Contabilidad

Si eres propietario de un local o una oficina, tendrás que hacer frente a diferentes gastos fijos. Uno de ellos es el IBI, que se paga todos los años. Saber cuándo se paga el IBI y cuánto cuesta te ayudará a evitar recargos y a incluirlo en tu presupuesto de negocio para no tener sorpresas indeseadas de última hora.

Tipo de impuesto	Directo
Recaudador	Ayuntamiento
¿Quién lo tiene que pagar?	Todas las personas físicas y jurídicas que sean titulares de un derecho de propiedad, superficie, usufructo o concesión administrativa sobre inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales.
¿Cómo calcular cuánto tendré que pagar de IBI?	Para calcular el IBI, se necesita el valor catastral del inmueble, que se determina por el valor del suelo y las construcciones en él.
¿Cómo saber el valor catastral de mi casa?	Se puede obtener en el portal de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda (deberás ser propietario del inmueble). También puedes comprobar el valor catastral a través de tu último recibo del IBI.
¿Cuál es la fecha de pago del IBI?	Se devenga el 1 de enero de cada año, pero el plazo de pago lo fija cada Ayuntamiento en su calendario fiscal.

¿Qué es el IBI o Impuesto sobre Bienes Inmuebles?

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo directo de carácter obligatorio gestionado por los Ayuntamientos, aunque algunos pueden delegar su cobro en otros entes, como las diputaciones provinciales. Grava la titularidad de los derechos de propiedad, usufructo, superficie y concesión administrativa sobre inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales.

La naturaleza de una propiedad, si es rústica o urbana, depende de cómo clasifica el suelo la Dirección General del Catastro. Sin embargo, los inmuebles especiales, como las presas, embalses, túneles de peaje, autopistas, carreteras, puertos comerciales y aeropuertos se clasifican según sus características técnicas. Son conjuntos complejos de uso especializado con diferentes estructuras, considerados como un solo bien inmueble para el catastro.

¿Cuándo se implantó el IBI y cómo ha evolucionado?

El IBI nació con la reforma del sistema tributario local impulsada por la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Aunque la legislación se aprobó a finales de 1988, las entidades locales necesitaron un margen de tiempo para adoptar los acuerdos de imposición y ordenación de tributos, por lo que el nuevo impuesto no comenzó a exigirse en todo el territorio nacional hasta el 1 de enero de 1990.

Su creación supuso una reorganización importante de la fiscalidad a nivel municipal porque sustituyó a las antiguas Contribuciones Territoriales (Rústica y Pecuaria y Urbana), así como al Impuesto Municipal sobre Solares, integrando bajo una misma figura la tributación de los bienes inmuebles. Además, en contraposición con los impuestos anteriores, que se basaban en los rendimientos, este nuevo impuesto se enfoca en el valor catastral de la propiedad.

Desde su implementación, la Ley de Haciendas Locales ha sido objeto de varias actualizaciones que han influido en el IBI. En 2002, por ejemplo, se produjo una de las más relevantes: se permitió a los Ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 50 % a las viviendas desocupadas con carácter permanente y bonificar los inmuebles con sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

Algunos años más tarde, a finales de 2012, se crearon los coeficientes de actualización por municipio, aplicables desde 2014, que por primera vez permitieron reducir los valores catastrales para corregir las valoraciones hechas en plena burbuja inmobiliaria. De hecho, cabe aclarar que, hasta entonces, las Leyes de Presupuestos solo contemplaban coeficientes multiplicadores iguales o superiores a 1.

En 2019, se añadió una bonificación potestativa de hasta el 95 % para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada y en 2021 se introdujo la posibilidad de reducir el IBI a los inmuebles que cuenten con puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

Y la Ley de Vivienda de 2023 ha endurecido el recargo a las viviendas vacías: puede llegar al 100 % si llevan más de tres años desocupadas, con hasta 50 puntos adicionales si el titular tiene varias en el mismo municipio. Hace poco, el 6 de octubre de 2026, se aprobó un nuevo cambio que permite a los ayuntamientos aplicar recargos a los inmuebles residenciales que se usen como alojamientos turísticos y estén situados en municipios ubicados en zonas de mercado residencial tensionado. Además, modificó el régimen de recargos sobre viviendas desocupadas con carácter permanente.

¿Quién debe pagar el IBI?

Todas las personas físicas o jurídicas que tengan derechos sobre los bienes inmuebles deben pagar el IBI. De hecho, este impuesto no solo se aplica al derecho de propiedad, sino también al derecho de superficie, usufructo o concesión administrativa.

En el caso de las oficinas o locales alquilados, lo habitual es que sea el propietario quien se encargue de pagar el IBI. Si el dueño y el inquilino lo acuerdan en el contrato de alquiler, el propietario puede repercutir al arrendatario el IBI según lo acordado. No obstante, es importante tener presente que, si el arrendatario deja de pagar el IBI, el Ayuntamiento reclamará ese importe al propietario, el cual se arriesga a afrontar demoras y recargos.

Al vender la propiedad, el vendedor paga el IBI porque a nivel municipal la obligación se genera desde el primer día del año, momento en el cual el vendedor era el propietario. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 ha sentado jurisprudencia, abriendo la puerta a prorratear el importe entre el comprador y el vendedor, teniendo en cuenta el tiempo que cada uno ha sido propietario a lo largo del año.

Si no se pacta nada entre las partes en el momento de firmar la escritura de compraventa, el Ayuntamiento reclamará el impuesto al propietario que figuraba como titular a 1 de enero, pero este puede reclamar al comprador los días pendientes desde la venta hasta fin de año.

En el caso de los inmuebles con deudas pendientes por IBI, el Ayuntamiento puede exigir su pago al nuevo propietario, porque el inmueble queda afecto a la deuda. Por esa razón, antes de adquirir un inmueble, es recomendable que investigues si tiene el pago del IBI al día. En la actualidad, los notarios están obligados a pedir esa información y deben facilitarla a los compradores.

¿Cuál es la fecha de pago del IBI?

Este impuesto se devenga el 1 de enero de cada año (quien sea titular ese día es quien debe pagarlo), pero cada Ayuntamiento decide cómo y cuándo se paga, así como las facilidades para hacerlo. Ten en cuenta que, si pagas fuera de plazo, tendrás que abonar un recargo: del 5 % si pagas antes de recibir la providencia de apremio, del 10 % si pagas en el plazo que esta fija y del 20 %, más intereses de demora, a partir de ahí.

Existen diferentes opciones para realizar el pago. Puedes hacerlo de manera presencial, en las sucursales de las entidades bancarias, o por cajero electrónico en las entidades colaboradoras. También podrás pagar el IBI por banca telefónica, a través de Internet, o puedes recurrir a la domiciliación bancaria, que en muchos municipios da derecho a una pequeña bonificación o a fraccionar el pago.

¿Cómo calcular el IBI?

Para calcular el IBI, necesitas el valor catastral del inmueble, que se determina por el valor del suelo y las construcciones en él.

El Catastro Inmobiliario calcula el valor de un inmueble. Esto se hace considerando su ubicación, valor en el mercado, coste de construcción, antigüedad, uso, valor del suelo y características urbanísticas.

Por norma, ese valor no puede superar el 50 % del valor de mercado del inmueble y se puede actualizar en los Presupuestos Generales del Estado o bajo petición del Ayuntamiento, si este detecta diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que se utilizaron como base para determinar los valores catastrales vigentes, siempre que haya transcurrido el plazo legal establecido a tal efecto, según indica el propio portal del Catastro.

En cualquier caso, la ley prevé revisar los valores de los inmuebles mediante una valoración colectiva como mínimo cada cinco años y, en todo caso, a partir de los diez, lo que suele resultar en subidas en el importe a pagar.

Sobre la base liquidable, los Ayuntamientos aplican un gravamen que distingue entre los bienes urbanos, rústicos o de características especiales. El tipo de propiedad afecta al cálculo del IBI, especialmente la diferencia entre propiedades urbanas y rústicas en cada municipio.

En el caso de los inmuebles urbanos, ese gravamen oscila entre el 0,4 y el 1,1 %. En el caso de los inmuebles rústicos, el gravamen varía entre el 0,3 y el 0,9 %. Los Ayuntamientos pueden aumentar estos máximos si son capital de provincia, prestan transporte público de superficie u ofrecen más servicios de los obligatorios, hasta un tope del 1,3 % en los urbanos. A los Bienes de Características Especiales (BICES) se les aplica un tipo supletorio del 0,6 %, que cada Ayuntamiento puede fijar entre el 0,4 y el 1,3 %. Aquí puedes comprobar la actualización de los valores catastrales por coeficientes en tu municipio.

Cabe aclarar que el pago del IBI por el local donde se encuentra tu negocio es un gasto fiscalmente deducible. Si eres autónomo y trabajas en casa, puedes deducir parte del IBI. La deducción se calcula según los metros cuadrados afectos a la actividad declarados a Hacienda y tu porcentaje de propiedad en el inmueble. Esta posibilidad está contemplada en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, aprobada en 2017.

Exenciones y bonificaciones del IBI

Algunas propiedades del Estado, comunidades autónomas y entidades locales están libres de pagar el IBI. Estas propiedades se utilizan para la seguridad ciudadana, defensa nacional, educación o servicios penitenciarios. También están exentos los bienes comunales del Ayuntamiento que utilicen los vecinos, así como los bienes que pertenecen a la Iglesia Católica, a las demás confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado y a la Cruz Roja.

No pagan el IBI los bienes comunales y montes vecinales en mano común. Tampoco la superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento. Además, no pagan el IBI los terrenos ocupados por vías de tren y carreteras públicas. Por último, también están exentos del pago del IBI aquellos bienes que tienen exenciones internacionales, como las embajadas o consulados.

