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La jubilación del empresario puede poner fin a una actividad profesional que ha estado abierta durante años. De hecho, la UPTA estima que en los próximos cinco años se jubilarán más de 600.000 trabajadores autónomos, lo que supone que miles de negocios se quedarán sin relevo generacional.

En esos casos, conviene saber que los efectos del cierre de la empresa por jubilación van más allá del titular del negocio, ya que también culmina la relación laboral con los trabajadores, clientes y proveedores, por lo que es importante gestionar adecuadamente el cese de la actividad. 

¿La jubilación del empresario permite cerrar la empresa?

Ante todo, es importante distinguir entre jubilarse y cerrar el negocio y dejar de ejercer personalmente la actividad. El Estatuto de los Trabajadores contempla la jubilación del empresario como causa de extinción de los contratos, siempre que se produzca en los términos previstos por el régimen correspondiente de la Seguridad Social y suponga el cese de la actividad. 

Por consiguiente, la jubilación del empresario no significa necesariamente que todos los trabajadores deban ser despedidos. Si la actividad continúa con otro titular, se produce una sucesión de empresa, en cuyo caso no se extinguen los contratos, ya que el nuevo empresario se subroga en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. 

Esa diferencia es importante cuando existe la posibilidad de vender o transmitir el negocio porque, si se mantiene la identidad de la empresa o de una unidad económica para continuar con la actividad, se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y no la extinción de los contratos por jubilación.

¿Qué indemnización corresponde a los trabajadores?

Cuando se produce el cierre de la empresa por jubilación, los trabajadores tienen derecho a una indemnización equivalente a un mes de salario. Cabe aclarar que dicha indemnización difiere de la que corresponde en otros tipos de despido. Por ejemplo, no se calcula en función de los años trabajados, como ocurre con determinadas extinciones por causas objetivas, sino que se limita a una nómina mensual.

Además de dicha indemnización, el trabajador debe recibir el finiquito, que incluye las cantidades pendientes de pago que correspondan, como el salario del último periodo trabajado, las vacaciones generadas no disfrutadas y, si procede, la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

¿Qué debe hacer el empresario?

El cierre de una empresa por jubilación no elimina la obligación de formalizar la extinción de los contratos laborales. El empresario debe comunicar a los trabajadores el cese de la relación laboral por dicha causa y entregar la documentación correspondiente, incluyendo la liquidación de las cantidades adeudadas.

También debe realizar los trámites necesarios en la Seguridad Social y facilitar a los empleados la documentación que necesiten para acreditar la finalización de su relación laboral. A partir de ese momento, el trabajador podrá iniciar, si cumple los requisitos, los trámites correspondientes para solicitar la prestación por desempleo.

No obstante, además de zanjar la situación laboral de los trabajadores, el empresario debe ocuparse de liquidar las obligaciones económicas pendientes antes de cerrar definitivamente el negocio. Eso implica pagar las deudas contraídas hasta la fecha de cese, ya sean facturas a proveedores, impuestos, cuotas u otras obligaciones, así como gestionar los bienes que figuren a nombre de la empresa o actividad. Unos trámites que dependerán de cómo esté constituido el negocio y de su situación patrimonial.

En cualquier caso, es importante recordar que el cierre de la empresa por jubilación no marca únicamente el final de la actividad, también hay que ultimar todas las relaciones establecidas durante ese tiempo, tanto con los trabajadores como con los clientes o proveedores, además de realizar los trámites administrativos correspondientes. Llevarlo todo de manera ordenada ahorrará dolores de cabeza a posteriori.

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El permiso laboral remunerado es uno de los mecanismos mediante el cual la legislación laboral permite compatibilizar determinadas circunstancias personales y familiares con la actividad laboral. Así, cuando un trabajador necesite ausentarse de su puesto, puede avisar a la empresa con antelación, aunque no todas las ausencias justificadas tienen dicha consideración ni están sujetas a las mismas condiciones.

¿Qué es un permiso retribuido exactamente?

El permiso retribuido permite que un trabajador se ausente de su puesto de trabajo durante un tiempo determinado y siga recibiendo su salario con normalidad, siempre que tenga una causa justificada y avise con antelación a la empresa. Reconocido y regulado por ley, los convenios colectivos pueden ampliar el número de días concedidos, las causas para solicitarlos o las circunstancias en las que la empresa debe concederlos.

¿Cuáles son los principales tipos de permisos remunerados?

La Ley del Estatuto de los Trabajadores establece los distintos tipos de permisos retribuidos que las empresas deben otorgar a sus empleados, especificando las condiciones y la duración de los mismos:

Permiso remunerado por matrimonio.

Se extiende durante 15 días naturales y corresponde a todos los trabajadores que se casen. Algunos convenios colectivos lo amplían también a quienes formalicen la unión por pareja de hecho.

Permiso por enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar.

Siempre que se trate de un familiar de hasta segundo grado, el trabajador podrá tener un permiso retribuido de 2 días, ampliable a 4 días si necesita desplazarse.

Permiso para la preparación del parto, exámenes prenatales o adopción.

La persona podrá ausentarse durante el tiempo indispensable para realizar los exámenes prenatales y las técnicas de preparación al parto. En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, también podrá solicitar el permiso para asistir a las sesiones informativas y de preparación, o para someterse a los informes psicológicos y sociales necesarios.

Permiso remunerado por lactancia.

Este permiso concede el derecho a ausentarse durante una hora (o dos periodos de 30 minutos), en caso de tener hijos menores de 9 meses.

Permiso retribuido por traslado de domicilio habitual.

En caso de mudanza, el empleado podrá ausentarse durante un día de su puesto, aunque podrían ser más dependiendo del convenio colectivo y la distancia. 

Permiso por el cumplimiento de deberes públicos.

Los días dependerán de la actividad en cuestión, pero no deben superar el 20% de las horas laborables en un periodo de tres meses. Además, si el trabajador recibe una indemnización por el cumplimiento de dicho deber, esta se descontará de la nómina.

Permiso para desempeñar funciones sindicales.

O relacionadas con la representación de los trabajadores. El tiempo variará según la función desempeñada y de lo que indique el convenio colectivo.

Permiso por motivos académicos.

Los trabajadores que estén estudiando para obtener un título académico o profesional, pueden pedir un permiso remunerado para asistir a los exámenes.

Por causas climatológicas graves o catástrofes.

Si es imposible acceder al centro de trabajo debido a fenómenos extremos, como inundaciones, incendios o temporales de nieve, es posible ausentarse 4 días al año, prorrogables mientras persista la causa que los ha motivado. No obstante, es imprescindible que exista una alerta oficial de la AEMET o de Protección Civil.

Cuando la ausencia no responde a ninguno de los motivos reconocidos por la ley, el convenio colectivo o el contrato de trabajo, no existe derecho a cobrar ese tiempo. Lo mismo ocurre si se supera el tiempo previsto para el permiso o se incumplen los requisitos de comunicación y justificación. En estos casos, la ausencia puede considerarse no retribuida y, si no está justificada, también podría tener consecuencias laborales.

La notificación y justificación de los permisos retribuidos

Si la situación se conoce de antemano, el trabajador debe comunicar a la empresa su intención de acogerse al permiso con tiempo de antelación suficiente. Obviamente, si se trata de un hecho imprevisto, como una urgencia familiar o una circunstancia meteorológica extrema, tendrá que notificar su ausencia lo antes posible.

Lo ideal es que lo comunique por escrito (vía email o usando los canales de comunicación interna de la empresa). También conviene indicar el tipo de permiso, la fecha y la duración prevista. Según la causa, es probable que el trabajador deba presentar una justificación, ya sea un certificado, una citación oficial, un justificante de asistencia o cualquier otro documento acreditativo.

