Si eres un autónomo o tienes una pyme, es probable que en algún momento necesites solicitar un préstamo para tu negocio, ya sea para financiar las necesidades de circulante, poner en marcha una nueva línea de productos, realizar inversiones en maquinaria, comprar un inmueble o emprender una estrategia de internacionalización.
Sin embargo, obtener esa financiación a veces se convierte en una carrera de obstáculos. En 2023, la carencia de garantías fue la segunda barrera más importante para acceder a los fondos necesarios, según el XIII Informe “La financiación de la pyme en España”, elaborado por Cesgar. Una de cada cuatro pymes consideró que no contar con los avales solicitados es un problema creciente.
Las necesidades de aportar garantías son mayores en las empresas innovadoras, exportadoras y las más jóvenes (con menos de 5 años de vida), aunque los negocios que ya han accedido a la financiación no siempre pueden respirar tranquilos, ya que las entidades bancarias o públicas también solicitan avales cuando llega el momento de renegociar la financiación. En ese contexto, contar con el respaldo de un avalista es la vía más segura para acceder a un préstamo o una línea de crédito con mejores condiciones.
El avalista es la persona o entidad que actúa como fiador, con el fin de garantizar o asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas que ha contraído el avalado. Mediante un aval, el avalista declara que está dispuesto a asumir los compromisos que ha adquirido el avalado frente al beneficiario, generalmente a través del pago de cierta cantidad de dinero.
La figura legal del avalista es muy amplia. Entre los particulares suele tratarse de una persona física de solvencia demostrada e ingresos estables, mientras que en el sector empresarial los propios bancos, las compañías aseguradoras o las Sociedades de Garantía Recíproca son quienes se encargan de avalar a las pymes y autónomos.
Cabe aclarar que, aunque los avalistas suelen garantizar la amortización de un préstamo, también pueden asegurar el cumplimiento de otras obligaciones cuando el autónomo o la pyme se presenta a un concurso público, subasta o ejecución de obra. En ese caso, tendrá que firmar un aval técnico.
La principal obligación del avalista consiste en hacer frente a los compromisos que ha contraído el avalado ante terceros. Si el avalado incurre en impagos de la deuda o no cumple con las condiciones del contrato, faltando a los servicios pactados, el avalista tendrá que asumir el coste económico.
En este sentido, el Código Civil indica que “las obligaciones del avalista se extinguen al mismo tiempo que las del deudor”, lo cual significa que su responsabilidad sólo cesa cuando el avalado termina de pagar el préstamo o finaliza correctamente los servicios para los que había sido contratado.
Si el avalado incumple su compromiso, el beneficiario puede ejecutar el aval. Para ello, debe presentar el aval y los documentos que justifiquen el incumplimiento de las obligaciones del deudor principal.
Como regla general, en el propio aval se especifican las condiciones para su ejecución, un detalle importante para el avalista, puesto que los avales a primer requerimiento obligan a satisfacer las condiciones garantizadas cuando el beneficiario las reclame, sin que tenga que acreditar mínimamente que el avalado no ha cumplido con sus obligaciones. Aunque el avalista puede defender sus derechos ante los Tribunales, probando que el deudor principal ha pagado o cumplido sus obligaciones.
Básicamente, el avalista puede ampararse en tres derechos fundamentales:
Es importante destacar que, en el caso de los avales para los contratos financieros, estos derechos se suelen excluir, ya que se pacta una fianza solidaria. Esto significa que el avalista tiene la misma responsabilidad que el deudor en caso de impago, de manera que no puede obligar al acreedor a reclamar primero al deudor e intente incautar sus bienes.
Sin embargo, aunque el avalista tenga que hacer frente a la deuda que contrajo el beneficiario del aval, tiene derecho a reclamarle las cantidades abonadas, junto a los intereses de demora y una indemnización por los perjuicios causados.
En el caso de las personas que actúen como avalistas, deben tener claro que su fallecimiento no conduce a la extensión del aval. Las obligaciones del avalista siguen teniendo efecto y se transmiten a sus herederos, a menos que el aval tenga una duración determinada. En ese caso, pasado el plazo, el beneficiario no podría reclamar al avalista ni a sus herederos.
Por otra parte, las obligaciones del avalista cambian ligeramente cuando se trata de un aval técnico. Este tipo de aval garantiza que el avalado cumplirá con sus compromisos en forma y tiempo, asegurando, además, su capacidad técnica para desarrollar la obra o brindar el servicio pactado.
En estos casos, si el avalado incumple sus obligaciones, ya sea por problemas de calidad o plazos, el beneficiario tiene derecho a ejecutar el aval. El avalista técnico no tiene la obligación de sustituir al avalado en el compromiso contraído; o sea, no tiene que terminar la obra o brindar el servicio, pero está obligado al pago de una compensación económica.
