los autónomos multiplicaría por más de cinco las subidas medias que se han aplicado durante los últimos 15 años. De hecho, en la última década la base mínima de cotización ha aumentado casi un 14 % pero las prestaciones no han variado. La buena noticia es que la cuota de autónomos en 2019 sube, pero no tanto como se había previsto inicialmente, y trae una mejoría en las prestaciones.

¿Cuál es la cuota de autónomo en 2019?

Tras intensas jornadas de negociaciones, ATA y UPTA, las organizaciones más representativas de los autónomos, han llegado a un acuerdo con el Gobierno, de manera que no se aplicará la subida de 40 euros al mes que planteó inicialmente la administración sino tan solo de 5,36 euros.

La base de cotización mínima mensual subirá un 1,25 % en 2019, hasta alcanzar los 944,35 euros, y el tipo de cotización aumentará hasta el 30 %. Las contingencias profesionales tendrían un tipo del 0,9 % y el cese de actividad del 0,7 %, ambas de carácter obligatorio. De esta manera, la cuota de los autónomos en 2019 será de 283,30 euros al mes, lo cual representaría unos 64,35 euros más al año.

En el caso de los autónomos societarios, su cuota ascendería a 364,22 euros mensuales, lo que supone un incremento de 6,89 euros al mes y 82 euros más al año, en comparación con lo que pagaban en 2018.

No obstante, los tipos de cotización seguirán subiendo de manera escalonada hasta el 2022, aunque el Gobierno ha señalado que este nuevo sistema de cotización debe ser transitorio pues el objetivo final es que los autónomos coticen a la Seguridad Social según sus ingresos reales.

¿Qué nuevos beneficios obtendrán los autónomos en 2019?

Con el incremento de las cuotas de autónomos en 2019, este colectivo también se beneficia de mejorías en las prestaciones:

Derecho a paro. Se mejora el acceso al paro flexibilizando las condiciones ya que las dificultades para acceder a esta prestación, incluso para los autónomos que cotizan para tenerla, genera cada año un superávit de más de 100 millones de euros. La duración de la prestación también se amplía, llegando a duplicarse.

Derecho a acceder a la formación continua, programas de reciclaje profesional y prevención de riesgos laborales. Esta actividad recaerá en las Mutuas, que serán quienes se encarguen de organizar los cursos de formación, con apoyo del Gobierno.

Derecho a la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

No pagar la cuota de autónomo a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

En el caso de los autónomos que sufran una discapacidad sobrevenida, tendrán derecho a acceder a los mismos incentivos y apoyos que se encuentran disponibles para este colectivo. Hasta el momento, solo los autónomos con una discapacidad que iniciaban una actividad profesional tenían derecho a las bonificaciones.

¿Cuál es la tarifa plana de autónomos en 2019?

La tarifa plana para los nuevos autónomos también sube, de los 50 euros de 2018 aumenta a 60 euros en 2019. Esa cuota incluye tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

Una novedad es que las autónomas embarazadas podrán beneficiarse de esa tarifa plana durante 12 meses sin tener que haber cesado previamente su actividad, siempre que la soliciten dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Nueva ley de igualdad laboral

Ninguna empresa puede funcionar sin la cualificación, sin el punto de vista y sin el poder de las mujeres”, dijo la Ministra Carmen Calvo, por lo que no toma por sorpresa que el Gobierno esté impulsando una ley de igualdad laboral que ponga fin a los consejos de administración donde las mujeres no tienen voz ni voto y a la discriminación que estas sufren cuando se quedan  embarazadas o necesitan cuidar de sus hijos.

¿Qué es la ley de igualdad laboral?

Esta ley tiene como objetivo garantizar que se cumpla el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En 2007 ya se había aprobado una ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres pero su puesta en marcha cambió muy poco en el día a día de las empresas.