En lo que respecta a la empresa, gestionar correctamente los permisos remunerados no es sólo una cuestión de cumplimiento normativo, también mejora su employer branding, contribuye al bienestar organizacional y aumenta la satisfacción de los trabajadores. Por tanto, es importante que establezca procedimientos claros y ágiles para gestionar esos permisos, de manera que las ausencias no se conviertan en una fuente de malestar y conflictos.

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Con la irrupción de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, la digitalización de las pymes ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad de primer orden si quieren seguir siendo competitivas. La transformación digital reduce costes, agiliza las operaciones habituales, aporta información valiosa sobre los consumidores, impulsa el crecimiento del negocio, reduce los errores y mejora los resultados. De hecho, muchas pymes ya se han puesto las pilas al respecto. 

El estado actual de la digitalización en las pymes

El último “Informe de digitalización de las pymes 2025” de Ontsi reveló que tres de cada cuatro empresas ya tienen al menos un nivel de digitalización básico. El 99,1% de las pymes cuenta con conexión a Internet y el 83,9% tiene banda ancha fija de 100 Mb/seg. o superior, lo que confirma una base tecnológica sólida. 

Además, el 81,1% dispone de una página web y el 31,6% vende por comercio electrónico, lo que supone el 9,6% de su facturación total. Sin embargo, el uso avanzado de las tecnologías digitales es harina de otro costal.

Por el momento, solo el 40,2% de las pymes utiliza analítica de datos y apenas el 10,4% ha integrado la Inteligencia Artificial en su operativa. Aunque esas cifras muestran un avance, todavía hay mucho camino por recorrer y margen de mejora. 

¿Qué es la digitalización de las pymes?

La digitalización es un proceso estratégico dentro del negocio que implica la implantación de la tecnología para facilitar la gestión y el funcionamiento empresarial. No se limita a usar las redes sociales, tener una web o poner en marcha un e-commerce, sino que abarca todos los procesos de la empresa para optimizar la producción, la organización interna y la gestión de los clientes. 

Su objetivo principal es ampliar las capacidades de la pyme para que sea más competitiva, por lo que dentro de su arsenal de herramientas se incluyen desde plataformas que facilitan la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo hasta soluciones que automatizan las tareas repetitivas, sin olvidar las tecnologías más disruptivas y novedosas de business intelligence.

¿Cómo digitalizar tu pyme?

Para que la transformación digital tenga éxito, es esencial que la abordes de manera estructurada y con una visión estratégica que te permita alinear las nuevas tecnologías con los objetivos a largo plazo de tu empresa. Así, no invertirás en plataformas y softwares innecesarios.

1. Evalúa la situación digital de tu negocio

La digitalización demanda una inversión, a menudo nada despreciable, por lo que antes de lanzarte a transformar tu negocio, debes formarte una imagen global del mismo. Sin un diagnóstico inicial adecuado, la transformación digital puede convertirse en un proceso caótico y costoso en el que acabes implementando tecnologías inapropiadas o infrautilizadas.

Por tanto, analiza los recursos de los que dispones:

• ¿Cuentas con ordenadores y conexión a Internet? 
• ¿Ya tienes una web?
• ¿Empleas canales digitales de venta?
• ¿Utilizas algún software para gestionar clientes, contactos y oportunidades comerciales (CRM)?
• ¿Has digitalizado la facturación, contabilidad y gestión administrativa o todavía dependen en gran medida de documentos en papel y hojas de cálculo?
• ¿Cuentas con herramientas digitales para analizar las ventas, los costes, la productividad y otros indicadores clave de tu negocio?
• ¿Tus departamentos comparten información mediante sistemas digitales o cada área trabaja con sus propios archivos y programas?
• ¿Dispones de herramientas de almacenamiento y trabajo colaborativo en la nube?
• ¿Tus trabajadores conocen y usan las nuevas tecnologías? 
• ¿Has implementado medidas de ciberseguridad, como copias de seguridad, control de accesos, antivirus y protocolos ante posibles incidentes?

Resume esa información en un análisis DAFO, en el que reflejes las debilidades y fortalezas internas de tu pyme, así como las amenazas y oportunidades del entorno. Este enfoque detallado no solo minimizará riesgos, también te asegurará que cada paso del proceso contribuya de manera efectiva a los objetivos estratégicos de tu organización.

2. Define los objetivos de la digitalización

Determina qué objetivos quieres alcanzar con la digitalización de tu pyme. La clave radica en descubrir cómo la tecnología puede ayudarte a conseguir tus metas. Puedes, por ejemplo, plantearte el uso de un CRM para impulsar las ventas, implementar un chatbot con inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente o recurrir a soluciones SaaS para automatizar las tareas de contabilidad, almacén, gestión de la producción o cadena de suministro.

A la hora de establecer prioridades, te ayudará elaborar una matriz sencilla que cruce el impacto que tendría cada iniciativa con la dificultad o inversión necesaria para ponerla en marcha. 

Podrías clasificar tus proyectos en cuatro grupos: 

1. Alto impacto y baja dificultad, que serían las prioridades inmediatas.
2. Alto impacto y alta dificultad, conviene planificarlos a medio plazo.
3. Bajo impacto y baja dificultad, que podrías abordar cuando tengas recursos disponibles. 
4. Bajo impacto y alta dificultad, que probablemente no deberían estar entre tus primeras inversiones. 

A fin de cuentas, no se trata de digitalizar por digitalizar, sino de concentrar el presupuesto y los esfuerzos en las iniciativas que realmente pueden mejorar la eficiencia, reducir costes, aumentar las ventas o mejorar la experiencia del cliente.

3. Establece indicadores de seguimiento

Para digitalizar una pyme, no basta con poner en marcha una nueva herramienta, hay que comprobar si realmente está aportando los resultados esperados. Por eso, mucho antes de contratar un software o implantar una solución tecnológica, debes determinar qué esperas conseguir y cómo lo vas a medir. 

Por ejemplo, si el objetivo es implementar un CRM para mejorar la gestión comercial, puedes usar como indicadores el número de oportunidades registradas, la tasa de conversión, el tiempo dedicado al seguimiento de clientes o el incremento de las ventas. Así, podrás comparar la situación inicial con los resultados obtenidos después de la digitalización. 

Obviamente, no todos los indicadores tienen que guardar una relación directa con los ingresos. También puedes medir las horas dedicadas a las tareas administrativas, el número de errores cometidos o el tiempo de respuesta a los clientes. Lo importante es que elijas métricas vinculadas al objetivo de cada proyecto y las repases periódicamente.

Ese seguimiento evitará que sigas destinando recursos a soluciones que no están funcionando como esperabas o te permitirá aplicar variaciones para optimizar sus beneficios. Los indicadores convierten la digitalización en un proceso de mejora continua y contribuyen a que cada inversión tecnológica tenga una justificación empresarial, en vez de convertirse simplemente en un gasto más.

4. Desarrolla tu plan de transformación digital

Con tus objetivos en mente, traza la hoja de ruta. Debes elaborar un plan de digitalización en el que reflejes las acciones y los pasos necesarios. Establece un calendario realista para cada una de esas acciones, de forma que no caigan en saco roto, y designa a las personas responsables de llevarlas a cabo.

Quizá te convenga priorizar las áreas más ventajosas de tu negocio para evitar que el funcionamiento empresarial se vea desbordado por la aplicación de demasiados cambios a la vez. Considera que, aunque el 49% de las empresas reconocen que el uso de un sistema de planificación de recursos empresariales mejora sus procesos comerciales, el 38% también indica que la implementación tarda más de lo esperado, según NetSuite.

Una planificación cuidadosa y una implementación gradual te garantizarán una transición más suave y efectiva, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios. Así, evitarás sobrecargas y podrás prever posibles obstáculos para lograr que cada fase del proyecto se complete a tiempo y respetando el presupuesto establecido.