Muchos autónomos y pymes tienen que presentar un aval para acceder a los préstamos bancarios que precisan para impulsar su negocio. En esos casos, contar con el respaldo de un avalista es muy conveniente. No es casual que el 75,5 % de las pymes consiga un crédito o préstamo mayor y con plazos de devolución más amplios gracias a los avales de las SGR.
De acuerdo con Cesgar, en 2023 las pymes españolas solicitaron garantías para acompañar las solicitudes bancarias destinadas a:
El 45,3% de las pymes que necesitaron avales pidieron fondos para cubrir sus gastos operativos diarios, como el pago a proveedores, salarios o la compra de materias primas. En esos casos, la figura del avalista ayuda a las empresas a acceder a préstamos o líneas de crédito que financien esas actividades a corto plazo, garantizando a la entidad bancaria que recuperará su dinero, aunque el negocio presente problemas de liquidez. Para muchas pymes, este tipo de apoyo es esencial, ya que su flujo de caja varía según la estacionalidad, por lo que, para funcionar todo el año, requieren un respaldo económico adicional.
El 27,5% de las pymes buscaron un avalista que les permitiera encontrar la financiación que necesitaban para realizar inversiones, generalmente enfocadas en expandir o mejorar su negocio a medio y largo plazo. Este tipo de inversiones puede incluir la compra de maquinaria, así como la renovación de las instalaciones, el desarrollo de nuevos productos o la entrada a mercados internacionales. El avalista ofrece al prestamista la seguridad de que la empresa podrá realizar los pagos, incluso en los proyectos que representan un riesgo mayor. Dado que las inversiones son cruciales para el crecimiento empresarial, disponer de un aval puede marcar la diferencia en la capacidad de expansión, sobre todo para los autónomos y las micropymes.
El 33,5% de las pymes han requerido avales técnicos para desarrollar su actividad. Ese tipo de avales aseguran el cumplimiento de las obligaciones no financieras, como los contratos de obra, suministro o servicios. Por tanto, cobran relevancia en sectores donde hay que cumplir requisitos técnicos muy exigentes o plazos de entrega muy ajustados, como la construcción, la ingeniería o algunos servicios. Una vez más, el avalista garantiza que, si la empresa no cumple con el acuerdo, la parte beneficiaria podrá recibir una compensación adecuada que cubra los perjuicios causados.
El 11,9% de las pymes usaron avales para acceder a contratos públicos. De hecho, es habitual que las administraciones exijan un aval para asegurarse de que la empresa puede cumplir las condiciones del contrato, ya sea en términos de plazos o de la calidad del servicio o producto. Esa garantía suele ser obligatoria para participar en licitaciones y competir por contratos con la administración. De cierta forma, nivela el campo de juego para que las pymes puedan competir con empresas más grandes y consolidadas. El avalista no sólo respalda la capacidad de la pyme para llevar a cabo el contrato y garantiza su solvencia económica, sino que también permite al Estado contar con socios fiables y reduce el riesgo de incumplimientos o problemas durante el desarrollo del proyecto.
El 9,5% de las pymes tuvieron que recurrir a los avales para cobrar subvenciones o acceder a fondos públicos. En este caso, el avalista garantiza que la empresa utilizará adecuadamente esos fondos y los destinará al fin acordado. Si, por ejemplo, la pyme no cumple con los requisitos al no lograr el objetivo para el cual se le dio el dinero, el aval permite a la administración pública recuperar el importe no justificado. De hecho, el avalista es una figura particularmente útil para las empresas más jóvenes o aquellas que, aun siendo viables, no tienen una trayectoria consolidada, ya que les otorga credibilidad frente a los organismos públicos, facilitando la obtención de los fondos que necesitan para iniciar o continuar su proyecto.
El aval siempre representa una garantía adicional para las entidades bancarias o las organizaciones públicas ya que, aunque el autónomo o la pyme que solicita la financiación tenga un buen historial crediticio, pueden producirse situaciones inesperadas que pongan en riesgo su negocio y le impidan cumplir con las obligaciones contraídas. En esos casos, la figura del avalista brinda una seguridad adicional.
No obstante, las pymes y autónomos también se benefician de la relación entre avalista y avalado:
Por consiguiente, la figura del avalista se ha convertido en un pilar clave para el crecimiento y la estabilidad de las empresas, sobre todo en un entorno tan competitivo como el actual. Su respaldo no solo te permitirá acceder a los recursos financieros que necesitas, sino que también te abrirá las puertas a nuevas oportunidades de negocio, que muchas veces requieren una garantía externa sólida. Por eso, el avalista actúa como un aliado estratégico que aporta la confianza necesaria para que las empresas puedan asumir riesgos controlados y desarrollar al máximo su potencial.
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