Con el nuevo proyecto de ley para la igualdad de oportunidades en el trabajo se pretende que no solo la administración pública sino también el sector privado sean un fiel reflejo de la sociedad. Por eso el Gobierno ha trasladado su propuesta para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación a la empresa privada.

¿Qué propone la ley de igualdad de oportunidades en el trabajo?

-          Que exista una composición equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de dirección, órganos o comités, tanto de las entidades públicas como de las privadas, a menos que sea imposible por razones objetivas y fundamentadas.

-          Igualdad de derecho de los trabajadores, hombres y mujeres, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de manera que no se produzca discriminación por género. Una de sus implicaciones prácticas se refiere a que las empresas no pueden rescindir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba a las mujeres que queden embarazadas por este motivo.

-          Derecho a solicitar la adaptación de la jornada de trabajo, incluyendo el trabajo a distancia, para lograr conciliar la vida familiar y laboral. La nueva ley de igualdad laboral no solo prevé un trato especial que facilite el cuidado del lactante hasta los nueves meses de edad sino también la posibilidad de suspender el contrato de trabajo para cuidar a un menor de doce meses.

-          Proporcionar anualmente a la administración competente datos estadísticos relacionados con la distribución de los trabajadores por género. En esos informes se debe incluir el número de socios, directivos, representantes y trabajadores por género, así como el tipo de contrato laboral, el número de horas trabajadas y la retribución media de cada categoría laboral.

La nueva ley de igualdad no ha olvidado el empleo autónomo. Las mujeres que trabajen por su cuenta tendrán derecho a suspender su actividad profesional para cuidar al lactante o menor de doce meses, así como a recibir prestaciones por la maternidad. En el caso de las autónomas dependientes, tienen derecho a negociar un acuerdo profesional que corrija las situaciones en las que resulta evidente una desigualdad respecto a los hombres.

¿Qué sanciones prevé?

La ley de oportunidades en el trabajo también prevé una serie de sanciones para las empresas que no la apliquen. Las infracciones leves, como no realizar un estudio para constatar la existencia de situaciones patentes de desigualdad laboral u obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral implican una multa de 60 a 625 euros.

Las infracciones graves, como impedir el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no dar seguimiento al plan de igualdad en la empresa o establecer un sistema de clasificación profesional que no tenga en cuenta los sesgos de género, acarrean multas de 626 a 6.250 euros.

En el caso de las infracciones muy graves, como la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba debido al embarazo o la maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, las multas pueden ser de hasta 50.000 euros.

¿Cuándo entra en vigor la ley de igualdad laboral?

La ley de igualdad laboral primero debe ser aprobada, aunque el Congreso de los Diputados la tramitará por la vía de urgencia. Cuando entre en vigor, las empresas tendrán entre dos y cinco años para adaptarse a la paridad ya que supondrá un cambio importante, sobre todo en los consejos de administración donde el número de mujeres suele ser bajo.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Asesoramiento jurídico para pymes y autónomos

Los emprendedores exitosos saben que necesitan apoyarse en otros profesionales que les orienten y suplan sus carencias formativas, sobre todo en el área legal. El asesoramiento jurídico es fundamental para conocer la legislación vigente y evitar errores que, a la larga, podrían salir caros. No es casualidad que las grandes empresas cuenten con su propio departamento legal, aunque ésta suele ser una asignatura pendiente para algunas pymes y autónomos.

¿Qué es el asesoramiento jurídico?

El asesoramiento jurídico empresarial, también conocido como “abogacía preventiva”, se centra en ofrecer información a las empresas sobre las leyes y normativas relacionadas con la actividad que desarrollan. El asesor jurídico brinda a las pymes y autónomos un marco legal para que puedan desarrollar su actividad, dotándoles de los instrumentos necesarios para expandirse e innovar dentro de la ley.

¿Cómo puede ayudar el asesoramiento jurídico a las pymes y autónomos?