5. Calcula el presupuesto disponible

Antes de poner en marcha la transformación digital, es importante que determines cuánto puedes invertir realmente y qué recursos destinarás al proceso, de manera que no comprometas su liquidez ni otras necesidades prioritarias. Tendrás que calcular tanto el coste de adquisición o contratación de una herramienta como los gastos asociados a su implantación, configuración, mantenimiento, actualización y formación de los empleados. Tener una visión completa de esos costes te evitará incurrir en inversiones que después resulten difíciles de mantener.

No todas las soluciones digitales requieren una gran inversión inicial. Existen herramientas por suscripción, soluciones SaaS y alternativas escalables, que permiten comenzar con funcionalidades básicas e ir incorporando nuevas prestaciones a medida que aumentan las necesidades de la empresa. También deberías comparar diferentes proveedores y modelos de contratación antes de tomar una decisión, ya que dos soluciones capaces de resolver el mismo problema pueden tener costes muy diferentes.

Por tanto, define un presupuesto realista y establece cuánto estás dispuesto a invertir en cada fase de la digitalización. No se trata de elegir la opción más barata, sino de encontrar la que ofrezca una relación adecuada entre coste, utilidad y retorno esperado. Así, evitarás que el proyecto se sobredimensione, podrás priorizar las inversiones más importantes y facilitarás un cambio más progresivo que no se convierta en una carga financiera excesiva para la pyme.

6. Elige las tecnologías que necesitas

Existen miles de herramientas digitales, por lo que tendrás que escoger las que pueden aportar un valor real a tu pyme y te ayuden a conseguir tus objetivos de digitalización. Las aplicaciones digitales de gestión, por ejemplo, te permitirán ahorrar tiempo y recursos al automatizar desde la contabilidad hasta la gestión del personal.

Si vendes productos, las plataformas de gestión multicanal, como un CRM, te ayudarán a atender a los clientes de manera eficiente. El big data, por otra parte, puede ayudarte a detectar nuevas tendencias y descubrir oportunidades de negocio.

En la actualidad, muchas de esas herramientas incorporan inteligencia artificial para procesar los datos de manera más rápida y precisa, brindando insights valiosos que facilitan una toma de decisiones más informada y estratégica. 

También te permitirán, por ejemplo, identificar patrones en los comportamientos de los clientes para ofrecerles un servicio más personalizado y diseñar campañas de marketing más eficaces, así como proporcionarles soporte 24/7 para resolver sus dudas y problemas de forma más eficiente.

No obstante, si parte de tu plantilla trabaja a distancia, tendrás que invertir en una plataforma potente para la gestión de proyectos que facilite la organización e interacción, así como en aplicaciones de seguridad para evitar posibles intrusiones en el sistema.

7. Forma a tus empleados en las nuevas tecnologías

La digitalización de la pyme no implica únicamente introducir nuevas tecnologías, también demanda la formación de los trabajadores para que puedan utilizarlas eficientemente. De hecho, ¿sabías que el 80% de los ejecutivos consideran que el principal desafío para tener una organización data driven no es tecnológico, sino humano y cultural? 

El citado informe de Ontsi confirma que la capacitación y el cambio cultural siguen siendo el principal reto de las pymes españolas. En 2024, apenas el 19,7% de las pymes proporcionó formación tecnológica a su personal. Por tanto, valora si te conviene incluir a un experto en tecnología en tu plantilla o si vas a externalizar esta área.

Sea cual sea la opción que elijas, no olvides que necesitas promover una cultura digital en tu pyme, de manera que los empleados se comprometan con el proceso de trasformación digital y se alineen con esa nueva visión. Es importante que entiendan por qué se introducen esos cambios y cómo los ayudarán en su día a día. 

La tecnología puede ser una excelente aliada, pero si el equipo no sabe utilizarla, no capta su utilidad o percibe que solo añade más tareas a su trabajo, será difícil aprovechar todo su potencial. Por eso, es fundamental que expliques los objetivos, impliques a los trabajadores desde las primeras fases y les ofrezcas la formación necesaria para que incorporen esas nuevas herramientas con confianza en su labor cotidiana.

De hecho, la transformación digital no debería plantearse como un proyecto exclusivamente tecnológico, sino como una nueva forma de trabajar. Escuchar las dificultades que encuentran los empleados y tener en cuenta sus propuestas puede reducir la resistencia al cambio y favorecer una actitud más participativa. Cuando el equipo percibe que la digitalización sirve para eliminar las tareas repetitivas, les facilita su trabajo o mejora los procesos, es más probable que adopte las nuevas soluciones y que, incluso, surjan iniciativas innovadoras para sacarles partido. 

Como colofón, recuerda que la digitalización es mucho más que implementar herramientas tecnológicas, a menudo implica una transformación del modelo de negocio y de la cultura empresarial. Las nuevas tecnologías pueden ser el empujón que necesita tu pyme para pasar al siguiente nivel, pero si quieres navegar ese cambio con éxito y adaptarte a un mercado en constante evolución, necesitas tener un plan claro y objetivos bien definidos.

La mayoría de las pymes recurren a la financiación externa en algún momento de su vida, ya sea para poner en marcha el negocio, cubrir las necesidades de circulante, emprender un proceso de internacionalización o invertir en equipo productivo e innovar. De hecho, el XV Informe “La Financiación de la Pyme en España” de SGR-Cesgar reveló que “más de la mitad de las pymes (51,2%) necesitaron financiación en 2025.

El acceso a los créditos bancarios, la principal fuente de financiación que eligen las pymes españolas, ha mejorado en los últimos tiempos. El citado informe refiere que, en 2025, el 92,8% de las pymes con necesidades de financiación bancaria la ha obtenido y aceptado. Sin embargo, no todas lo tienen tan fácil.

¿Qué factores influyen en la concesión de un crédito bancario a las empresas?

Además de la situación económica del país y factores estructurales como el marco jurídico o la coyuntura geopolítica internacional, en la concesión de los créditos y otras formas de financiación bancaria influyen variables más específicas relacionadas con el negocio, como la productividad, rentabilidad y el perfil de riesgo de las pymes.

Las entidades bancarias realizan una evaluación de solvencia antes de formalizar determinadas operaciones para comprobar que el cliente podrá asumir los pagos sin caer en una situación de sobreendeudamiento. Para ello, se enfocan en distintos aspectos de su situación económica y financiera:

1. Ingresos y estabilidad. El banco valora las ganancias del solicitante, el origen de las mismas y si existe una fuente de ingresos suficientemente estable. No se pondera de la misma forma una pyme que tenga una base de clientes sólida y diversificada que otra que dependa de pocos clientes, por ejemplo, pues si los perdiese, su capacidad para hacer frente a las obligaciones económicas contraídas podría verse seriamente comprometida.

2. Nivel de endeudamiento. Los bancos no solo valoran las ganancias, también tienen en cuenta las obligaciones financieras existentes para estimar la capacidad real de la empresa para afrontar un nuevo pago. La entidad puede consultar la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) para conocer los préstamos, créditos, avales y otras obligaciones financieras declaradas de la pyme, así como otros ficheros de solvencia y morosidad. Eso significa que tener otros préstamos pendientes o antecedentes de impagos puede influir negativamente en la valoración del riesgo.

3. Garantías. Según el importe que solicite la empresa, es probable que la entidad bancaria exija garantías, ya sea en forma de avales o activos del propio negocio. El banco elaborará un perfil de riesgo de la pyme para valorar si concede la financiación y bajo qué condiciones.

En general, las entidades bancarias suelen solicitar que las pymes tengan varios meses o años de antigüedad y que sean capaces de generar un mínimo de beneficios. También deben estar al día en el pago de impuestos y con la Seguridad Social.

El acceso a la financiación no es igual en todos los sectores

Las necesidades de financiación de las pymes no son iguales en todos los sectores de la economía. Las empresas que más han tenido que recurrir a préstamos externos se concentran en áreas como Transporte, Agricultura, Comercio y determinados Servicios, según indicó el mencionado informe de SGR-Cesgar.