Además de las bonificaciones al IBI que aprueben los diferentes Ayuntamientos, la ley estatal prevé, entre otras:

• Bonificación del 50 al 90 % en propiedades de empresas de construcción, urbanización y promoción inmobiliaria que no constituyan parte de su inmovilizado, mientras duren las obras (máximo tres años).
• Bonificación del 50 % sobre las viviendas de protección oficial durante los tres primeros años tras otorgar la calificación definitiva, aunque los Ayuntamientos pueden aplicar una bonificación ulterior durante el tiempo que estimen conveniente.
• Bonificación del 95 % sobre los bienes rústicos de las cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra.
• Bonificación de hasta el 50 % para inmuebles con puntos de recarga de vehículos eléctricos homologados, sujeta a aprobación de cada Ayuntamiento.
• Bonificación de hasta el 95 % en los bienes de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por norma jurídica, también si el Ayuntamiento la aprueba.

¿Qué son las exenciones rogadas y potestativas?

Las exenciones rogadas son aquellas que se aplican cuando el interesado lo solicita porque el inmueble cumple con los requisitos legales. Los centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo pueden solicitar la exención del IBI para los inmuebles destinados a la enseñanza. Esta exención se aplica a la superficie ocupada por la enseñanza concertada.

Los monumentos y jardines históricos de interés cultural registrados en el Patrimonio Histórico Español pueden solicitar una exención rogada. Esto también aplica a las áreas de montes donde se hacen repoblaciones forestales o regeneración de árboles.

Sin embargo, para poder solicitar esta exención, es necesario tener proyectos aprobados por la Administración forestal. En ese caso, la exención tendrá una duración de 15 años a partir del periodo impositivo siguiente al que se realizó la solicitud.

En cambio, las exenciones potestativas dependen de los Ayuntamientos. Los centros sanitarios de titularidad pública, así como algunas propiedades rurales y urbanas, están exentos del IBI si su cuota líquida no supera la cantidad establecida por la ordenanza fiscal. También se pueden aplicar bonificaciones de hasta el 90 % a las familias numerosas.

Hay exenciones para entidades sin fines de lucro como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas y asociaciones benéficas.

También se suele eximir del pago del IBI a los inmuebles que han sufrido daños considerables por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes. En ese caso, se aprueban decretos-leyes para ayudar a las zonas afectadas y recuperarse de los daños ocasionados.

Por último, debes saber que para solicitar las bonificaciones, tendrás que estar al tanto del plazo de presentación que fije la ordenanza fiscal de tu municipio. Como norma, el plazo de resolución es de 6 meses y, si no recibes respuesta, debes considerar que tu solicitud ha sido denegada.

La inmensa mayoría de las pymes necesita recurrir a la financiación externa en algún momento de su vida, ya sea para realizar una inversión, comprar maquinaria, abrir un nuevo local o, incluso, para cubrir puntualmente ciertas dificultades de liquidez. El problema surge cuando, además de demostrar que el proyecto es viable, el empresario debe aportar garantías que el negocio no puede satisfacer por sí solo. En esos casos, contar con un aval puede facilitar la financiación.

El acceso a la financiación en los tiempos que corren

El 51,2% de las pymes españolas tuvo necesidades de financiación en el año 2025, lo que supuso un incremento con respecto al año anterior, después de haber experimentado un descenso sostenido desde 2021, según reveló el último informe “La financiación de la pyme en España”, realizado por Cesgar.

Dicho estudio también mostró que el porcentaje de pymes que rechaza la financiación bancaria debido a condiciones que consideran inaceptables se mantiene relativamente estable, situándose en el 2,7%. Además, las entidades bancarias siguen requiriendo garantías o avales para conceder la financiación al 39,2% de las pymes. Y las mayores necesidades de estos avales se concentran en las empresas dedicadas al comercio, talleres y en  aquellas que ofrecen servicios personales o a otras empresas.

Un informe del Banco de España confirmó que, durante el primer trimestre de 2025, se produjo “un aumento del porcentaje de empresas que no solicitaron préstamos porque pensaban que no serían aprobados”. 

Por otra parte, los bancos están endureciendo la oferta de crédito, según la Encuesta de Préstamos Bancarios más reciente y se espera que 2026 cierre con un ulterior recrudecimiento, debido en gran parte a la incertidumbre y la inestabilidad geopolítica.

En un escenario en el que el acceso a la financiación para pymes y autónomos se hace más cuesta arriba y los tipos de interés están experimentando un repunte tras un periodo de relativa estabilidad, las sociedades de garantía pueden ser la solución.

¿Qué son las sociedades de garantía?

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) facilitan a pymes y autónomos el acceso a financiación para sus proyectos, mejorando las condiciones de los plazos y tipos de interés. Para ello, se encargan de conceder avales que respaldan sus solicitudes ante las entidades bancarias. Son entidades financieras sin ánimo de lucro, sujetas a la supervisión del Banco de España.

Su marco legal comenzó a desarrollarse en 1978 y posteriormente, en 1988, la normativa reforzó la supervisión de las sociedades de garantía, sometiéndolas al control e inspección del Banco de España, por lo que en este aspecto se equiparan a las entidades de crédito. Desde entonces, han ayudado a muchas empresas a crecer permitiendo que accedan a la financiación en condiciones más ventajosas.

¿Por qué te conviene contar con el apoyo de las SGR?

Las SGR no solo mejoran las condiciones de plazo y tipo de interés, en parte gracias a los convenios que negocian con las entidades financieras, sino que también ofrecen asistencia y asesoramiento financiero a sus socios:

• Mayor acceso a la financiación, ya que puedes contar con la garantía que aportan las SGR, sobre todo en el caso de las empresas que no disponen de bienes suficientes para garantizar la devolución del préstamo, o de las pymes más pequeñas y de reciente constitución, que no cuentan con un historial crediticio que las avale.
• Mejorar las condiciones de financiación, con la posibilidad de reducir los tipos de interés de la deuda y/o ampliar los plazos de amortización. Así tendrás más margen para devolver el préstamo y gestionarlo de forma que no afecte a otros compromisos económicos de la empresa.
• Recibir un préstamo o una línea de crédito mayor, ya que las entidades bancarias están más dispuestas a aumentar el capital si la pyme o el autónomo cuentan con un aval. Por consiguiente, el apoyo de una SGR respalda la operación y permite ampliar la financiación, una opción particularmente interesante si necesitas realizar una gran inversión, pero no cuentas con las garantías suficientes.
• Tener acceso a todos los servicios que proporcionan las SGR, incluyendo el asesoramiento financiero y un estudio técnico de la operación, así como la tramitación de subvenciones estatales. Ese acompañamiento te facilitará la toma de decisiones financieras y te permitirá identificar la opción de financiación más adecuada para tu proyecto. Puedes ver algunos ejemplos en las historias de éxito de empresas que ya lo han conseguido.

¿Cómo puedes obtener el aval de las SGR?

Solicitar el aval de una SGR es un proceso relativamente sencillo, aunque tendrás que demostrar que tu proyecto es viable y que puedes hacer frente a la financiación solicitada. El procedimiento puede variar ligeramente entre sociedades, pero en general sigue una serie de pasos bastante estandarizados.

• Contactar con una SGR. El primer paso es localizar una SGR que opere en tu comunidad autónoma o en el sector correspondiente y solicitar información sobre las opciones de financiación disponibles. La propia entidad podrá indicarte el tipo de aval que encaja mejor con las necesidades de tu negocio.
• Presentar la documentación necesaria. La SGR te pedirá información sobre la empresa o actividad, su situación económica y el destino de la financiación. También podría solicitarte un plan de negocio o documentación relacionada con el proyecto que quieres financiar. Tendrás que presentar, además, la operación relacionada con el crédito, así como la documentación empresarial y crediticia pertinente para hacer un análisis de riesgo.
• Estudiar la viabilidad de la operación. La SGR analizará la situación del autónomo o de la empresa, sus previsiones económicas y su capacidad para devolver el préstamo. Este estudio permite determinar si la operación es viable y las condiciones que tendrá el aval.
• Convertirse en socio de la SGR. Para conseguir el aval, necesitas convertirte en socio de las SGR, lo cual significa que tendrás que adquirir participaciones en las mismas, en proporción al aval que solicites, pues estas entidades se financian, en parte, con los fondos de las aportaciones que realizan sus socios. Podrás recuperar ese importe cuando canceles el crédito.
• Formalizar la operación y satisfacer las obligaciones contraídas. Si la entidad bancaria te aprueba la financiación, se formalizarán tanto el préstamo como el aval y se activará el periodo de devolución. A partir de ese momento, tendrás que cumplir con los pagos establecidos y las condiciones acordadas en cada operación. Ten en cuenta también los costes del aval: normalmente, una comisión de estudio al inicio y una comisión anual mientras el aval esté vigente.

¿Dónde encontrar las SGR?

Las SGR están representadas por CESGAR, que asume las funciones de coordinación, cooperación y defensa de sus intereses. Actualmente, existen 17 Sociedades de Garantía Recíproca generalistas y sectoriales con diferentes sucursales repartidas por todo el territorio nacional. No obstante, puedes iniciar el proceso de solicitud y enviar la documentación de manera telemática a través de la plataforma Con Aval Sí. Así, podrás seguir adelante con tu proyecto de forma más ágil y contando con un mayor respaldo.

La mayoría de las pymes recurren a la financiación externa en algún momento de su vida, ya sea para poner en marcha el negocio, cubrir las necesidades de circulante, emprender un proceso de internacionalización o invertir en equipo productivo e innovar. De hecho, el XV Informe “La Financiación de la Pyme en España” de SGR-Cesgar reveló que “más de la mitad de las pymes (51,2%) necesitaron financiación en 2025.