Derecho laboral

Si te planteas contratar empleados, es fundamental que te oriente un asesor jurídico. Este profesional te indicará cuáles son los tipos de contratos laborales más adecuados y se encargará de gestionar los convenios colectivos.

También te asesorará sobre los derechos y obligaciones de tus empleados respecto a detalles como la jornada de trabajo, retribuciones básicas, permisos y vacaciones, o los riesgos laborales. Contar con un buen asesoramiento jurídico te evitará litigios y costes innecesarios por una mala aplicación de la normativa laboral, algo común en el caso de los despidos y las sanciones disciplinarias.

Derecho mercantil

Contar con un buen asesor jurídico te garantizará que no se vulneren tus derechos cuando estableces relaciones comerciales con otras pymes o autónomos. Supervisará los contratos que firmes con proveedores y clientes, te propondrá medios de pago más convenientes y se asegurará de que las cláusulas y condiciones sean justas. También comprobará que esas empresas tengan las garantías y seguros exigidos por ley.

El asesoramiento a pymes también es vital para el funcionamiento interno del negocio. El asesor se encargará de constituir la sociedad y del reparto de dividendos, regulando la relación entre los socios. En sus manos quedan aspectos tan delicados para la supervivencia del negocio como la transmisión de participaciones en la sociedad limitada, la sucesión o los acuerdos para facilitar la salida de uno de los socios.

Derecho financiero

La asesoría para autónomos y pymes se extiende al plano fiscal. Un asesor jurídico te brindará alternativas de actuación dentro de la ley para que puedas tomar las mejores decisiones fiscales para tu negocio. Te mantendrá informado sobre las novedades en materia fiscal y te indicará la existencia de deducciones o cualquier otro tipo de incentivo fiscal que puedas aprovechar.

Este profesional también te asesorará sobre las condiciones de financiación más ventajosas, en caso de que necesites pedir un préstamo o un crédito, y te echará una mano si recibes una reclamación judicial de un acreedor o si necesitas aplazar una deuda tributaria.

Derecho administrativo

Si uno de tus clientes es la administración, necesitas mantenerte al tanto de todos los cambios legales, para que puedas cumplir con los requisitos y no pierdas el contrato. Un asesor jurídico también te explicará las posibilidades de recurrir si no te convencen ciertas decisiones y te indicará cuáles son los plazos y qué procedimiento seguir para que no pierdas ese derecho.

Si aspiras a firmar un contrato público, el asesoramiento jurídico es esencial para que comprendas cómo funciona el procedimiento de licitación y adjudicación, así como las diferentes modalidades de contratación administrativa. Te garantizará además un equilibrio financiero en el contrato y te ayudará a encontrar opciones de subcontratación o cesión del mismo.

Propiedad intelectual y protección de datos

La innovación es cada vez más importante para las empresas, por lo que es importante que protejan su propiedad intelectual e industrial. Contar con el asesoramiento jurídico adecuado te ayudará a proteger tus creaciones o a reclamar tus derechos si otros las han usado sin tu consentimiento.

También te asesorará en materia de protección de datos. Te explicará tus obligaciones como pyme o autónomo, cómo puedes proteger los datos, durante cuánto tiempo puedes almacenarlos y quién puede tener acceso a ellos. Así no te arriesgarás a recibir una sanción por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos.

Derecho internacional

Si estás pensando en internacionalizar tu pyme, necesitas contar con asesoramiento jurídico para comprender las regulaciones del comercio internacional. Conocer los trámites y procedimientos te permitirá tomar mejores decisiones para acceder a ese nuevo mercado y ahorrar costes, evitando retrasos burocráticos que representen pérdidas económicas.