Al mismo tiempo, la necesidad de aportar garantías ha sido superior a la media en:

Las empresas que innovan (24,7%). Esto se debe a las características propias de este tipo de proyectos, ya que suelen requerir inversiones más importantes antes de generar retornos y, en ocasiones, los resultados económicos de cara al futuro son relativamente inciertos. Desde la perspectiva de la entidad financiera, esa incertidumbre puede traducirse en una mayor percepción del riesgo, por lo que puede exigir garantías adicionales para respaldar la operación y reducir la exposición ante un posible impago.

Las empresas medianas (40,0%), pequeñas (35,2%) y microempresas (22,6%). El tamaño del negocio también marca la diferencia en el acceso a la financiación, el cual no solo está condicionado por la capacidad de pago, sino también por la estructura y los recursos disponibles para respaldar el crédito. Las empresas de menor tamaño suelen disponer de menos activos que puedan utilizar como garantía y, en muchos casos, dependen más de la evolución de su actividad. Por ello, las entidades pueden solicitar garantías que cubran parte del riesgo asociado a la financiación.

En cuanto a la necesidad de avales o garantías, por sectores de actividad se distribuye de la siguiente manera: 

1. Comercio y servicios personales (21,6%)

2. Servicios a las empresas (19,4%)

3. Construcción (16,4%)

4. Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte (11,9%)

5. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9,7%)

Las diferencias por sectores, en cuanto a los obstáculos para acceder a la financiación, guardan relación con su forma de generar ingresos, los activos disponibles y la percepción de las entidades financieras del riesgo que supone cada actividad. Por ejemplo, en España, el Comercio y servicios personales son actividades muy expuestas a la evolución del consumo y a los márgenes comerciales, además de tener una estructura patrimonial más limitada. 

En lo que respecta a los Servicios a las empresas, una parte importante de los costes de estos negocios suele estar relacionada con el personal, mientras que su continuidad depende de los contratos con los clientes, lo que puede dificultar presentar activos que sirvan como respaldo. En el sector de la Construcción pesan otros factores, como los plazos de los proyectos, la evolución del mercado inmobiliario y las necesidades elevadas de circulante.

En cuanto a Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte, así como Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, las propias características de la actividad y la escasa disponibilidad de activos que puedan utilizarse como garantía también condicionan el análisis de riesgo y, por ende, el acceso al crédito.

No significa necesariamente que sean sectores con peor salud financiera, sino que su estructura de ingresos, activos y riesgos puede hacer que el banco pida con más frecuencia garantías para cubrir la operación.

El futuro del acceso a la financiación para las pymes

El panorama de la financiación empresarial en España durante 2026 es más favorable que hace unos años, pero las condiciones están cambiando. La Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España reveló que, en el segundo trimestre de 2026, los criterios de concesión se endurecieron ligeramente y se espera que sigan esa senda en lo que resta de año.  

Las entidades financieras están aplicando criterios más estrictos a la hora de conceder financiación empresarial, debido fundamentalmente a un aumento de los riesgos percibidos y los cambios en los indicadores de calidad crediticia. Los sectores más afectados son: el Comercio, la Construcción y, en particular, la Industria Manufacturera, sobre todo las empresas que hacen un uso intensivo de la energía y las que fabrican vehículos de motor. 

Por consiguiente, 2026 y 2027 no serán años de crédito cerrado, pero tampoco de financiación fácil. Para las pymes, que son especialmente sensibles a las condiciones bancarias, eso se traduce en contar con unas cuentas más saneadas, mantener un nivel de endeudamiento razonable, demostrar unos ingresos previsibles, justificar el destino de la financiación y aportar garantías.

En cualquier caso, recuerda que con la ayuda de las SGR podrás acceder a la financiación que necesitas. Sus avales te permitirán acceder al crédito de manera más ágil y sencilla, consiguiendo mejores condiciones en términos de plazos y tipos de interés.

La mayoría de las empresas necesitan financiación externa en algún momento de su vida, ya sea al inicio, para poner en marcha el negocio, o más adelante, para impulsar su crecimiento. De hecho, el último informe de CESGAR confirmó que el 51,2% de las pymes españolas necesitó financiación en 2025.

La fuente de financiación a la que se recurra es una decisión importante, ya que puede brindar una ventaja competitiva en el mercado o, al contrario, convertirse en un lastre a largo plazo. Las entidades bancarias siguen siendo la principal vía para acceder al crédito de las empresas, sobre todo de las pymes, ya que de esta manera conservan el control total del capital y de su negocio.

El acceso a la financiación, un camino exigente para las pymes

El escenario de financiación para las pymes ha cambiado sustancialmente desde los años en los que se aplicaban tasas negativas y el crédito era bastante barato. Tras las fuertes subidas de tipos de 2022 y 2023, el Banco Central Europeo inició un ciclo de relajación monetaria que ha reducido sus tipos oficiales. 

En la actualidad, el tipo de la facilidad de depósito se sitúa en el 2,25%, mientras que el tipo de interés principal para las operaciones de refinanciación es del 2,40%, una cifra que se encuentra bastante por debajo de los niveles alcanzados durante el endurecimiento monetario.

Sin embargo, eso no significa que las pymes puedan acceder al crédito con la misma facilidad que en la etapa de tipos muy bajos. En realidad, el coste de los préstamos es tan solo una parte de la ecuación. Las entidades financieras están prestando más atención al riesgo que representa cada empresa y están aplicando criterios de concesión más exigentes.

De hecho, la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España mostró que, durante el segundo trimestre de 2026, los bancos endurecieron de nuevo la oferta de crédito a las empresas, tras haberlo hecho también en el primer trimestre. Además, las entidades anticipan un nuevo endurecimiento durante el tercer trimestre.

Para una pyme, esto significa que buscar y solicitar financiación ya no consiste únicamente en comparar diferentes tipos de interés. La entidad analizará con mayor profundidad su capacidad real para generar caja y devolver la deuda, así como su nivel de endeudamiento, la evolución de sus resultados, las garantías disponibles y los riesgos asociados a su actividad.

Más prudencia ante el riesgo empresarial

El endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos se debe, en gran parte, a la percepción de inseguridad generada por la situación económica actual y la elevada incertidumbre geopolítica, lo que ha hecho que las entidades bancarias desarrollen una mayor aversión al riesgo. Por consiguiente, es probable que una pyme con una estructura financiera más débil tenga dificultades para acceder a financiación, aunque el tipo oficial sea menor al de hace dos años. 

Esa disminución de la tolerancia al riesgo es particularmente relevante para las pequeñas empresas porque suelen disponer de menos alternativas de financiación que las grandes compañías y dependen en mayor medida del crédito bancario. La Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas del Banco Central Europeo confirmó que, durante el primer trimestre de 2026, los criterios de concesión se volvieron más exigentes para las pymes que para las grandes empresas.

Como resultado, la pyme que necesite financiación en el contexto actual debe estar más preparada, lo cual implica un balance saneado, un nivel de endeudamiento razonable, previsiones de tesorería realistas y una explicación clara del destino de los fondos, sin olvidar un buen aval. El crédito sigue estando disponible, pero las entidades quieren tener claro a quién le prestan, a qué se destinará ese dinero y, sobre todo, cómo se devolverá.

La necesidad de avales

Las condiciones de financiación de las pymes siguen dependiendo, en gran medida, de los avales. En 2025, la falta de garantías fue el segundo obstáculo más común que encontraron los autónomos y las pequeñas y medianas empresas para acceder a los préstamos y las líneas de crédito, una barrera que se arrastra desde hace años y que suele encarecer el coste de la financiación.