El acceso a los créditos bancarios, la principal fuente de financiación que eligen las pymes españolas, ha mejorado en los últimos tiempos. El citado informe refiere que, en 2025, el 92,8% de las pymes con necesidades de financiación bancaria la ha obtenido y aceptado. Sin embargo, no todas lo tienen tan fácil.

¿Qué factores influyen en la concesión de un crédito bancario a las empresas?

Además de la situación económica del país y factores estructurales como el marco jurídico o la coyuntura geopolítica internacional, en la concesión de los créditos y otras formas de financiación bancaria influyen variables más específicas relacionadas con el negocio, como la productividad, rentabilidad y el perfil de riesgo de las pymes.

Las entidades bancarias realizan una evaluación de solvencia antes de formalizar determinadas operaciones para comprobar que el cliente podrá asumir los pagos sin caer en una situación de sobreendeudamiento. Para ello, se enfocan en distintos aspectos de su situación económica y financiera:

1. Ingresos y estabilidad. El banco valora las ganancias del solicitante, el origen de las mismas y si existe una fuente de ingresos suficientemente estable. No se pondera de la misma forma una pyme que tenga una base de clientes sólida y diversificada que otra que dependa de pocos clientes, por ejemplo, pues si los perdiese, su capacidad para hacer frente a las obligaciones económicas contraídas podría verse seriamente comprometida.

2. Nivel de endeudamiento. Los bancos no solo valoran las ganancias, también tienen en cuenta las obligaciones financieras existentes para estimar la capacidad real de la empresa para afrontar un nuevo pago. La entidad puede consultar la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) para conocer los préstamos, créditos, avales y otras obligaciones financieras declaradas de la pyme, así como otros ficheros de solvencia y morosidad. Eso significa que tener otros préstamos pendientes o antecedentes de impagos puede influir negativamente en la valoración del riesgo.

3. Garantías. Según el importe que solicite la empresa, es probable que la entidad bancaria exija garantías, ya sea en forma de avales o activos del propio negocio. El banco elaborará un perfil de riesgo de la pyme para valorar si concede la financiación y bajo qué condiciones.

En general, las entidades bancarias suelen solicitar que las pymes tengan varios meses o años de antigüedad y que sean capaces de generar un mínimo de beneficios. También deben estar al día en el pago de impuestos y con la Seguridad Social.

El acceso a la financiación no es igual en todos los sectores

Las necesidades de financiación de las pymes no son iguales en todos los sectores de la economía. Las empresas que más han tenido que recurrir a préstamos externos se concentran en áreas como Transporte, Agricultura, Comercio y determinados Servicios, según indicó el mencionado informe de SGR-Cesgar.

Al mismo tiempo, la necesidad de aportar garantías ha sido superior a la media en:

Las empresas que innovan (24,7%). Esto se debe a las características propias de este tipo de proyectos, ya que suelen requerir inversiones más importantes antes de generar retornos y, en ocasiones, los resultados económicos de cara al futuro son relativamente inciertos. Desde la perspectiva de la entidad financiera, esa incertidumbre puede traducirse en una mayor percepción del riesgo, por lo que puede exigir garantías adicionales para respaldar la operación y reducir la exposición ante un posible impago.

Las empresas medianas (40,0%), pequeñas (35,2%) y microempresas (22,6%). El tamaño del negocio también marca la diferencia en el acceso a la financiación, el cual no solo está condicionado por la capacidad de pago, sino también por la estructura y los recursos disponibles para respaldar el crédito. Las empresas de menor tamaño suelen disponer de menos activos que puedan utilizar como garantía y, en muchos casos, dependen más de la evolución de su actividad. Por ello, las entidades pueden solicitar garantías que cubran parte del riesgo asociado a la financiación.

En cuanto a la necesidad de avales o garantías, por sectores de actividad se distribuye de la siguiente manera: 

1. Comercio y servicios personales (21,6%)

2. Servicios a las empresas (19,4%)

3. Construcción (16,4%)

4. Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte (11,9%)

5. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9,7%)

Las diferencias por sectores, en cuanto a los obstáculos para acceder a la financiación, guardan relación con su forma de generar ingresos, los activos disponibles y la percepción de las entidades financieras del riesgo que supone cada actividad. Por ejemplo, en España, el Comercio y servicios personales son actividades muy expuestas a la evolución del consumo y a los márgenes comerciales, además de tener una estructura patrimonial más limitada. 

En lo que respecta a los Servicios a las empresas, una parte importante de los costes de estos negocios suele estar relacionada con el personal, mientras que su continuidad depende de los contratos con los clientes, lo que puede dificultar presentar activos que sirvan como respaldo. En el sector de la Construcción pesan otros factores, como los plazos de los proyectos, la evolución del mercado inmobiliario y las necesidades elevadas de circulante.

En cuanto a Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte, así como Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, las propias características de la actividad y la escasa disponibilidad de activos que puedan utilizarse como garantía también condicionan el análisis de riesgo y, por ende, el acceso al crédito.

No significa necesariamente que sean sectores con peor salud financiera, sino que su estructura de ingresos, activos y riesgos puede hacer que el banco pida con más frecuencia garantías para cubrir la operación.

El futuro del acceso a la financiación para las pymes

El panorama de la financiación empresarial en España durante 2026 es más favorable que hace unos años, pero las condiciones están cambiando. La Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España reveló que, en el segundo trimestre de 2026, los criterios de concesión se endurecieron ligeramente y se espera que sigan esa senda en lo que resta de año.  

Las entidades financieras están aplicando criterios más estrictos a la hora de conceder financiación empresarial, debido fundamentalmente a un aumento de los riesgos percibidos y los cambios en los indicadores de calidad crediticia. Los sectores más afectados son: el Comercio, la Construcción y, en particular, la Industria Manufacturera, sobre todo las empresas que hacen un uso intensivo de la energía y las que fabrican vehículos de motor. 

Por consiguiente, 2026 y 2027 no serán años de crédito cerrado, pero tampoco de financiación fácil. Para las pymes, que son especialmente sensibles a las condiciones bancarias, eso se traduce en contar con unas cuentas más saneadas, mantener un nivel de endeudamiento razonable, demostrar unos ingresos previsibles, justificar el destino de la financiación y aportar garantías.

En cualquier caso, recuerda que con la ayuda de las SGR podrás acceder a la financiación que necesitas. Sus avales te permitirán acceder al crédito de manera más ágil y sencilla, consiguiendo mejores condiciones en términos de plazos y tipos de interés.

 

La mayoría de las empresas necesitan financiación externa en algún momento de su vida, ya sea al inicio, para poner en marcha el negocio, o más adelante, para impulsar su crecimiento. De hecho, el último informe de CESGAR confirmó que el 51,2% de las pymes españolas necesitó financiación en 2025.

La fuente de financiación a la que se recurra es una decisión importante, ya que puede brindar una ventaja competitiva en el mercado o, al contrario, convertirse en un lastre a largo plazo. Las entidades bancarias siguen siendo la principal vía para acceder al crédito de las empresas, sobre todo de las pymes, ya que de esta manera conservan el control total del capital y de su negocio.

El acceso a la financiación, un camino exigente para las pymes

El escenario de financiación para las pymes ha cambiado sustancialmente desde los años en los que se aplicaban tasas negativas y el crédito era bastante barato. Tras las fuertes subidas de tipos de 2022 y 2023, el Banco Central Europeo inició un ciclo de relajación monetaria que ha reducido sus tipos oficiales. 

En la actualidad, el tipo de la facilidad de depósito se sitúa en el 2,25%, mientras que el tipo de interés principal para las operaciones de refinanciación es del 2,40%, una cifra que se encuentra bastante por debajo de los niveles alcanzados durante el endurecimiento monetario.

Sin embargo, eso no significa que las pymes puedan acceder al crédito con la misma facilidad que en la etapa de tipos muy bajos. En realidad, el coste de los préstamos es tan solo una parte de la ecuación. Las entidades financieras están prestando más atención al riesgo que representa cada empresa y están aplicando criterios de concesión más exigentes.

De hecho, la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España mostró que, durante el segundo trimestre de 2026, los bancos endurecieron de nuevo la oferta de crédito a las empresas, tras haberlo hecho también en el primer trimestre. Además, las entidades anticipan un nuevo endurecimiento durante el tercer trimestre.

Para una pyme, esto significa que buscar y solicitar financiación ya no consiste únicamente en comparar diferentes tipos de interés. La entidad analizará con mayor profundidad su capacidad real para generar caja y devolver la deuda, así como su nivel de endeudamiento, la evolución de sus resultados, las garantías disponibles y los riesgos asociados a su actividad.

Más prudencia ante el riesgo empresarial

El endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos se debe, en gran parte, a la percepción de inseguridad generada por la situación económica actual y la elevada incertidumbre geopolítica, lo que ha hecho que las entidades bancarias desarrollen una mayor aversión al riesgo. Por consiguiente, es probable que una pyme con una estructura financiera más débil tenga dificultades para acceder a financiación, aunque el tipo oficial sea menor al de hace dos años. 

Esa disminución de la tolerancia al riesgo es particularmente relevante para las pequeñas empresas porque suelen disponer de menos alternativas de financiación que las grandes compañías y dependen en mayor medida del crédito bancario. La Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas del Banco Central Europeo confirmó que, durante el primer trimestre de 2026, los criterios de concesión se volvieron más exigentes para las pymes que para las grandes empresas.

Como resultado, la pyme que necesite financiación en el contexto actual debe estar más preparada, lo cual implica un balance saneado, un nivel de endeudamiento razonable, previsiones de tesorería realistas y una explicación clara del destino de los fondos, sin olvidar un buen aval. El crédito sigue estando disponible, pero las entidades quieren tener claro a quién le prestan, a qué se destinará ese dinero y, sobre todo, cómo se devolverá.