Un asesor jurídico te explicará el funcionamiento de los convenios de doble imposición, las normativas aduaneras, la fiscalidad de las retribuciones a los trabajadores y los tipos de contratos comerciales más adecuados según el país.
Autor: ConAvalSí
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Ley de secretos empresariales. Todo lo que necesitas saber

La confidencialidad es una necesidad cada vez más importante para las empresas, no solo para proteger la información de sus clientes y cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, sino también para blindar sus planes comerciales, estrategias de negocio y conocimientos técnicos. Para brindar una mayor protección a las empresas, el Gobierno ha presentado el proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

¿Por qué es tan importante proteger los secretos empresariales?

A lo largo de la historia se han producido diferentes casos de robo de secretos industriales. Uno de los más conocidos ocurrió en 1993, cuando General Motors acusó a Volkswagen de espionaje después de que el jefe de producción de Opel y otros siete ejecutivos se fueran a trabajar con la empresa rival. General Motors afirmó que Volkswagen había usado algunos de sus secretos corporativos y la compañía tuvo que indemnizarle con 100 millones de dólares, además de cerrar un acuerdo de mil millones por la compra de piezas durante siete años.

El espionaje industrial está presente en todos los niveles y sectores, causando daños cuantiosos a las empresas, sobre todo aquellas que apuestan por la innovación. Un estudio realizado en la Universidad de Portsmouth reveló que el valor de los activos intangibles de las empresas, como la marca, propiedad intelectual y secretos comerciales, ha aumentado de 19.8 mil millones de dólares en 2001 a 47.6 mil millones en 2016, por lo que el robo de patentes, diseños o bases de datos de clientes puede causar un gran perjuicio económico.

El espionaje industrial también puede provocar grandes daños a la reputación empresarial, afectando a la imagen y la percepción de la compañía que tienen sus clientes reales o potenciales, haciéndole perder cuota de mercado y obligándole a poner en marcha una costosa estrategia de rebranding. En este escenario, contar con una ley que salvaguarde los secretos empresariales es una necesidad de primer orden.

¿Qué castiga la ley de secretos empresariales?

En sintonía con la Directiva de la Unión Europea, la ley de secretos empresariales tiene el objetivo de reforzar la protección de la información empresarial no divulgada, de manera que no se pueda obtener, utilizar o revelar mediante prácticas ilícitas que terminen afectando a la competitividad de las empresas o provocando daños económicos.

Este proyecto de ley determina cuáles son las conductas que implican una violación del secreto empresarial, así como las prácticas que se consideran ilícitas en la obtención, uso y revelación de esa información.

Considera desleal e ilícito, por ejemplo, la divulgación o explotación de los secretos empresariales sin la autorización del titular, sin importar si esa información fue obtenida usando métodos de espionaje o de forma legítima pero con reservas. Eso significa que es un delito abandonar la empresa llevándose la base de datos de los clientes.

¿Cómo será el procedimiento legal?

La ley de secretos empresariales también brinda herramientas eficaces de protección jurídica para las empresas. Establece cuáles son las acciones legales que las compañías pueden emprender si sufren una violación e indica el alcance de la indemnización por daños y perjuicios. Para calcular esa indemnización se tienen en cuenta los perjuicios económicos que ha sufrido la empresa, incluyendo el lucro cesante, así como el enriquecimiento del infractor, el perjuicio moral causado y los gastos de la investigación en los que incurrió la compañía para presentar las pruebas ante un juez.

Con esta nueva normativa se pretende, además, minimizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de procesamiento legal, brindando soluciones más rápidas que permitan a las empresas recuperarse de los daños sufridos en el menor tiempo posible.

En resumen, el proyecto de ley de secretos empresariales refuerza el marco legal que protege a las grandes empresas y pymes de las prácticas desleales que pueden representar grandes pérdidas, tanto desde el punto de vista económico como de reputación, facilitando además el camino para las reclamaciones legales, de manera que se pueda minimizar el impacto de los daños lo antes posible.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Ley de la segunda oportunidad para Pymes y autónomos

A raíz de la crisis muchos autónomos y pymes tuvieron que cerrar sus negocios, quedándose con deudas a las que no podían hacer frente. Para paliar esa situación y animar a esos profesionales a emprender de nuevo, en 2015 se aprobó la ley de la segunda oportunidad. En la actualidad hay unas 2 000 solicitudes para acogerse a esta ley, un 40 % más que el año anterior, según reveló el diario Autónomos y Emprendedores. Como resultado, los juzgados están perdonando deudas de hasta medio millón de euros a los autónomos.

¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?

La ley de la segunda oportunidad está dirigida a los autónomos y pymes que no tuvieron éxito en su primera aventura emprendedora, para facilitarles la creación de una nueva empresa. Se trata de un procedimiento extrajudicial gracias al cual el emprendedor puede negociar el pago de sus deudas con sus acreedores para obtener condiciones más ventajosas, con la ayuda de un mediador concursal, que se encargará de conciliar los intereses de ambas partes y ofrecer garantías de pago. Si no se llega a un acuerdo o resulta imposible pagar la deuda, se puede solicitar su condonación.

¿Quién puede acogerse a la ley de la segunda oportunidad?

La ley de la segunda oportunidad se aplica a todos los emprendedores que ejerzan una actividad profesional y se encuentren en situación de insolvencia o prevean que no podrán cumplir con sus obligaciones. No obstante, la deuda no puede superar los cinco millones de euros y no aplica a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

También pueden acogerse a esta ley las personas físicas en estado de insolvencia, en cuyo caso pueden solicitar la exoneración total de sus deudas, o aquellas cuyo patrimonio e ingresos permitan lograr un acuerdo de pago exitoso con los acreedores.

¿Qué requisitos debes cumplir?

  • Encontrarse en un estado de insolvencia actual o inminente.
  • Haber actuado de buena fe, lo cual significa que la insolvencia no puede haber sido auto provocada para no tener que afrontar deudas.
  • No haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores.
  • No tener una sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socio económico, la Seguridad Social, Hacienda o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.
  • No haber conseguido un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
  • Que la deuda no supere los cinco millones de euros.
  • Que en los últimos 10 años no te hayas acogido a la ley de la segunda oportunidad.
  • Que en los últimos 4 años no hayas rechazado una oferta de empleo “adecuada a tu capacidad”.

¿Cómo solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos?

Para acogerte a la ley de la segunda oportunidad para pymes y autónomos primero debes solicitar un mediador concursal. Debes realizar una instancia en la que indiques el efectivo y los activos líquidos, los bienes, derechos e ingresos regulares que tienes previstos. También tienes que presentar una lista de acreedores, indicando la cuantía y el vencimiento de los créditos.

Cuando se nombre al mediador concursal, éste comprobará la cuantía de las deudas y te convocará a una reunión con los acreedores, en un plazo de dos meses. Cuando se abra el expediente no podrás solicitar más préstamos o créditos, y tendrás que devolver tus tarjetas de crédito, pero tu patrimonio estará protegido pues no se puede iniciar ni continuar una ejecución mientras se negocia el acuerdo. Si uno de los acreedores inicia la ejecución, quedará automáticamente excluido del acuerdo extrajudicial de pagos.

El mediador concursal remitirá a los acreedores un plan de pagos de las deudas, teniendo en cuenta que la moratoria no puede superar los tres años y la quita máxima es del 25% del total de los créditos. También puede proponer que cedas tus bienes a los acreedores para cubrir las deudas.

La ley de la segunda oportunidad para autónomos y pymes brinda diez días a los acreedores para presentar propuestas alternativas o modificaciones. Si aceptan el plan de pago, el acuerdo se oficializa con una escritura pública y se cierra el expediente, publicando un anuncio oficialmente. Esto significa que tu nombre o el de tu negocio aparecerá en las listas de morosos, por lo que será difícil obtener un crédito o encontrar nuevos clientes y proveedores.