Si no presentan garantías propias, las entidades bancarias consideran que la operación de crédito o préstamo representa un peligro mayor. Obviamente, el nivel de riesgo se dispara en las pymes de reciente constitución, pues ni siquiera pueden presentar sus balances de cuentas y no poseen un historial crediticio, así como en las empresas que tienen una baja rentabilidad.

Al no contar con un respaldo sólido que sirva como garantía, las pymes se ven obligadas a pagar intereses más elevados, en comparación con las grandes empresas, que pueden aportar un aval o tienen un historial crediticio más sólido. En este escenario, las SGR desempeñan un papel clave para que las pymes tengan acceso a condiciones de financiación más ventajosas.

¿Qué son las SGR?

La carga fiscal es uno de los factores que más condicionan la rentabilidad de una empresa y una de las principales preocupaciones de los emprendedores. Sin embargo, existen diferentes beneficios fiscales, dirigidos a fomentar la inversión, la innovación, la creación de empleo o el crecimiento empresarial, que podrías aprovechar para poner en marcha un proyecto o expandir tu actividad.

Cinco ventajas fiscales que podrías aprovechar en tu negocio

Los beneficios fiscales son ventajas tributarias que se aplican cuando la empresa cumple una serie de requisitos previamente establecidos. Puede tratarse de exenciones que te exoneran de pagar un impuesto, reducciones parciales aplicables al importe a pagar o bonificaciones que reducen el tipo impositivo aplicable. Estas son algunas de las más relevantes que se mantienen vigentes.

1. Tipo reducido para empresas de nueva creación

Uno de los incentivos más conocidos está dirigido a las empresas de reciente constitución. La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades indica que “las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 %”. Con esta medida se pretende que las nuevas sociedades puedan destinar una buena parte de sus beneficios a consolidar su actividad durante los primeros años de vida.

2. Reserva de capitalización

La reserva de capitalización es uno de los incentivos fiscales más interesantes para reducir la tributación empresarial. Su objetivo es mejorar la solvencia instando a las empresas a reforzar los fondos propios, en vez de recurrir exclusivamente a la financiación externa. Básicamente, los contribuyentes que apliquen la reserva de capitalización tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 % del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que el mismo se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo.

3. Deducciones por investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Las empresas que invierten en actividades de I+D+i pueden acceder a beneficios fiscales muy interesantes, siendo posible recuperar una parte significativa de las inversiones realizadas en proyectos innovadores, desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos productivos, creación de software o avances tecnológicos. Las deducciones oscilan entre el 8 y 42 %, pero la Agencia Tributaria señala que “únicamente formarán parte de la base de la deducción aquellos gastos que sean directamente imputables al proyecto de investigación y desarrollo”, razón por la cual es importante documentar adecuadamente los proyectos.

4. Deducciones por creación de empleo

La normativa también contempla determinados incentivos vinculados a la contratación de trabajadores. Por ejemplo, las empresas que contraten a su primer trabajador, a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, podrán deducir 3.000 euros de la cuota íntegra, a condición de que lo mantengan al menos 3 años. También se aplican deducciones del 50 % a las empresas con menos de 50 empleados que ofrezcan contratos por tiempo indefinido a personas desempleadas beneficiarias de una prestación contributiva.

5. Régimen especial para empresas de reducida dimensión

Las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar un régimen fiscal específico dentro del Impuesto sobre Sociedades, que les da derecho a diferentes incentivos, siempre que el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros. Podrían, por ejemplo, minorar su base imponible positiva hasta el 10% de su importe (cuando el importe no supere 1 millón de euros). En ciertos supuestos, también tendrían libertad de amortización o podrían aplicar una amortización acelerada, incentivos que se suman a otras herramientas de apoyo fiscal destinadas a facilitar la inversión y el crecimiento de estas empresas.

No obstante, conviene tener presente que, para aprovechar estos beneficios fiscales, debes cumplir una serie de requisitos y conservar la documentación justificativa correspondiente, ya que la Agencia Tributaria podría solicitarla durante un procedimiento de comprobación. Por tanto, es fundamental que lleves bien la Contabilidad y estés al día con tus obligaciones tributarias.

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Emprender una actividad por cuenta propia tiene muchos beneficios: más autonomía, flexibilidad para organizar la jornada y una mejor conciliación de la vida familiar. No es casual que el 61 % de los autónomos reconozca sentirse satisfecho con su trabajo, según reveló el VI Estudio Nacional del Autónomo (ENA).

Obviamente, no todo es perfecto. El 95% de ellos considera que las políticas actuales no brindan apoyo suficiente a los trabajadores por cuenta propia. De hecho, para el 27% de los autónomos el sistema de tributación es una de las principales preocupaciones y barreras de entrada, mientras que el 24% señala las cuotas a la Seguridad Social.

Sin embargo, si estás pensando en emprender, es importante que sepas que existen diferentes tipos de beneficios fiscales que puedes aprovechar para que esos primeros años no se te hagan demasiado cuesta arriba y puedas hacer crecer tu negocio sin tanta presión económica.

¿Qué son los beneficios fiscales?

Los beneficios fiscales son todas aquellas ventajas, desde el punto de vista tributario, que se aplican a las empresas, pymes, autónomos y particulares, con el objetivo de reducir la carga impositiva a la que están sometidos. Generalmente, se materializan en forma de deducciones, reducciones de la base imponible, exenciones, bonificaciones o tipos impositivos reducidos, dependiendo del impuesto y de la normativa aplicable en cada caso.

Las ventajas fiscales están reguladas por ley y, normalmente, se otorgan cuando las personas físicas o jurídicas realizan ciertas prácticas positivas, ya sea a nivel social, laboral o medioambiental. Sin embargo, también se aplican como parte de programas para incentivar la creación de empleo, por ejemplo, o cuando se desean premiar algunas prácticas de mercado. 

En este sentido, su diseño responde a objetivos concretos de interés público, como fomentar la innovación, impulsar la sostenibilidad o apoyar sectores estratégicos. Por ende, el sistema tributario no solo cumple una función recaudatoria, sino también redistributiva y de estímulo económico.

No obstante, los beneficios fiscales no son automáticos ni universales, están sujetos al cumplimiento de requisitos específicos y, en muchos casos, a procedimientos de solicitud o justificación ante la administración tributaria. Eso significa que debes conocer bien la normativa y no tener deudas pendientes para poder acceder a ellos.

¿Cuáles son los tipos de beneficios fiscales para el autónomo?

Existen diferentes tipos de beneficios fiscales, dependiendo de su procedencia y actividad. Si eres autónomo, estas son las principales ventajas fiscales que puedes aprovechar.

Deducciones

Implican una reducción de la base imponible de un impuesto, de manera que disminuyen los ingresos que quedan sujetos a gravamen, siempre y cuando el autónomo cumpla ciertos requisitos.

En el caso del IRPF, los autónomos tienen derecho a una serie de deducciones. Por ejemplo, puedes deducir todos los consumos de explotación relacionados con tu actividad profesional, los salarios de los trabajadores, las cuotas a la Seguridad Social, los arrendamientos y cánones y las primas de los seguros. También podrás deducir los costes de los servicios bancarios, incluidos los gastos financieros que representan los préstamos y créditos.

Particularmente interesantes son las deducciones por los servicios de los profesionales independientes a los que recurras. Las facturas que emitas a personas sometidas a la obligación de retener, como otros profesionales o personas jurídicas, implican una retención del 15 %. Sin embargo, la Agencia Tributaria recorta esa retención al 7 % cuando inicies tu actividad profesional. Dicha reducción se aplicará durante el periodo impositivo en que comiences a trabajar como autónomo y durante los dos siguientes, siempre que no hayas ejercido ninguna actividad profesional durante el año anterior.

Exenciones

Las exenciones tributarias eximen al autónomo de soportar la carga fiscal que le correspondería. En algunos casos existe una obligación tributaria, pero esta se condona o reembolsa, como ocurre con la doble imposición internacional. En otros casos, aunque existe el hecho imponible, no se genera una obligación tributaria, como sucede con las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. 