La necesidad de avales

Las condiciones de financiación de las pymes siguen dependiendo, en gran medida, de los avales. En 2025, la falta de garantías fue el segundo obstáculo más común que encontraron los autónomos y las pequeñas y medianas empresas para acceder a los préstamos y las líneas de crédito, una barrera que se arrastra desde hace años y que suele encarecer el coste de la financiación.

Si no presentan garantías propias, las entidades bancarias consideran que la operación de crédito o préstamo representa un peligro mayor. Obviamente, el nivel de riesgo se dispara en las pymes de reciente constitución, pues ni siquiera pueden presentar sus balances de cuentas y no poseen un historial crediticio, así como en las empresas que tienen una baja rentabilidad.

Al no contar con un respaldo sólido que sirva como garantía, las pymes se ven obligadas a pagar intereses más elevados, en comparación con las grandes empresas, que pueden aportar un aval o tienen un historial crediticio más sólido. En este escenario, las SGR desempeñan un papel clave para que las pymes tengan acceso a condiciones de financiación más ventajosas.

¿Qué son las SGR?

La carga fiscal es uno de los factores que más condicionan la rentabilidad de una empresa y una de las principales preocupaciones de los emprendedores. Sin embargo, existen diferentes beneficios fiscales, dirigidos a fomentar la inversión, la innovación, la creación de empleo o el crecimiento empresarial, que podrías aprovechar para poner en marcha un proyecto o expandir tu actividad.

Cinco ventajas fiscales que podrías aprovechar en tu negocio

Los beneficios fiscales son ventajas tributarias que se aplican cuando la empresa cumple una serie de requisitos previamente establecidos. Puede tratarse de exenciones que te exoneran de pagar un impuesto, reducciones parciales aplicables al importe a pagar o bonificaciones que reducen el tipo impositivo aplicable. Estas son algunas de las más relevantes que se mantienen vigentes.

1. Tipo reducido para empresas de nueva creación

Uno de los incentivos más conocidos está dirigido a las empresas de reciente constitución. La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades indica que “las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 %”. Con esta medida se pretende que las nuevas sociedades puedan destinar una buena parte de sus beneficios a consolidar su actividad durante los primeros años de vida.

2. Reserva de capitalización

La reserva de capitalización es uno de los incentivos fiscales más interesantes para reducir la tributación empresarial. Su objetivo es mejorar la solvencia instando a las empresas a reforzar los fondos propios, en vez de recurrir exclusivamente a la financiación externa. Básicamente, los contribuyentes que apliquen la reserva de capitalización tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 % del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que el mismo se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo.

3. Deducciones por investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Las empresas que invierten en actividades de I+D+i pueden acceder a beneficios fiscales muy interesantes, siendo posible recuperar una parte significativa de las inversiones realizadas en proyectos innovadores, desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos productivos, creación de software o avances tecnológicos. Las deducciones oscilan entre el 8 y 42 %, pero la Agencia Tributaria señala que “únicamente formarán parte de la base de la deducción aquellos gastos que sean directamente imputables al proyecto de investigación y desarrollo”, razón por la cual es importante documentar adecuadamente los proyectos.

4. Deducciones por creación de empleo

La normativa también contempla determinados incentivos vinculados a la contratación de trabajadores. Por ejemplo, las empresas que contraten a su primer trabajador, a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, podrán deducir 3.000 euros de la cuota íntegra, a condición de que lo mantengan al menos 3 años. También se aplican deducciones del 50 % a las empresas con menos de 50 empleados que ofrezcan contratos por tiempo indefinido a personas desempleadas beneficiarias de una prestación contributiva.

5. Régimen especial para empresas de reducida dimensión

Las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar un régimen fiscal específico dentro del Impuesto sobre Sociedades, que les da derecho a diferentes incentivos, siempre que el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros. Podrían, por ejemplo, minorar su base imponible positiva hasta el 10% de su importe (cuando el importe no supere 1 millón de euros). En ciertos supuestos, también tendrían libertad de amortización o podrían aplicar una amortización acelerada, incentivos que se suman a otras herramientas de apoyo fiscal destinadas a facilitar la inversión y el crecimiento de estas empresas.

No obstante, conviene tener presente que, para aprovechar estos beneficios fiscales, debes cumplir una serie de requisitos y conservar la documentación justificativa correspondiente, ya que la Agencia Tributaria podría solicitarla durante un procedimiento de comprobación. Por tanto, es fundamental que lleves bien la Contabilidad y estés al día con tus obligaciones tributarias.

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Emprender una actividad por cuenta propia tiene muchos beneficios: más autonomía, flexibilidad para organizar la jornada y una mejor conciliación de la vida familiar. No es casual que el 61 % de los autónomos reconozca sentirse satisfecho con su trabajo, según reveló el VI Estudio Nacional del Autónomo (ENA).

Obviamente, no todo es perfecto. El 95% de ellos considera que las políticas actuales no brindan apoyo suficiente a los trabajadores por cuenta propia. De hecho, para el 27% de los autónomos el sistema de tributación es una de las principales preocupaciones y barreras de entrada, mientras que el 24% señala las cuotas a la Seguridad Social.

Sin embargo, si estás pensando en emprender, es importante que sepas que existen diferentes tipos de beneficios fiscales que puedes aprovechar para que esos primeros años no se te hagan demasiado cuesta arriba y puedas hacer crecer tu negocio sin tanta presión económica.

¿Qué son los beneficios fiscales?

Los beneficios fiscales son todas aquellas ventajas, desde el punto de vista tributario, que se aplican a las empresas, pymes, autónomos y particulares, con el objetivo de reducir la carga impositiva a la que están sometidos. Generalmente, se materializan en forma de deducciones, reducciones de la base imponible, exenciones, bonificaciones o tipos impositivos reducidos, dependiendo del impuesto y de la normativa aplicable en cada caso.

Las ventajas fiscales están reguladas por ley y, normalmente, se otorgan cuando las personas físicas o jurídicas realizan ciertas prácticas positivas, ya sea a nivel social, laboral o medioambiental. Sin embargo, también se aplican como parte de programas para incentivar la creación de empleo, por ejemplo, o cuando se desean premiar algunas prácticas de mercado. 

En este sentido, su diseño responde a objetivos concretos de interés público, como fomentar la innovación, impulsar la sostenibilidad o apoyar sectores estratégicos. Por ende, el sistema tributario no solo cumple una función recaudatoria, sino también redistributiva y de estímulo económico.

No obstante, los beneficios fiscales no son automáticos ni universales, están sujetos al cumplimiento de requisitos específicos y, en muchos casos, a procedimientos de solicitud o justificación ante la administración tributaria. Eso significa que debes conocer bien la normativa y no tener deudas pendientes para poder acceder a ellos.

¿Cuáles son los tipos de beneficios fiscales para el autónomo?

Existen diferentes tipos de beneficios fiscales, dependiendo de su procedencia y actividad. Si eres autónomo, estas son las principales ventajas fiscales que puedes aprovechar.

Deducciones

Implican una reducción de la base imponible de un impuesto, de manera que disminuyen los ingresos que quedan sujetos a gravamen, siempre y cuando el autónomo cumpla ciertos requisitos.

En el caso del IRPF, los autónomos tienen derecho a una serie de deducciones. Por ejemplo, puedes deducir todos los consumos de explotación relacionados con tu actividad profesional, los salarios de los trabajadores, las cuotas a la Seguridad Social, los arrendamientos y cánones y las primas de los seguros. También podrás deducir los costes de los servicios bancarios, incluidos los gastos financieros que representan los préstamos y créditos.

Particularmente interesantes son las deducciones por los servicios de los profesionales independientes a los que recurras. Las facturas que emitas a personas sometidas a la obligación de retener, como otros profesionales o personas jurídicas, implican una retención del 15 %. Sin embargo, la Agencia Tributaria recorta esa retención al 7 % cuando inicies tu actividad profesional. Dicha reducción se aplicará durante el periodo impositivo en que comiences a trabajar como autónomo y durante los dos siguientes, siempre que no hayas ejercido ninguna actividad profesional durante el año anterior.

Exenciones

Las exenciones tributarias eximen al autónomo de soportar la carga fiscal que le correspondería. En algunos casos existe una obligación tributaria, pero esta se condona o reembolsa, como ocurre con la doble imposición internacional. En otros casos, aunque existe el hecho imponible, no se genera una obligación tributaria, como sucede con las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. 

Algunas actividades profesionales también quedan exentas de IVA, como las clases particulares sobre materias que formen parte del currículo del sistema educativo o las colaboraciones periodísticas. También estarías exento de esta tasa si brindas servicios de asistencia sanitaria o enfocados en la ayuda social. Asimismo, algunas actividades artísticas y ciertos servicios inmobiliarios o relacionados con los seguros, reaseguros y capitalización quedan exentas de IVA.

Bonificaciones

Estos beneficios fiscales implican una reducción en el importe de la base para calcular el impuesto o una deducción en el importe a ingresar por parte del autónomo, por lo que se traducen en un ahorro inmediato.

