Con la Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó en 2017, la administración favoreció el acceso de las pymes y los autónomos a las licitaciones públicas. Agilizó los procedimientos, dividió los proyectos en lotes más pequeños y fáciles de gestionar, eliminó algunos requisitos y mejoró la transparencia a la hora de publicitar las licitaciones. No obstante, las ofertas deben ir acompañadas de un aval ante la administración.
La ley exige una serie de garantías para poder firmar un contrato público, uno de ellos es el aval. El artículo 108 indica que una de las formas aceptadas es el “aval de alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España”.
El aval ante la administración tiene el fin de garantizar que las empresas cumplirán con las obligaciones legales y formales que han contraído con el organismo público correspondiente, demostrando que cumplen con las condiciones para acceder a los procesos de licitación y avalando la ejecución del contrato en tiempo y forma.
Cuando una empresa quiere trabajar con la administración pública, no basta con presentar una buena oferta económica o un proyecto técnico impecable, también debe aportar garantías que acrediten su solvencia, capacidad y compromiso. Por tanto, no es extraño que en 2025 el 13% de las empresas necesitaran garantías vinculadas a la contratación pública, según el último informe de Cesgar.
En este sentido, cabe aclarar que existen diferentes tipos de avales, dependiendo del momento en el que se encuentre el procedimiento y de la finalidad que se persiga. Algunos sirven para garantizar que la empresa mantendrá su propuesta, si la seleccionan, y otros aseguran que cumplirá con las obligaciones asumidas una vez que firme el contrato.
Es un aval provisional que debe presentar la empresa que quiera realizar una oferta para participar en un concurso público. Este tipo de aval garantiza que, si la empresa llega a ser la adjudicataria, firmará el contrato de ejecución con la administración, manteniendo las mismas condiciones que realizó en su oferta inicial.
En práctica, es una muestra de que la empresa está participando en el proceso de licitación con una intención real y firme. Por tanto, actúa como una garantía previa que aporta seguridad a la administración durante la fase inicial del procedimiento de contratación, evitando, al mismo tiempo, ofertas meramente especulativas o retiradas de última hora que puedan perjudicar el desarrollo de la licitación.
Es un aval definitivo que sustituye al aval de licitación y se aporta cuando la empresa ha sido adjudicataria del concurso. También conocido como aval de ejecución de contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones que ha adquirido la empresa ante la administración.
Básicamente, este tipo de aval protege a la administración de posibles incumplimientos relacionados con los plazos de entrega, la calidad de los trabajos ejecutados, las condiciones técnicas pactadas o cualquier otra obligación contractual que haya asumido la empresa adjudicataria.
En caso de incumplimiento grave o de ejecución defectuosa, la administración puede hacer efectiva la garantía en los términos establecidos. Por ello, el aval de cumplimiento es una pieza clave en la contratación pública, que ofrece seguridad jurídica y financiera a la administración durante toda la ejecución del proyecto.
Trabajar con organismos públicos implica asumir compromisos importantes, tanto a nivel económico como operativo. A diferencia de otros ámbitos empresariales, la planificación, la solvencia y la capacidad de respuesta adquieren una relevancia especial en este sector porque los proyectos vinculados a la administración suelen implicar mayores niveles de control y supervisión, precisamente porque detrás de cada contrato existe un interés público que hay que proteger. De ahí, la relevancia de las garantías que aportan los avales.
Contar con avales ante la administración no solo es un requisito legal o contractual, sino que también aporta ciertas ventajas estratégicas que pueden mejorar tu capacidad para competir en un mercado más estable y desarrollar nuevos proyectos que hagan crecer tu negocio.
Uno de los beneficios más evidentes de contar con el aval de una SGR es la posibilidad de participar en procedimientos de contratación pública que exigen dichas garantías como requisito de acceso. Eso significa que podrás aprovechar más oportunidades de negocio y ampliar tu actividad hacia el ámbito institucional, un sector que suele ofrecer proyectos de gran volumen y estabilidad.
El aval, en sí mismo, transmite confianza. Supone una señal de que la empresa cuenta con suficiente respaldo financiero y capacidad técnica como para asumir las obligaciones derivadas del contrato. Eso proyecta una imagen de mayor solidez, eficacia y compromiso profesional.
Los avales te permitirán cumplir ciertas obligaciones sin necesidad de inmovilizar grandes cantidades de liquidez. En vez de destinar recursos propios a constituir determinadas garantías económicas, puedes preservar la capacidad financiera de tu negocio para realizar otras inversiones, contratar personal, comprar materiales o seguir creciendo.
A la larga, los avales ante la administración no son un mero requisito, son una herramienta indispensable para afrontar proyectos más ambiciosos con mayor seguridad. Por tanto, favorecen un crecimiento más sólido del negocio.
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