Algunas actividades profesionales también quedan exentas de IVA, como las clases particulares sobre materias que formen parte del currículo del sistema educativo o las colaboraciones periodísticas. También estarías exento de esta tasa si brindas servicios de asistencia sanitaria o enfocados en la ayuda social. Asimismo, algunas actividades artísticas y ciertos servicios inmobiliarios o relacionados con los seguros, reaseguros y capitalización quedan exentas de IVA.

Bonificaciones

Estos beneficios fiscales implican una reducción en el importe de la base para calcular el impuesto o una deducción en el importe a ingresar por parte del autónomo, por lo que se traducen en un ahorro inmediato.

• Cuota reducida de inicio de actividad. Más conocida como la “tarifa plana”, permite a los nuevos autónomos acogerse a una cuota reducida de la Seguridad Social (80 euros en 2026) durante los primeros 12 meses, prorrogable hasta 24 meses si los rendimientos netos permanecen por debajo del salario mínimo interprofesional.
• Incentivos autonómicos. Algunas comunidades autónomas aplican ayudas adicionales mediante las cuales subvencionan total o parcialmente la cuota del autónomo durante el primer año de actividad.
• Bonificación por conciliación (maternidad, paternidad y situaciones asimiladas). Durante el periodo de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o lactancia, se aplica una bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 17 semanas, aunque se suman dos más por el cuidado de los hijos, las cuales se pueden usar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años.
• Bonificaciones por reincorporación tras maternidad. Las trabajadoras que retoman la actividad en los dos años posteriores al cese por maternidad o adopción pueden acceder a una bonificación del 80 % de la cuota por contingencias comunes.
• Bonificación por cuidado de menores o dependientes. En determinados supuestos de reducción de jornada o cese parcial de actividad para cuidar de hijos menores o personas dependientes, puede aplicarse una bonificación total o parcial de la cuota por un plazo de hasta doce meses. 
• Bonificación por pluriactividad. Para quienes trabajan por cuenta ajena y al mismo tiempo tienen el control efectivo, ya sea directo o indirecto, de una empresa emergente, se bonifica al 100 %la cuota correspondiente a la base mínima establecida con carácter general, durante los tres primeros años.
• Bonificación para autónomos colaboradores. Los cónyuges y familiares, hasta segundo grado, que trabajen en el negocio familiar pueden beneficiarse de una reducción del 50 % de la cuota a la Seguridad Social durante los primeros 18 meses y del 25 % durante los seis meses siguientes. 
• Bonificaciones por discapacidad (≥33 %). En este caso, se aplica una cuota reducida de 80 euros al mes durante los primeros dos años de actividad, prorrogables hasta 36 meses si los rendimientos netos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional. Cabe aclarar que esta bonificación también se aplica a las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

Aplazamiento de impuestos

Hacienda considera que el aplazamiento del pago o la posibilidad de fraccionar las deudas tributarias es otro tipo de beneficio fiscal, ya que produce una merma de sus ingresos, aunque no implica una reducción de la cantidad a pagar; de hecho, conlleva unos intereses de demora.

Esta ventaja fiscal es conveniente si enfrentas un periodo de falta de liquidez o se te acumulan los pagos y no puedes hacer frente a tus obligaciones tributarias. Si la deuda es inferior a 50.000 euros, puedes solicitar un aplazamiento del pago del IRPF e IVA, con un plazo límite de 12 meses, sin necesidad de justificar las cuotas repercutidas impagadas. Hacienda suele aprobar la mayor parte de estas solicitudes casi automáticamente y con bastante rapidez.

En caso de que la deuda supere los 50.000 euros (un límite que antes de 2023 era de 30.000 euros), la Agencia Tributaria te pedirá un aval, garantía hipotecaria o seguro de caución. Tendrás que justificar el impago de las cuotas repercutidas aportando las facturas de los clientes que reflejen la cuantía e indiquen la fecha de vencimiento. No obstante, recuerda que debes ingresar la parte de la deuda correspondiente a las cuotas repercutidas que has cobrado.

Subvenciones

Además de los beneficios fiscales que se aplican a la actividad por cuenta propia, también existen subvenciones, muchas de ellas gestionadas directamente por las comunidades autónomas. 

Tal es el caso de las ayudas a fondo perdido para quienes se dan de alta en el RETA tras una situación de desempleo, con importes que varían según la región y que, en algunos casos, pueden superar los 8.000 o 10.000 euros si se cumplen determinados requisitos. Habitualmente, se exige mantener la actividad durante un periodo mínimo (entre 12 y 36 meses) y se incrementa la cuantía en perfiles como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o desempleados de larga duración.

Otra ayuda relevante es la capitalización del paro o pago único, que permite destinar la prestación por desempleo a la inversión inicial del negocio o al pago de cuotas de la Seguridad Social. A esto se suman las bonificaciones por contratación, que reducen las cotizaciones sociales cuando el autónomo incorpora trabajadores, sobre todo en el primer empleo o en contratos indefinidos.

En los últimos años han ganado peso las subvenciones vinculadas a la modernización del tejido productivo, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. Existen iniciativas sectoriales específicas, así como ayudas a la eficiencia energética o la transición ecológica a través de proyectos como el “Programa LIFE”, que buscan mejorar la competitividad y sostenibilidad de los pequeños negocios a medio y largo plazo.

En definitiva, aunque emprender no es fácil, estar al tanto de las diferentes ayudas y beneficios fiscales a los que tienes derecho como autónomo te allanará el camino. Muchos de estos programas de apoyo no solo contribuyen a reducir la carga económica durante los primeros años de actividad, sino también favorecen una mayor estabilidad financiera a medio plazo mientras vas consolidando tu negocio. 

La financiación es esencial para el desarrollo y la supervivencia de las pymes y los autónomos. En las primeras etapas, proporciona los recursos necesarios para emprender la actividad y, más adelante, contribuye a su expansión. La falta de capital a menudo limita la capacidad de los negocios para aprovechar las oportunidades de crecimiento, conduciéndoles al estancamiento o, incluso, al cierre. 

En cambio, las fórmulas de financiación adecuadas permiten gestionar mejor el flujo de caja, afrontar los imprevistos con mayor estabilidad, innovar y ganar en competitividad. Sin embargo, es importante conocer las características de cada tipo de financiación, desde el coste efectivo hasta las garantías exigidas, porque una elección incorrecta puede generar compromisos económicos inasumibles o situaciones que acaben comprometiendo la propia estabilidad y el crecimiento del negocio.

Los principales tipos de financiación para pymes y autónomos

En la actualidad coexisten diferentes vías de financiación, desde los préstamos bancarios tradicionales hasta alternativas más flexibles como el leasing o las líneas de crédito. No obstante, cada instrumento está diseñado para satisfacer necesidades empresariales distintas y generalmente tienen horizontes temporales diferentes.

1. Préstamos bancarios

Es una de las formas de financiación más habitual a la que recurren las empresas y autónomos, sobre todo para expandir sus negocios o adquirir activos. Básicamente, la entidad financiera te facilitará el capital que necesites, a condición de que lo devuelvas con intereses, pagando una serie de cuotas durante el plazo de tiempo que hayáis pactado.

De hecho, existen diferentes modalidades. Los préstamos para capital de trabajo, por ejemplo, proporcionan financiación a corto plazo para cubrir los gastos diarios de la empresa cuando no dispone de suficiente flujo de caja. En cambio, los préstamos para inversiones suelen ofrecer un importe más elevado y se destinan a negocios en crecimiento o expansión para la compra y apertura de nuevos locales, la adquisición de maquinaria, la investigación, el desarrollo de nuevos productos o la internacionalización de la actividad.