• Cuota reducida de inicio de actividad. Más conocida como la “tarifa plana”, permite a los nuevos autónomos acogerse a una cuota reducida de la Seguridad Social (80 euros en 2026) durante los primeros 12 meses, prorrogable hasta 24 meses si los rendimientos netos permanecen por debajo del salario mínimo interprofesional.
• Incentivos autonómicos. Algunas comunidades autónomas aplican ayudas adicionales mediante las cuales subvencionan total o parcialmente la cuota del autónomo durante el primer año de actividad.
• Bonificación por conciliación (maternidad, paternidad y situaciones asimiladas). Durante el periodo de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o lactancia, se aplica una bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 17 semanas, aunque se suman dos más por el cuidado de los hijos, las cuales se pueden usar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años.
• Bonificaciones por reincorporación tras maternidad. Las trabajadoras que retoman la actividad en los dos años posteriores al cese por maternidad o adopción pueden acceder a una bonificación del 80 % de la cuota por contingencias comunes.
• Bonificación por cuidado de menores o dependientes. En determinados supuestos de reducción de jornada o cese parcial de actividad para cuidar de hijos menores o personas dependientes, puede aplicarse una bonificación total o parcial de la cuota por un plazo de hasta doce meses. 
• Bonificación por pluriactividad. Para quienes trabajan por cuenta ajena y al mismo tiempo tienen el control efectivo, ya sea directo o indirecto, de una empresa emergente, se bonifica al 100 %la cuota correspondiente a la base mínima establecida con carácter general, durante los tres primeros años.
• Bonificación para autónomos colaboradores. Los cónyuges y familiares, hasta segundo grado, que trabajen en el negocio familiar pueden beneficiarse de una reducción del 50 % de la cuota a la Seguridad Social durante los primeros 18 meses y del 25 % durante los seis meses siguientes. 
• Bonificaciones por discapacidad (≥33 %). En este caso, se aplica una cuota reducida de 80 euros al mes durante los primeros dos años de actividad, prorrogables hasta 36 meses si los rendimientos netos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional. Cabe aclarar que esta bonificación también se aplica a las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

Aplazamiento de impuestos

Hacienda considera que el aplazamiento del pago o la posibilidad de fraccionar las deudas tributarias es otro tipo de beneficio fiscal, ya que produce una merma de sus ingresos, aunque no implica una reducción de la cantidad a pagar; de hecho, conlleva unos intereses de demora.

Esta ventaja fiscal es conveniente si enfrentas un periodo de falta de liquidez o se te acumulan los pagos y no puedes hacer frente a tus obligaciones tributarias. Si la deuda es inferior a 50.000 euros, puedes solicitar un aplazamiento del pago del IRPF e IVA, con un plazo límite de 12 meses, sin necesidad de justificar las cuotas repercutidas impagadas. Hacienda suele aprobar la mayor parte de estas solicitudes casi automáticamente y con bastante rapidez.

En caso de que la deuda supere los 50.000 euros (un límite que antes de 2023 era de 30.000 euros), la Agencia Tributaria te pedirá un aval, garantía hipotecaria o seguro de caución. Tendrás que justificar el impago de las cuotas repercutidas aportando las facturas de los clientes que reflejen la cuantía e indiquen la fecha de vencimiento. No obstante, recuerda que debes ingresar la parte de la deuda correspondiente a las cuotas repercutidas que has cobrado.

Subvenciones

Además de los beneficios fiscales que se aplican a la actividad por cuenta propia, también existen subvenciones, muchas de ellas gestionadas directamente por las comunidades autónomas. 

Tal es el caso de las ayudas a fondo perdido para quienes se dan de alta en el RETA tras una situación de desempleo, con importes que varían según la región y que, en algunos casos, pueden superar los 8.000 o 10.000 euros si se cumplen determinados requisitos. Habitualmente, se exige mantener la actividad durante un periodo mínimo (entre 12 y 36 meses) y se incrementa la cuantía en perfiles como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o desempleados de larga duración.

Otra ayuda relevante es la capitalización del paro o pago único, que permite destinar la prestación por desempleo a la inversión inicial del negocio o al pago de cuotas de la Seguridad Social. A esto se suman las bonificaciones por contratación, que reducen las cotizaciones sociales cuando el autónomo incorpora trabajadores, sobre todo en el primer empleo o en contratos indefinidos.

En los últimos años han ganado peso las subvenciones vinculadas a la modernización del tejido productivo, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. Existen iniciativas sectoriales específicas, así como ayudas a la eficiencia energética o la transición ecológica a través de proyectos como el “Programa LIFE”, que buscan mejorar la competitividad y sostenibilidad de los pequeños negocios a medio y largo plazo.

En definitiva, aunque emprender no es fácil, estar al tanto de las diferentes ayudas y beneficios fiscales a los que tienes derecho como autónomo te allanará el camino. Muchos de estos programas de apoyo no solo contribuyen a reducir la carga económica durante los primeros años de actividad, sino también favorecen una mayor estabilidad financiera a medio plazo mientras vas consolidando tu negocio. 

Las sociedades mercantiles recompensan, a través de los dividendos, a aquellas personas físicas o jurídicas que han aportado capital. Cuando obtienen beneficios, distribuyen una parte de esas ganancias entre sus socios, una manera de “premiarles” por la inversión realizada.

De esta forma, atraen más inversores, sobre todo aquellos con más aversión al riesgo, que buscan unos ingresos pasivos relativamente estables en el tiempo. No obstante, también es una señal de salud financiera, ya que solo las empresas con liquidez pueden permitirse pagar dividendos, por lo que esta fórmula genera confianza y transmite una imagen de solidez. 

Si has invertido en una compañía a través de tu empresa, es importante que conozcas la forma de tributación de los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades para evitar errores que puedan dar lugar a sanciones o multas de Hacienda.

El primer paso: ¿persona física o jurídica?

Tanto las personas físicas como jurídicas pueden aportar capital a una sociedad y recibir los dividendos. No obstante, el tratamiento fiscal de esas ganancias es diferente:

• Si recibes el dividendo como persona física, tendrás que declararlo como rendimiento del capital mobiliario cuando llegue el momento de realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Si percibes el dividendo como persona jurídica, tendrás que tributar a través del Impuesto sobre Sociedades, ya que se cataloga como una renta positiva adicional proveniente de la actividad.

Como nota, es importante aclarar que para la sociedad que paga los dividendos, esos gastos no son deducibles, ya que “representan una retribución de los fondos propios”, según indica la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Hacienda entiende que el dividendo no es un gasto necesario para obtener ingresos, como podrían ser los salarios, un alquiler o la compra de materias primas, sino una forma de distribuir los beneficios que ya ha generado la empresa. Por consiguiente, repartir dividendos no le permite reducir su base imponible.

El segundo paso: ¿qué son exactamente los dividendos?

La Agencia Tributaria señala que los dividendos o participaciones en beneficios son “los derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable”.

Por tanto, el rendimiento procede de la participación en la empresa, ya sea en acciones, participaciones sociales o fondos propios, no de una relación laboral, comercial o financiera ordinaria. Eso significa que si, como socio, prestas dinero a la sociedad y recibes intereses, no se catalogan como dividendos.

No obstante, existe una excepción. Hacienda explica que cuando una empresa presta dinero a otra sociedad del mismo grupo a través de un préstamo participativo, la remuneración que recibe podría tratarse fiscalmente como si fuera un dividendo.

El motivo es que un préstamo participativo está a medio camino entre una deuda y una aportación de capital, ya que generalmente la remuneración depende de la evolución de los beneficios, ventas, volumen de negocio u otros indicadores de rendimiento, según la ley.

Los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades

Las entidades mercantiles deben incluir los dividendos en su resultado contable, incorporándolos a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que tributa con carácter general al 25%.

Esa renta se somete a una retención general del 19%, lo que significa que, cuando se pagan los dividendos a los socios, la compañía aplica dicha retención para ingresarla a la Agencia Tributaria a modo de pago a cuenta del impuesto del beneficiario del dividendo. 

No obstante, en algunos casos se implementa una exención a los dividendos en el Impuesto de Sociedades de hasta el 95% de su cuantía.

¿Cuáles son las exenciones a la tributación de dividendos en el Impuesto sobre Sociedades?

La propia Agencia Tributaria explica que estarán prácticamente exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• El porcentaje de participación, ya sea directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la sociedad es de, al menos, el 5%.
• Poseer la participación de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se distribuye el beneficio, aunque también se podría mantener a posteriori durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.

En ese caso, solamente existe la obligación de tributar el 1,25% de la totalidad de los dividendos recibidos.

Por ejemplo, si la sociedad A posee acciones en la sociedad B y esta obtiene beneficios, repartiendo un dividendo de 100.000 €, la sociedad A tendría que integrarlo en su base imponible. Si no puede disfrutar de ninguna exención, acabaría tributando al 25%, lo que implica que le quedaría 75.000 € después de impuestos.

En cambio, si la sociedad A cumple los requisitos para la exención, el panorama cambia drásticamente porque puede excluir el 95% del dividendo.

Por tanto:

Dividendo recibido: 100.000 € 

Exento: 95.000 € 

Tributable: 5.000 € 

La cuota del Impuesto sobre Sociedades será:

5.000 € × 25% = 1.250 € 

La carga fiscal efectiva sería:

1.250 € ÷ 100.000 € = 1,25% 

Por eso, suele decirse que solo tributa el 1,25% del dividendo, aunque técnicamente es más correcto señalar que tributa al 25% sobre el 5% no exento, lo que produce un coste fiscal efectivo del 1,25% sobre el dividendo total.

Participaciones en el capital o en fondos propios de entidades fuera de España

En este caso, para aprovechar la exención en la tributación de los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades, la entidad participada debe haber estado sujeta a un impuesto extranjero similar al español, cuyo tipo nominal debe haber sido de, al menos, el 10% durante el ejercicio en que se obtuvieron los beneficios que se reparten o en los que se participa.

La Agencia Tributaria considera que, si la entidad participada pertenece a un país con el que España ha suscrito algún convenio para evitar la doble imposición internacional, que contenga la cláusula de intercambio de información, se cumple este requisito. 

Sin embargo, la exención a los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades no se aplica cuando la entidad participada se encuentra en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, a menos que “resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas”, como señala la Agencia Tributaria.

Cabe aclarar que dicha exención por dividendos no se implementa a las participaciones con valor de adquisición superior a 20 millones de euros, siendo del 15% con carácter general y del 10% a las entidades de nueva creación. 