Si el plan no es aceptado y eres insolvente, se declarará un concurso consecutivo y podrás solicitar la condonación de las deudas. No obstante, si al cabo de cinco años de haber sido exonerado tu situación económica ha mejorado, los acreedores tienen derecho a exigirte los pagos y pedir que se revoque la condonación.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Ayudas para autónomas y embarazadas

A finales de 2017 en España había 1,1 millones de trabajadoras autónomas, las cuales representaban el 35,3 % de este colectivo. Si tú también trabajas por tu cuenta y estás esperando a un bebé, es importante que sepas que tienes derecho a distintas ayudas para autónomos que te facilitarán el embarazo y el periodo de lactancia.

¿Cuáles son los requisitos para optar por la baja maternal?

Los derechos de las autónomas embarazadas son los mismos que los de las trabajadoras por cuenta ajena, por lo que si cumples con los requisitos de cotización podrás disfrutar de una baja por maternidad de 16 semanas, de las cuales puedes ceder diez al padre, siempre que no sean las seis primeras.

Los requisitos para cobrar la baja maternal para las autónomas embarazadas son:

  • Estar dada de alta en la Seguridad Social en el momento del embarazo.
  • Si tienes entre 21 y 26 años, haber cotizado un periodo de 90 días en los últimos siete años o 180 durante toda tu vida laboral.
  • Si tienes más de 26 años, haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos siete años o 360 durante toda tu vida laboral.

Desde el 1 de marzo de 2018, para calcular la prestación por maternidad debes tener en cuenta las bases de cotización de los seis meses previos, sumando cada una de ellas y dividiéndolas entre 180 días. Dado que ahora puedes cambiar de base de cotización hasta cuatro veces a lo largo de un año, si quieres recibir una prestación más alta puedes aumentar la base de cotización durante los seis meses antes de solicitar el permiso.

Mientras estés de baja por maternidad no tendrás que pagar la cuota de autónomos a la Seguridad Social y durante ese tiempo recibirás el 100% de la base reguladora. Otra alternativa consiste en pedir una ayuda a tiempo parcial, de manera que si reduces tu actividad en un 50 % recibas una prestación del 50 % sobre la base de cotización.

¿Qué ocurre si enfermas durante el embarazo?

Si enfermas durante el embarazo, puedes causar baja por incapacidad temporal y cobrar los porcentajes que determina la ley para todos los trabajadores: el 60 % de la base de cotización desde el día 4 hasta el 21 de la incapacidad temporal y el 75 % a partir de esa fecha.

Si la baja se debe a que tu trabajo representa un peligro para la gestación, se tramita como una baja por riesgo en el embarazo. En ese caso tienes derecho a cobrar una prestación del 100 % de la base de cotización.

Esa prestación también se aplica cuando el trabajo que realizas es incompatible con la lactancia, es lo que se conoce como prestación de riesgo durante la lactancia. La fatiga, ciertas condiciones ambientales, el estrés o la exposición a productos contaminantes se consideran factores de riesgo que pueden afectar tu capacidad de lactar. Esta prestación se mantendrá durante un periodo máximo de 9 meses.

Ayudas para retomar la actividad laboral después del parto

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo prevé una tarifa plana de 50 euros durante los primeros doce meses para quienes coticen por la base mínima. Si has cursado baja en el régimen de autónomos por la maternidad y quieres volver, puedes aprovechar esa bonificación, siempre y cuando lo hagas durante los dos años después del parto. Si decides cotizar por la base superior, la ayuda para los autónomos mujeres consiste en una reducción del 80 % de la cuota.

Deducción del IRPF

También puedes deducir de la declaración de la renta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Puedes cobrar esa cantidad en pagos fraccionados mensuales de 100 euros, que debes solicitar a través del modelo 140, o deducir el total del IRPF.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
Diferencias de Sociedad Anónima y Sociedad Limitada

Si estás pensando en abrir una actividad o pasar de autónomo a sociedad limitada, uno de los detalles más importantes es elegir la figura fiscal más adecuada pues no solo repercutirá en los impuestos que graven las ganancias de la empresa sino también en las obligaciones fiscales que tendrás al frente de la misma. En España la sociedad limitada es la forma societaria más extendida, aunque no siempre es la más conveniente, sobre todo si pretendes captar a un gran número de inversores.