2. Líneas de crédito

Es una fórmula de financiación flexible destinada, fundamentalmente, a cubrir necesidades del negocio a corto plazo. Por tanto, no es casual que en 2025 haya sido el principal producto financiero al que recurrieron las pymes, según el último informe de Cesgar.

La entidad bancaria pondrá a tu disposición un capital que puedes utilizar en función de tus necesidades, de manera que pagarás intereses por la cantidad que hayas utilizado y una comisión menor por el total dispuesto. 

Este tipo de financiación se suele usar para cubrir los desfases de liquidez que se generan al inicio de un proyecto o las brechas temporales en el flujo de caja, de forma que puedas pagar a tiempo a tus proveedores y empleados en periodos de ingresos variables.

3. Financiación mediante inversores

Los inversores no solo aportan capital a las pequeñas y medianas empresas, sino también su conocimiento, experiencia y red de contactos. No obstante, tendrás que ceder parte del control y la propiedad del negocio.

Generalmente, esta forma de financiación proviene de las sociedades de capital riesgo o de los business angels, que invierten en empresas emergentes con buen potencial de crecimiento y esperan recibir el retorno de su inversión en el tiempo pactado. Los business angels suelen ser inversores particulares con experiencia empresarial, que brindan un acompañamiento estratégico, mientras que las sociedades de capital riesgo gestionan fondos profesionales y suelen entrar en fases más avanzadas del proyecto, por lo que exigen planes de crecimiento sólidos y una expectativa clara de rentabilidad.

También existen opciones como el crowdlending, a través de plataformas como MytripleA, Ecrowd o Colectual. Estas permiten que muchas personas presten pequeñas cantidades de dinero a una empresa a cambio de un interés previamente acordado. Este modelo facilita el acceso a la financiación sin necesidad de acudir a la banca tradicional y es útil para validar una idea en el mercado, ya que el interés de los inversores suele reflejar la viabilidad del proyecto.

En los últimos años también se ha consolidado el crowdfunding de inversión, una fórmula mediante la cual los inversores adquieren una pequeña participación en la empresa a través de plataformas especializadas, como Fundeen o Crowdcube. Este modelo permite captar capital de una base más amplia de inversores, pero debes tener en cuenta que implica la entrada de múltiples socios con derechos económicos, lo que demanda una gestión societaria más compleja y una estrategia clara de crecimiento y salida para los inversores.

4. Financiación pública

En España, existen distintos programas de financiación pública especialmente diseñados para apoyar el crecimiento, la innovación y la competitividad de las pymes y autónomos, desde las subvenciones a “fondo perdido” hasta los préstamos blandos, que implican la devolución del capital con unos intereses y plazos más convenientes.

Las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) son las más conocidas. La línea ICO Empresas y Emprendedores, por ejemplo, sufraga proyectos de inversión, actividades empresariales y/o necesidades de liquidez o gastos. Por otra parte, la nueva línea ICO Crecimiento, con la colaboración de las SGR, cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de euros y está dirigida a pymes que tengan más dificultades para acceder a la financiación, debido a su perfil.

También puedes encontrar los programas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que se enfocan en financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como las líneas de financiación ENISA, que actualmente están apoyando proyectos de digitalización empresarial y a las startups y pymes innovadoras que estén dando sus primeros pasos o quieran expandirse.

5. Avales

Los avales de las SGR son una herramienta que facilita el acceso a financiación a pymes y autónomos, ofreciendo una garantía frente a terceros y aportando, así, seguridad jurídica a las transacciones. 

Mediante un aval financiero, el banco reduce su riesgo, pues si faltas a tus obligaciones, reclamará la deuda al avalista. Por otro lado, el aval comercial se utiliza para garantizar el pago en la compraventa de bienes o cuando se fraccionan los pagos a los proveedores.

Además de facilitar el acceso a la financiación, los avales también permiten ampliar el capital. Además, si cuentas con el aval de una SGR, podrás negociar condiciones más ventajosas, como unos intereses más bajos o plazos de devolución más amplios.

Puedes usarlos para cubrir diferentes necesidades. Por ejemplo, Switch Green Canary recurrió a AvalCanarias para lanzar su proyecto Ágora, una plataforma disruptiva de subastas electrónicas inversas cuyo objetivo es hacer más accesible la energía renovable. Negocios centenarios como Chocolates Marcos Tonda han contado con el aval de Afín SGR para ampliar sus instalaciones y oficinas, mientras que Air-Hostess Toledo, un centro de formación especializado en el sector aeronáutico, se apoyó en Aval Castilla-La Mancha para poner en marcha su idea de negocio.

En resumen, existen diferentes tipos de financiación para empresas y autónomos. La elección de una u otra puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu proyecto. Por eso, es importante que explores todas las opciones y te decantes por la que mejor se adapte a las características de tu negocio. 

Si necesitas más información acerca de la situación de las pymes españolas y las personas que trabajan por cuenta propia (autónomos/as) en relación con la financiación ajena, puedes descargar aquí el XV Informe sobre la financiación de la pyme en España, realizado por Cesgar.

El verano suele ser uno de los periodos más complicados del año, sobre todo si no puedes cerrar el negocio, ya que muchos trabajadores quieren disfrutar de sus vacaciones en julio o agosto. Encontrar un equilibrio entre las necesidades operativas y las exigencias de la plantilla no siempre es fácil, sobre todo en las pequeñas empresas, donde la ausencia de una sola persona puede afectar el funcionamiento cotidiano. 

¿Cómo planificar las vacaciones de los trabajadores?

Organizar las vacaciones no consiste únicamente en repartir los días libres, también debes asegurarte de seguir produciendo o prestando un buen servicio a tus clientes, así como de distribuir la carga de trabajo de forma equilibrada. Cuanto más claro y ordenado sea el proceso, menos incidencias surgirán durante el verano.

1. Revisa el convenio colectivo

El Estatuto de los Trabajadores reconoce en su artículo 38 el derecho a tener, como mínimo, 30 días naturales de vacaciones al año. Sin embargo, ni el trabajador puede decidir unilateralmente cuándo irse de vacaciones ni la empresa puede imponer las fechas sin más. Lo habitual es pactar los días libres entre ambos. 

Además, muchos convenios colectivos establecen criterios específicos sobre las vacaciones, como los periodos preferentes para disfrutar de las mismas, criterios de prioridad, posibilidad de fraccionarlas o los plazos de solicitud. Repasar la normativa y releer el convenio colectivo te evitará errores que puedan conducir a reclamaciones.

2. Planifica con suficiente antelación

Uno de los errores más habituales consiste en esperar hasta el último momento para organizar las vacaciones. No obstante, cuanto antes conozcas las preferencias de los trabajadores, más fácil te resultará elaborar el calendario. De hecho, por ley, el trabajador debe conocer las fechas de las vacaciones con al menos dos meses de antelación.

Negociar las vacaciones con varios meses de antelación te permitirá detectar coincidencias, reorganizar los equipos o, incluso, contratar refuerzos temporales si fueran necesarios. Cada vez más empresas están recurriendo a softwares de gestión de vacaciones y ausencias para que los empleados puedan solicitarlas fácilmente desde el ordenador o el móvil y los responsables las aprueben con unos pocos clics.

3. Establece criterios objetivos cuando coincidan varias solicitudes

Es probable que varios trabajadores pidan las mismas semanas de julio o agosto, por lo que debes contar con criterios objetivos para decidir quién se va de vacaciones. Algunas organizaciones utilizan sistemas rotativos, de manera que todos tendrán prioridad en años diferentes. 

Otras empresas deciden priorizar determinadas circunstancias familiares, cuando el convenio lo permite, o se rigen estrictamente por el orden de solicitud. Sea cual sea la regla que apliques, la plantilla debe conocerla de antemano para evitar la sensación de arbitrariedad y fomentar la transparencia.