En cualquier caso, la tributación de los dividendos en el Impuesto de Sociedades es un asunto complejo que se debe valorar de forma individual. Aunque la normativa establece unas reglas generales, factores como la estructura societaria, el porcentaje de participación, el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones, la existencia de grupos empresariales, o la residencia fiscal de las entidades implicadas, influyen significativamente en el tratamiento fiscal aplicable. 

Por ello, antes de tomar decisiones relacionadas con el reparto o la recepción de dividendos, es recomendable que te informes con un asesor fiscal. Así, podrás aprovechar los beneficios fiscales previstos y evitar problemas derivados de interpretaciones erróneas o del incumplimiento de los requisitos exigidos.

La facturación es una de las tareas contables más importantes de todo negocio, aunque también suele ser una de las más tediosas y que más problemas de contabilidad genera. Los errores y fallos en la facturación pueden incrementar significativamente el tiempo de cobro y causar dificultades con el flujo de efectivo. 

Si trabajas como autónomo o tienes una pyme, los softwares de facturación se convertirán en tu mejor aliado, ya que te ayudarán a agilizar y simplificar este proceso. No solo podrás ahorrar tiempo, sino también evitar errores que puedan dar pie a sanciones de Hacienda.

¿Qué son los programas de facturación?

Un software de facturación es una herramienta automatizada que permite gestionar de manera rápida y sencilla las facturas de un negocio. Su principal objetivo es centralizar todo el proceso de facturación y la información relacionada con los clientes y proveedores.

Estos programas incorporan diferentes plantillas de facturas, aunque algunos incluso permiten diseñar un modelo totalmente personalizado. Generan de manera automática la numeración y fecha de la factura, así como el tipo impositivo a aplicar y el total final a pagar.

Algunos softwares de facturación cuentan con un sistema OCR para reconocer y registrar automáticamente los documentos de gastos. Otros envían recordatorios de las facturas impagadas para que reclames su cobro. 

Con la incorporación de la inteligencia artificial, sus funcionalidades han evolucionado notablemente. Ya no se limitan a reconocer datos, son capaces de interpretarlos, categorizar gastos de forma automática, detectar posibles errores en facturas e incluso sugerir correcciones antes de que se registren. Además, aprenden de tus hábitos contables, por lo que son cada vez más precisos.

Las ventajas de los softwares de facturación para las pymes y autónomos

A medida que una pyme o un profesional independiente empieza a crecer, también se complejiza su gestión diaria. Lo que antes eran unas pocas facturas al mes se convierte en un flujo constante de documentos, clientes y obligaciones fiscales. En ese punto, muchos descubren que seguir utilizando sistemas básicos no es solo incómodo, sino poco sostenible. Los beneficios de los softwares de facturación compensan con creces su curva de aprendizaje.

1. Minimizan los errores

Los programas de facturación asignan de manera automática el número de factura, lo cual te permitirá evitar los típicos errores de numeración. También realizan los cálculos automáticamente, de manera que solo tienes que introducir el importe por unidad y el número de unidades para obtener el importe final adecuado.

Algunos de estos softwares incorporan validaciones automáticas que detectan inconsistencias antes de guardar o enviar una factura. Por ejemplo, te avisan si falta algún dato obligatorio, el formato del NIF es incorrecto o si se ha aplicado un tipo de IVA que no corresponde. Por tanto, sirven como una segunda capa de revisión para evitar fallos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

2. Reducen los costes

Una ventaja importante de los softwares de facturación para pymes y autónomos, en especial aquellos que gestionan un gran volumen de facturas, es la reducción de costes. La digitalización de estas tareas agiliza el proceso administrativo, de manera que tu equipo contable podrá dedicarse a otras funciones más importantes que impulsen el crecimiento del negocio. También ahorrarás los costes de impresión y almacenaje de las facturas físicas.

A esto se suma un ahorro menos visible, pero igual de importante, que proviene de la reducción de errores y la posibilidad de llevar un control más preciso de los cobros y pagos. Gestionar bien la facturación te evitará incurrir en multas y te ahorrará los gastos que suelen derivarse de retrasos, intereses o una mala previsión de tesorería.

3. Aligeran la carga de trabajo

Estos programas facilitan la emisión de facturas proformas o rectificativas, además de permitir guardar los datos de los clientes y proveedores para acceder a ellos rápidamente. También ofrecen la posibilidad de enviar correos automáticamente a varios clientes y generar facturas periódicas, lo cual representa un ahorro de tiempo y reduce la carga de trabajo. 

Podrás tener todas las facturas en un mismo lugar y localizarlas fácilmente, usando los diferentes criterios de búsqueda que ofrecen estos programas. Centralizar la información contable se traducirá en menos duplicidades e interrupciones, lo que agilizará el flujo de trabajo y aumentará la eficiencia. 

4. Disminuyen los riesgos fiscales

Un software de facturación te permite operar con mayor orden contable. Eso significa que los registros de tu capital y movimientos serán más fieles y reflejarán la realidad contable del negocio en todo momento, por lo que podrás enviar información precisa a la Agencia Tributaria para realizar las correspondientes declaraciones de impuestos sin errores u omisiones involuntarias. 

Como resultado, reducirás los riesgos fiscales para tu empresa y es menos probable que te enfrentes a sanciones económicas derivadas de fallos o malas prácticas contables. No solo evitarás la carga financiera que suponen las multas, sino que también protegerás la imagen de tu negocio al evitar que lo asocien a sanciones y multas fiscales, lo cual genera desconfianza en clientes, proveedores o posibles inversionistas, además de lastrar las posibilidades de acceder a ayudas públicas o presentarse a licitaciones.

5. Facilitan la toma de decisiones

Incluso los programas de facturación gratuitos permiten apreciar de un vistazo qué facturas han sido cobradas y cuáles no, así como llevar la contabilidad básica del negocio. Tendrás la posibilidad de conocer las fechas de vencimiento de tus cobros, controlar los impagados y realizar una previsión de los pagos. Así, podrás anticipar posibles tensiones de liquidez y reorganizar cobros o gastos para tener más margen de maniobra. 

Un buen software de facturación también elabora gráficos que reflejan la evolución mensual de la facturación y/o tus clientes y proveedores, para que tengas una visión global del negocio y puedas tomar decisiones estratégicas en base a su funcionamiento real. Te ayudará a detectar tendencias que podrían pasar desapercibidas en una revisión manual, como estacionalidades, caídas de ingresos o concentración excesiva en pocos clientes. Así, tendrás datos fiables para ajustar tu estrategia comercial, diversificar tu cartera de clientes o identificar qué líneas de negocio están siendo más rentables.

Programas de facturación gratuitos que puedes usar en tu negocio

No todos los negocios necesitan soluciones complejas desde el inicio. Si tienes un volumen de facturación reducido o estás empezando, optar por un programa gratuito puede ser más que suficiente para cubrir tus necesidades básicas sin incurrir en costes innecesarios. De hecho, es una opción válida para experimentar, comparar y comprender qué funcionalidades necesitas. 

1. ContaSimple

Este programa de facturación gratis para autónomos y pymes es ideal para quienes están comenzando su actividad empresarial, ya que cuenta con un plan básico que prevé 12 documentos por año y hasta 5 productos. 

Te permitirá llevar la contabilidad básica de manera sencilla y crear las facturas en cuestión de segundos en formato PDF para enviarlas directamente por correo electrónico. Soporta diferentes idiomas y permite gestionar los pagos y cobros. También ofrece resúmenes mensuales, trimestrales y anuales para que puedas formarte una imagen fidedigna del funcionamiento de tu negocio y te permite llevar los libros de contabilidad oficiales.

2. FacturaScripts

Se trata de un software de facturación libre basado en un sistema de plugins que permiten personalizar diferentes detalles, según tus necesidades. Cuenta con más de 170 plugins, algunos específicos para clínicas veterinarias o negocios de automoción, tanto gratuitos como de pago. 
Además, permite el acceso desde cualquier dispositivo y posee conectores con las principales plataformas de e-commerce. Lo mejor de todo es que cumple con la normativa vigente en España y está preparado para integrarse con Verifactu, TicketBAI y SII.

3. Facturae

Este programa de facturación gratuito para pymes y autónomos fue creado por el Ministerio para la Transformación Digital y lo suelen usar las empresas que trabajan con las instituciones públicas. Especialmente diseñado para generar facturas electrónicas, también las recibe, por lo que es una buena alternativa si tienes clientes y proveedores que ya trabajan con este sistema. 

También permite llevar el libro de IVA y, gracias a la funcionalidad “Histórico”, brinda una idea general del funcionamiento del negocio. La nueva versión 3.4 introduce algunos cambios, como la posibilidad de anular facturas y la integración con los servicios web de FACe, el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. 

4. Invoicely

Es un programa de facturación gratuito para los autónomos y las pymes que están comenzando su negocio y realizan pocas facturas al mes. Ofrece un procedimiento sencillo y directo para crear albaranes y facturas en cuestión de segundos. 

Permite guardar hasta 3 clientes y emitir hasta 5 facturas mensuales, por lo que es ideal si estás empezando tu negocio. Cuenta, además, con plantillas de factura para que tengas un formato base y acepta diferentes divisas y pagos con Paypal.

5. Jasmin

Este software de facturación online ofrece diferentes herramientas para facilitar las tareas contables. Cuenta con tablas de impuestos y motivos de exención preconfigurados para que las pymes y autónomos se mantengan actualizados y puedan cumplir con todos los requisitos fiscales. Además, permite controlar los gastos, supervisar las compras y llevar el inventario y almacenes con un único software. 

De hecho, su versión gratuita es una de las más completas del mercado, pues no tiene límites de usuarios ni documentos e incluye impuestos, gastos e inventario. Hasta los primeros 30.000 euros de facturación del primer año, es gratis. También brinda la posibilidad de personalizar tus facturas y el software se encuentra 100% en la nube, por lo que podrás facturar donde quieras y desde cualquier dispositivo. 