Características de la Sociedad Anónima y la Sociedad Limitada

Tanto la sociedad limitada como la sociedad anónima tributan por el Impuesto de Sociedades y tienen en común que la responsabilidad se reparte entre los socios, limitándose al capital invertido y a los bienes que se encuentran a nombre de la sociedad. Sin embargo, las semejanzas terminan ahí.

Tipo de actividad empresarial.

Para elegir la figura fiscal hay que tener en cuenta la actividad que desarrollará la empresa. Una sociedad limitada puede ejercer prácticamente cualquier tipo de actividad, pero algunos sectores solo están abiertos para una sociedad anónima, como la gestoría de fondos de pensiones, los seguros o la actividad bancaria. Otra diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad limitada es que solo la S.A. puede cotizar en el mercado de valores, algo que no está al alcance de la S.L.

Capital social mínimo.

En la sociedad anónima el capital mínimo es de 60 000 euros y se divide en acciones. Para su constitución se exige al menos el 25 % del capital, de manera que es necesario desembolsar 15 000 euros en un primer momento. El resto, que se denomina dividendos pasivos, se puede ingresar posteriormente según reflejen los estatutos de la S.A. Una de las características de la S.L. es que el capital mínimo a aportar es de  sólo 3 000 euros.

Trámites de constitución.

Aunque los pasos para constituir la sociedad anónima y la sociedad limitada son similares, dado que la S.L. cuenta con un capital inferior, normalmente el proceso de constitución es más sencillo y los estatutos exigen menos previsiones. Al contrario, en una S.A. el proceso es más complejo y tendrás que recurrir a un experto independiente, designado por el Registro Mercantil, que emita un informe sobre el valor de lo que se pretende aportar.

Número de socios.

Tanto la sociedad limitada como la sociedad anónima se pueden formar con un solo socio, en cuyo caso se denomina sociedad unipersonal, sin límites específicos de socios. No obstante, la S.L. es una fórmula más adecuada para las empresas con pocos socios que no necesitan aportar un gran capital mientras que la S.A. suele estar compuesta por un mayor número de socios.

Transmisión de las acciones.

En las sociedades, el capital social se divide en partes alícuotas. Una de las características de la S.L. es que ese capital se divide en participaciones, cuya transmisión es más complicada y restringida pues exige el conocimiento del resto de los socios, los cuales tienen un derecho de adquisición preferente frente a terceros. Esto hace que la S.L. sea una empresa cerrada, mientras que en la S.A. pueden entrar fácilmente más socios. De hecho, su capital se divide en acciones y cada accionista tiene libertad para venderlas, de manera que es más fácil que entren nuevos inversores en la sociedad.

Administración.

En la S.L. los trámites para llevar la contabilidad y las cuestiones fiscales son más sencillos, pero en la S.A. se complejizan, lo cual significa asumir un mayor coste, por lo que esta figura fiscal solo se recomienda para proyectos de gran envergadura. Basta saber que cuando en la S.A. hay que tomar una decisión relevante, se debe realizar una convocatoria previa en anuncios de prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Otra diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad limitada es que en esta última el cargo de administrador puede tener un carácter indefinido, pero en una S.A. se limita a un máximo de 6 años.

En resumen, los requisitos y características de la S.A. hacen que sea una figura fiscal interesante para los proyectos muy ambiciosos que van a mover grandes cantidades de capital. La S.L., al contrario, es ideal para sacar adelante proyectos con objetivos más modestos en los que se priorice una gestión ágil y sencilla.

Autor: ConAvalSí
Categoría: Legal
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