4. Elabora un calendario de vacaciones detallado

Una vez aprobadas las fechas, es conveniente crear un calendario compartido donde aparezcan todas las ausencias previstas. Así, podrás ver si coinciden demasiadas personas del mismo departamento, por ejemplo, o si alguna semana se quedará particularmente floja.

De hecho, ese calendario no debería limitarse a los trabajadores de vacaciones, también puedes incluir a las personas que asumirán determinadas funciones durante esas ausencias, los empleados que deben estar localizables en caso de incidencias o las fechas en las que podría aumentar la carga laboral. 

5. Garantiza la continuidad del negocio

Antes de aprobar las solicitudes, analiza qué puestos son esenciales y qué personas podrían asumir temporalmente determinadas funciones. En las pequeñas empresas es útil que varios empleados conozcan las tareas básicas de sus compañeros. Por tanto, asegúrate de que quienes se van de vacaciones realicen una pequeña “mentoría” para compartir los aspectos más urgentes de su trabajo.

Eso facilita la continuidad del servicio y reduce la dependencia de una única persona, aunque en algunos casos también podría ser necesario recurrir a la contratación de personal temporal para no recargar demasiado a quienes se quedan trabajando durante el verano.

No existe un sistema perfecto que valga para todas las empresas, ya que cada una tiene necesidades y realidades diferentes. Sin embargo, trabajar con previsión, aplicar criterios objetivos y mantener una comunicación clara suele dar buenos resultados. A fin de cuentas, gestionar bien las vacaciones no solo protege la actividad empresarial, también garantiza a tus trabajadores el descanso que merecen.

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Las sociedades mercantiles recompensan, a través de los dividendos, a aquellas personas físicas o jurídicas que han aportado capital. Cuando obtienen beneficios, distribuyen una parte de esas ganancias entre sus socios, una manera de “premiarles” por la inversión realizada.

De esta forma, atraen más inversores, sobre todo aquellos con más aversión al riesgo, que buscan unos ingresos pasivos relativamente estables en el tiempo. No obstante, también es una señal de salud financiera, ya que solo las empresas con liquidez pueden permitirse pagar dividendos, por lo que esta fórmula genera confianza y transmite una imagen de solidez. 

Si has invertido en una compañía a través de tu empresa, es importante que conozcas la forma de tributación de los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades para evitar errores que puedan dar lugar a sanciones o multas de Hacienda.

El primer paso: ¿persona física o jurídica?

Tanto las personas físicas como jurídicas pueden aportar capital a una sociedad y recibir los dividendos. No obstante, el tratamiento fiscal de esas ganancias es diferente:

• Si recibes el dividendo como persona física, tendrás que declararlo como rendimiento del capital mobiliario cuando llegue el momento de realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Si percibes el dividendo como persona jurídica, tendrás que tributar a través del Impuesto sobre Sociedades, ya que se cataloga como una renta positiva adicional proveniente de la actividad.

Como nota, es importante aclarar que para la sociedad que paga los dividendos, esos gastos no son deducibles, ya que “representan una retribución de los fondos propios”, según indica la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Hacienda entiende que el dividendo no es un gasto necesario para obtener ingresos, como podrían ser los salarios, un alquiler o la compra de materias primas, sino una forma de distribuir los beneficios que ya ha generado la empresa. Por consiguiente, repartir dividendos no le permite reducir su base imponible.

El segundo paso: ¿qué son exactamente los dividendos?

La Agencia Tributaria señala que los dividendos o participaciones en beneficios son “los derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable”.

Por tanto, el rendimiento procede de la participación en la empresa, ya sea en acciones, participaciones sociales o fondos propios, no de una relación laboral, comercial o financiera ordinaria. Eso significa que si, como socio, prestas dinero a la sociedad y recibes intereses, no se catalogan como dividendos.

No obstante, existe una excepción. Hacienda explica que cuando una empresa presta dinero a otra sociedad del mismo grupo a través de un préstamo participativo, la remuneración que recibe podría tratarse fiscalmente como si fuera un dividendo.

El motivo es que un préstamo participativo está a medio camino entre una deuda y una aportación de capital, ya que generalmente la remuneración depende de la evolución de los beneficios, ventas, volumen de negocio u otros indicadores de rendimiento, según la ley.

Los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades

Las entidades mercantiles deben incluir los dividendos en su resultado contable, incorporándolos a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que tributa con carácter general al 25%.

Esa renta se somete a una retención general del 19%, lo que significa que, cuando se pagan los dividendos a los socios, la compañía aplica dicha retención para ingresarla a la Agencia Tributaria a modo de pago a cuenta del impuesto del beneficiario del dividendo. 

No obstante, en algunos casos se implementa una exención a los dividendos en el Impuesto de Sociedades de hasta el 95% de su cuantía.

¿Cuáles son las exenciones a la tributación de dividendos en el Impuesto sobre Sociedades?

La propia Agencia Tributaria explica que estarán prácticamente exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• El porcentaje de participación, ya sea directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la sociedad es de, al menos, el 5%.
• Poseer la participación de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se distribuye el beneficio, aunque también se podría mantener a posteriori durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.

En ese caso, solamente existe la obligación de tributar el 1,25% de la totalidad de los dividendos recibidos.

Por ejemplo, si la sociedad A posee acciones en la sociedad B y esta obtiene beneficios, repartiendo un dividendo de 100.000 €, la sociedad A tendría que integrarlo en su base imponible. Si no puede disfrutar de ninguna exención, acabaría tributando al 25%, lo que implica que le quedaría 75.000 € después de impuestos.

En cambio, si la sociedad A cumple los requisitos para la exención, el panorama cambia drásticamente porque puede excluir el 95% del dividendo.

Por tanto:

Dividendo recibido: 100.000 € 

Exento: 95.000 € 

Tributable: 5.000 € 

La cuota del Impuesto sobre Sociedades será:

5.000 € × 25% = 1.250 € 

La carga fiscal efectiva sería:

1.250 € ÷ 100.000 € = 1,25% 

Por eso, suele decirse que solo tributa el 1,25% del dividendo, aunque técnicamente es más correcto señalar que tributa al 25% sobre el 5% no exento, lo que produce un coste fiscal efectivo del 1,25% sobre el dividendo total.

Participaciones en el capital o en fondos propios de entidades fuera de España

En este caso, para aprovechar la exención en la tributación de los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades, la entidad participada debe haber estado sujeta a un impuesto extranjero similar al español, cuyo tipo nominal debe haber sido de, al menos, el 10% durante el ejercicio en que se obtuvieron los beneficios que se reparten o en los que se participa.

La Agencia Tributaria considera que, si la entidad participada pertenece a un país con el que España ha suscrito algún convenio para evitar la doble imposición internacional, que contenga la cláusula de intercambio de información, se cumple este requisito. 

Sin embargo, la exención a los dividendos en el Impuesto sobre Sociedades no se aplica cuando la entidad participada se encuentra en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, a menos que “resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas”, como señala la Agencia Tributaria.

Cabe aclarar que dicha exención por dividendos no se implementa a las participaciones con valor de adquisición superior a 20 millones de euros, siendo del 15% con carácter general y del 10% a las entidades de nueva creación. 

En cualquier caso, la tributación de los dividendos en el Impuesto de Sociedades es un asunto complejo que se debe valorar de forma individual. Aunque la normativa establece unas reglas generales, factores como la estructura societaria, el porcentaje de participación, el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones, la existencia de grupos empresariales, o la residencia fiscal de las entidades implicadas, influyen significativamente en el tratamiento fiscal aplicable. 

Por ello, antes de tomar decisiones relacionadas con el reparto o la recepción de dividendos, es recomendable que te informes con un asesor fiscal. Así, podrás aprovechar los beneficios fiscales previstos y evitar problemas derivados de interpretaciones erróneas o del incumplimiento de los requisitos exigidos.