6. Visionwin

Este software de facturación puede ser utilizado por todo tipo de negocios, ya que es muy versátil y adaptable. Brinda distintas opciones de facturación automática y digital que son muy intuitivas y fáciles de usar. Incluye diferentes informes y gráficos para analizar la información contable del negocio y posee una base de datos que proporciona una visión bastante amplia del progreso de este.

Las opciones de facturación ofrecen plantillas de distintos tipos que se adaptan a cada necesidad. Este software se puede descargar y usar de forma gratuita, sólo tendrás que pagar por el servicio de asesoramiento y soporte técnico si lo necesitas más allá de la primera semana.

7. b2brouter

Este programa de facturación cuenta con un plan Basic ideal para iniciarse en la factura electrónica.  De hecho, también cumple con VeriFactu. Su versión gratis acepta hasta 10 contactos y prevé hasta 24 transacciones, contando las facturas enviadas y recibidas, así como las declaraciones fiscales.

Podrás crear y recibir facturas en el territorio nacional, enviándolas por correo electrónico con un enlace de descarga. Cuenta con un sistema de reconocimiento de texto automático (OCR) y realiza a diario una copia de seguridad de las facturas, ofreciendo almacenamiento ilimitado de las mismas. Además, brinda información sobre el estado de las facturas emitidas, para que sepas si tus clientes las recibieron.

Por último, recuerda que en un entorno cada vez más digital y competitivo, implementar un programa de facturación, ya seas autónomo o tengas una pyme, implica pasar a una gestión más estructurada y ágil. Cuando la facturación deja de ser una carga y se integra de forma natural en la dinámica del negocio, liberas tiempo, energía y recursos que puedes destinar a crecer y mejorar. 

Como cada año, se acerca el momento de presentar la declaración de la renta para pymes y autónomos, una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes en España. Sin embargo, la normativa que rige todo lo relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no es estática, por lo que es esencial conocer los cambios que entrarán en vigor, de manera que puedas presentarla en tiempo y forma. De hecho, en esta campaña se han vuelto a incluir algunas modificaciones.

¿Qué autónomos están obligados a presentar la declaración de la renta del ejercicio 2025?

Hace unos años, no todos los autónomos tenían la obligación de realizar la declaración anual del IRPF. En 2006, se había aprobado una ley sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que indicaba que solo debían presentarla quienes hubieran obtenido rendimientos netos a través de sus actividades económicas o rentas inmobiliarias que superaran los 1.000 euros.

Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, ese límite se eliminó. El decreto, mediante el cual se estableció el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia, modificó la normativa del IRPF indicando que “estarán, en cualquier caso, obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Por tanto, todos aquellos que han estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) están obligados a presentar su declaración de la renta, independientemente de los ingresos obtenidos. Por extensión, también tendrán que hacerlo sus “familiares colaboradores”. 

Los únicos autónomos que podrían quedar exentos de esta obligación fiscal son los que se dieron de alta este año, lo que significa que no desarrollaron ninguna actividad económica por cuenta propia durante el ejercicio pasado.

Tramos de la declaración del IRPF 2025

El porcentaje de la renta que se abona a la Agencia Tributaria depende de varios factores. La renta procedente del ahorro, por ejemplo, tributa a un porcentaje más bajo, mientras que la general se rige por una escala progresiva. Este año, Hacienda confirmó que no modificará los tramos, por lo que la suma del estatal y el autonómico se mantienen en:

• Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%

• Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%

• Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%

• Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%

• Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%

• Más de 300.000 euros: retención del 47%

Dichos porcentajes se van aplicando escalonadamente, comenzando por el inferior, de manera que a la totalidad de tus ingresos no se le imputa el tipo de retención más alto. Por ejemplo, si como autónomo ingresas 25.000 euros brutos al año, no pagarás el 30% del total. Se aplicará un 19% a los primeros 12.450 euros, los siguientes 7.750 euros tributarán dentro del segundo tramo, por lo que se tasarán con un 24%, mientras que los 4.801 euros restantes quedarán sujetos al 30% del tercer tramo.

Fechas clave para la campaña de declaración de la renta 2025-2026

Esta campaña de declaración de la renta seguirá una estructura bastante parecida a la anterior, comenzó el 8 de abril y finalizará el 30 de junio.

• Desde el 8 de abril, los contribuyentes ya pueden acceder a su borrador de la renta a través de internet, mediante el sistema Renta Web. Se podrá confirmar el borrador por Internet o, incluso, a través del móvil, si no necesitas modificar los datos que aporta la Agencia Tributaria.
• Si quieres solicitar ayuda por teléfono, tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, siempre con cita previa, la cual estará disponible a partir del 29 de abril y hasta el 29 de junio.
• En caso de que desees presentar la declaración de la renta de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, podrás hacerlo a partir del 1 de junio. La solicitud de cita comienza el 29 de mayo y se encontrará disponible hasta el 29 de junio.

Es importante que tengas en cuenta que presentar la declaración de la renta fuera de plazo conlleva una multa, cuya cuantía depende del retraso. En esta campaña, las sanciones serán del 1% del importe a pagar por cada mes de dilación. Si tardas más de 12 meses en presentar tu declaración, el recargo sumará el 15% más intereses de demora. De hecho, aunque el resultado de la declaración sea a devolver, se aplicará una sanción de 100 euros por presentarla fuera de plazo.

Guía para presentar la declaración de la renta sin acudir a la Agencia Tributaria

Si no quieres ir presencialmente a Hacienda, tienes tres opciones para hacer la declaración de la renta: por teléfono, mediante el programa Renta Web o usando la aplicación móvil. Recuerda que, antes de descargar los datos fiscales, tendrás que ratificar o cambiar tu domicilio fiscal, aunque sólo quieras solicitar cita previa o acceder al borrador. El sistema te mostrará automáticamente la vivienda con referencia catastral.

1) Llamada telefónica

Para presentar la declaración de la renta vía telefónica, tendrás que pedir cita por Internet o llamando a los teléfonos automáticos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o al servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44, los cuales están disponibles de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.

Es importante que tengas a mano todos los datos necesarios: el número de referencia del titular de la declaración, el DNI de todas las personas que figuren en la declaración, el IBAN de cuenta bancaria y las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas de alquiler.

2) Presentación online con Renta Web

 

Si vas a presentar la declaración online, tendrás que acceder a Renta Web. Seleccionas “Servicio de tramitación borrador/declaración” y te identificas indicando el DNI o NIE y el número de referencia, la cl@ve PIN o el certificado electrónico. 

Para obtener tu número de referencia, tendrás que indicar en la página web de Hacienda tu NIF y la fecha de caducidad del DNI o NIE. También tendrás que introducir el importe de la casilla 505 de la declaración del IRPF correspondiente a 2024. Si no la realizaste, debes indicar un número de cuenta bancaria (IBAN) de la que seas titular. 

En este punto, ya podrás acceder a tus datos fiscales. Debes corroborarlos porque la Agencia Tributaria dispone de una información limitada sobre tus gastos e ingresos como autónomo y no suele estar al corriente de los cambios en tu estatus familiar.

Cuando los datos estén correctos, genera la declaración y presiona en presentar. Si sale a devolver, debes indicar la cuenta bancaria para recibir el ingreso. Si la declaración de la renta sale a pagar, puedes seleccionar la opción de domiciliar el pago y fraccionarlo en dos plazos. 

 

3) Presentación a través de la App

 

También tienes la posibilidad de presentar la declaración de la renta 2025 a través de la aplicación de la Agencia Tributaria (APP-AEAT). Tendrás que identificarte, al igual que para acceder a Renta Web. Una vez dentro, podrás consultar tus datos fiscales, modificar la información y presentar la declaración de la renta.

Al igual que otros años, la aplicación cuenta con un sistema guiado de identificación para facilitar el acceso según las preferencias individuales. Si tu declaración es muy sencilla, tienes la opción de “presentar la declaración con un solo clic”, pero en este caso no podrás modificar los datos. Comprueba bien todos los datos antes de enviarlos para que luego no tengas que hacer una declaración complementaria.

La App incorpora la posibilidad de permitir el registro en Cl@ve sin acudir a una oficina, mediante una vídeo llamada. En ese caso, tendrás que acceder a la sala de espera y tener a mano tu documento de identidad para mostrárselo al operador que te atenderá, así como el teléfono móvil que usarás para introducir la Cl@ve.

 

4) Ayuda del asistente virtual

Cabe aclarar que puedes contar con el apoyo del asistente virtual de la Agencia Tributaria. Puedes preguntarle sobre cuestiones generales del IRPF para saber, por ejemplo, cómo determinar tu rendimiento o a qué obligaciones fiscales estás sujeto. 

Solo tienes que formular tu pregunta y el asistente te irá guiando, planteándote diferentes escenarios. Desde Hacienda aclaran que, aunque utilizan “sistemas de Inteligencia Artificial para un mejor entendimiento y clasificación de las preguntas, las respuestas proporcionadas han sido redactadas por personal cualificado”.

Al final, puedes generar un PDF con la información, aunque para ello necesitarás autenticarte con Cl@ve o certificado electrónico. Este servicio incluye un chat, que se encuentra disponible de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes para brindar información más personalizada.

 

Novedades fiscales para la declaración de la renta 2025-2026 de los autónomos

 

Este año no trae cambios radicales, pero incorpora algunas variaciones en la presentación del IRPF. Quizá la más destacable para los autónomos es que la adaptación al sistema de cotización por ingresos reales ya ha entrado plenamente en vigor, por lo que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social están cruzando los datos para comprobar que lo que declaras coincida con lo que has cotizado.

Otro de los cambios más relevantes se refiere a la tributación de las rentas del ahorro, ya que el tipo que se aplica a las bases liquidables superiores a 300.000 euros aumenta hasta el 30%. 

Además, Hacienda pondrá un énfasis especial en los pagos realizados por Bizum, sobre todo en los ingresos de los autónomos, por lo que tendrás que declarar las cuantías obtenidas. También es necesario que indiques las ganancias, pérdidas o intereses en criptomonedas. 

Por otra parte, si realizaste obras de mejora de la eficiencia energética, ya sea en tu vivienda habitual o en un edificio residencial, podrás deducir las cantidades satisfechas. También se sigue aplicando la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como a la instalación de puntos de recarga de baterías.

En esta campaña, se añade una deducción especial para los contribuyentes con rendimientos del trabajo reducidos. Relacionada con el aumento del salario mínimo interprofesional (16.576 euros anuales), su objetivo es preservar la capacidad adquisitiva de estas personas, evitando que dicha subida conduzca a un aumento de la tributación.

La deducción, que puede alcanzar los 340 euros, tiene un carácter decreciente. El importe máximo se aplica a los rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros y se reduce paulatinamente para las rentas que oscilen entre los 16.576 y 18.276 euros.

 

Nuevas deducciones autonómicas

 

El IRPF es un impuesto compartido con las comunidades, lo que significa que estas pueden cambiar parte de la escala impositiva, introduciendo rebajas fiscales y nuevas normativas. En la campaña de la renta 2025-2026 se aplicarán cientos de deducciones autonómicas que deberías revisar atentamente.  

Cataluña, por ejemplo, ha ampliado la deducción por alquiler de vivienda habitual de 300 a 500 euros y de 600 a 1.000 euros para la vivienda conjunta si cumples ciertos requisitos. 

Andalucía y Asturias han incluido deducciones para la compra de alimentos aptos para celíacos, por un máximo de 100 euros, mientras que La Rioja y la Comunidad Valenciana se suman a la Región de Murcia y Andalucía, con la posibilidad de desgravar los gastos del gimnasio. 

Andalucía y la Región de Murcia también aplican una deducción del 30% de los gastos veterinarios, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Por otra parte, Galicia y Extremadura aplican nuevas ayudas para los gastos relacionados con los cuidados de los enfermos de ELA.

También conviene recordar que, a partir de este año, el único sistema para corregir las declaraciones de la renta es la autoliquidación rectificativa. Eso agiliza el proceso de corrección fiscal, ya que podrás modificar, completar o rectificar tu declaración sin tener que esperar la resolución administrativa.

 

¿Hay que declarar las prestaciones económicas del Estado?

En el caso de los autónomos, la mayoría de las subvenciones o ayudas se catalogan como ganancias patrimoniales o rendimientos de la actividad económica, lo cual significa que tributan a efectos del IRPF y debes incluirlas en la declaración de la renta. 

Así como existe la obligación de declarar las prestaciones recibidas por un ERTE, los autónomos que recibieron una ayuda por cese de actividad también deben cuantificarla y presentar la declaración de la renta. Además, hay que declarar la recepción del ingreso mínimo vital, con independencia de la cuantía de los ingresos, pues, aunque la ayuda es una renta exenta, es necesario presentar la declaración.

De hecho, desde la campaña de la renta anterior, incluso los parados que reciban una prestación por desempleo tendrán que presentar la declaración, independientemente del importe que perciban. La gran excepción son las ayudas públicas extraordinarias concedidas como consecuencia de catástrofes naturales, que se declaran exentas en el IRPF.

 

 

 

 

 

A la hora de emprender una actividad por cuenta propia, la contabilidad suele ser uno de los aspectos más descuidados. Si solo te enfocas  en la idea de negocio y su implementación, es probable que pases por alto los detalles que consideras más “burocráticos” o administrativos. Sin embargo, desconocer tus obligaciones fiscales y contables puede causarte más de un dolor de cabeza. 

¿Por qué es tan importante llevar bien la contabilidad?

Muchos autónomos perciben las obligaciones contables como un engorroso requisito legal, pero en realidad son una herramienta útil para gestionar el negocio de manera más eficiente por varias razones.

Evitar sanciones y problemas legales.

Cuando llevas la contabilidad correctamente y presentas los modelos fiscales en los plazos establecidos, disminuyes las probabilidades de incurrir en multas o recargos, además de evitar inspecciones y requerimientos de Hacienda.

Aprovechar deducciones y beneficios fiscales.

La contabilidad no se realiza solo para pagar impuestos. Conocer la normativa también te permitirá aplicar correctamente las deducciones, bonificaciones y beneficios fiscales a los que tengas derecho. Por tanto, podría representar un ahorro o evitar que pagues de más.

Mayor control sobre los ingresos y los gastos.

Si tienes las cuentas al día, podrás saber con precisión cuánto estás ingresando, en qué estás gastando el dinero y cuáles son tus márgenes de beneficio. Así, te resultará más fácil identificar áreas de mejora, optimizar recursos y tomar medidas correctivas antes de que los problemas se agraven.

Planificación financiera y crecimiento del negocio.

La contabilidad también sirve para proyectarse al futuro. Tener las cuentas claras te ayudará a anticipar gastos y necesidades de Tesorería, lo que facilita la planificación financiera a corto y largo plazo. Te indicará si puedes aprovechar nuevas oportunidades, cuándo ha llegado el momento de contratar personal o si te conviene más constituir una empresa.

¿Cómo llevar la contabilidad del autónomo?

Tus obligaciones contables como autónomo dependerán del tipo de actividad que desarrolles y el régimen de determinación del rendimiento. Significa que no tendrás que llevar la misma documentación si tributas por la estimación directa que por la estimación objetiva, si trabajas como profesional o eres un empresario mercantil. 

La Agencia Tributaria explica qué documentos son necesarios en cada caso para los empresarios individuales y profesionales, aunque existen algunos libros contables imprescindibles para todos.

Ingresos y facturas

La contabilidad del autónomo comienza con el libro de registro de las facturas emitidas, el cual permite calcular los ingresos que genera tu actividad. Se trata de un simple listado de todas las facturas que has hecho, en el que debes reflejar una serie de datos:

• Fecha de emisión de la factura
• Número de la factura
• Destinatario de la factura
• Base imponible
• Tipo de IVA aplicado y su importe
• Retención IRPF, si procede

Gastos

La contabilidad del autónomo también prevé un registro de los gastos de la actividad profesional, gracias a los cuales podrás saber si estás teniendo pérdidas o beneficios. Recuerda que, para que un gasto sea deducible y puedas incorporarlo en tu contabilidad, debe estar directamente relacionado con tu negocio. Lo usual es que tengas que llevar tres libros de registros:

1. Libro de registro de facturas recibidas.

Es un listado donde anotarás todas las facturas recibidas, tanto por la prestación de servicios como por los bienes que hayas comprado para tu actividad. Tendrás que reflejar los mismos detalles de las facturas que emites, incluyendo además el nombre y apellidos o razón social del emisor y su NIF.

2. Libro de registro de bienes de inversión.

Los bienes de inversión son aquellos cuyo costo supera los 3.005,06 euros, sin incluir el IVA, y que, por su naturaleza, se consumirán a lo largo de diferentes ejercicios fiscales (más de un año), por lo que no puedes contabilizarlos como un gasto único, sino que tendrás que distribuirlos durante varios trimestres o, incluso, años. La Agencia Tributaria clasifica los bienes de inversión en diferentes tipos y establece las reglas de amortización, determinando los plazos mínimos y máximos que puedes aplicar. Por ejemplo, el mobiliario para tu oficina o tienda tiene un coeficiente lineal máximo del 10 por 100 y un periodo de amortización máximo de 20 años. En cambio, el coeficiente lineal máximo de los equipos electrónicos es más alto (20 por 100) y el periodo de amortización máximo es más bajo (10 años).

3. Libro de registro de gastos.

En este libro solo debes contabilizar los gastos para los cuales no tienes facturas, por lo que no puedes reflejar ni las facturas recibidas ni los bienes de inversión, sino tan solo los tickets o recibos del banco. Tendrás que contabilizar el pago de la cuota de autónomos a la Seguridad Social, por ejemplo, ya que se justifica con el recibo del banco, así como el coste de una cena de trabajo. En caso de que tengas tanto el ticket como la factura, es mejor que contabilices el gasto en el libro de registro de facturas, ya que así podrás desgravar el IVA correspondiente.

Por otra parte, la Agencia Tributaria recuerda que es obligatorio conservar “los justificantes, facturas y otros documentos que acrediten las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones reflejados en tus declaraciones” durante el plazo de cuatro años. No obstante, también aclara que “los libros se pueden llevar por medios electrónicos o informáticos, conservando los ficheros y programas que sirvan de soporte”.

Nuevas obligaciones en la contabilidad del autónomo

La aprobación de la Ley Antifraude, en 2021, y la Ley Crea y Crece, en 2022, trajeron consigo nuevas obligaciones en la contabilidad del autónomo. Con el objetivo de digitalizar, facilitar y hacer más transparente la contabilidad, evitando a su vez el fraude fiscal, se impone la facturación electrónica y el uso de softwares certificados.

Eso significa que tendrás que emitir facturas electrónicas, que no consiste simplemente en enviar un PDF por correo al cliente, sino que deben cumplir una serie de requisitos:

• Ser legibles
• Acreditar la autenticidad de su origen
• Certificar la integridad e inalterabilidad de su contenido
• Tener uno de los formatos admitidos (aquellos que utilizan el lenguaje XML, como UBL o Facturae)

Como la legibilidad, autenticidad e integridad de la factura se garantizan mediante el programa informático que la crea y recibe, la firma electrónica avanzada y el intercambio electrónico de datos EDI, tendrás que contar con un software de facturación que cumpla la normativa antifraude, lo que incluye la posibilidad de enviar los datos directamente a la Agencia Tributaria. No obstante, tienes hasta el 1 de julio de 2027 para actualizarte e implementar este sistema.