En España existen más de 3 millones de empresas, aunque la inmensa mayoría son pymes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Todos esos negocios generan riqueza y puestos de trabajo, pero, en algunas ocasiones, necesitan financiación externa para llevar a cabo sus proyectos, ya sea en sus inicios, para comenzar la actividad, o más adelante, para ampliar sus operaciones o afrontar una mala racha.
Uno de los principales escollos que encuentran tanto las pymes como los autónomos en su camino hacia la financiación suele ser el aval, un requisito que exigen muchas entidades financieras para proteger su inversión, exigencia también cuando se participaen la licitación de obras y concursos públicos.
El aval es un contrato en el que se refleja el compromiso de cumplimiento de ciertas obligaciones ante un tercero. En práctica, una persona o entidad se compromete a garantizar tu deuda o las obligaciones no dinerarias que hayas contraído ante el acreedor, ya se trate de un banco, la Administración u otra empresa.
También conocido como fianza o afianzamiento, es un elemento complementario al contrato principal y se utiliza para aportar seguridad jurídica a las transacciones antes de llevarlas a cabo. Mediante este instrumento, el prestatario o receptor de los servicios reduce el riesgo al que se expone, pues si faltas a tus obligaciones, reclamará al avalista.
No obstante, para que ese compromiso sea válido, debe existir un contrato por escrito, que se suele oficializar con un aval notarial para proporcionarle un mayor respaldo legal, sobre todo en las transacciones comerciales. En ese caso, interviene un notario en el procedimiento para legitimar las partes, autentificar las firmas y asegurar la legalidad del aval.
¿Qué partes intervienen en un aval?
En un aval intervienen tres figuras perfectamente diferenciadas que cumplen distintos roles legales:
En los ámbitos financiero y comercial en los que se desempeñan las empresas, es fundamental conocer la variedad de avales que existen y comprender su uso en los diferentes contextos para elegir la modalidad más adecuada, según la operación que necesitas garantizar:
Aval provisional
Este tipo de aval se usa, fundamentalmente, para participar en licitaciones públicas o subastas, ya que su objetivo es garantizar que la empresa mantendrá la oferta presentada. Actúa como una fianza provisional, por lo que, si el avalado accede al contrato de obra o suministro, tendrá que presentar otra garantía definitiva.
Aval financiero
Este tipo de aval suele ser necesario cuando solicitas un préstamo o crédito, ya que así el banco se asegura de recibir el pago. Se utiliza para respaldar las obligaciones financieras que contraen las empresas frente a terceros, ya se trate de líneas de crédito, préstamos bancarios o letras financieras.
Como este aval reduce el riesgo al que se expone el beneficiario, suele mejorar las condiciones de financiación para que las pymes y autónomos puedan obtener tipos de interés más bajos y plazos de devolución más amplios. También son una opción válida para cubrir el aplazamiento de pago o los préstamos ante la Administración.
Aval técnico
Estos avales garantizan que cumplirás con los compromisos no dinerarios que hayas contraído. Son comunes para respaldar importaciones y la ejecución de obras. También suelen ser un requisito para participar en concursos públicos y licitaciones, así como para garantizar las obligaciones legales contraídas con la Administración cuando se reciben subvenciones estatales.
La principal diferencia entre el aval técnico y económico radica en que el primero garantiza el cumplimiento de tus obligaciones contractuales, mientras que el segundo cubre tus compromisos de índole financiera.
Aval comercial
Esta modalidad de aval se usa en las compraventas para garantizar el pago de la cantidad acordada. Se puede emplear para avalar todo tipo de bienes, así como el fraccionamiento de los pagos a los proveedores, las sumas que entregas de manera anticipada y los pagos a cuenta.
También se puede utilizar para avalar pagos rotativos, como los que se realizan cuando recibes suministros periódicos. De hecho, es habitual en acuerdos de suministros y en las transacciones entre empresas cuando median sumas elevadas.
A lo largo de la vida de una empresa, es probable que atraviese diferentes situaciones en las que necesite un aval. En 2022, por ejemplo, el 56,2 % de las pymes españolas necesitaron financiación, según el XII Informe de Financiación de la Pyme, lo cual representa un aumento de 21,4 puntos porcentuales en comparación con los datos prepandemia del 2019.
Sin embargo, el 49,2 % de ellas encontraron obstáculos para acceder al crédito, un 12,5 % más en comparación con 2021. El coste de la financiación es el principal escollo, debido, fundamentalmente, al aumento de la inflación y el consecuente incremento de los tipos de interés, pero la segunda barrera más importante es no poder presentar garantías, un problema que afecta al 18,2 % de las empresas y que ha aumentado en 3,4 puntos porcentuales respecto a 2021.
De hecho, según dicho informe, en 2022 se disparó el número de pymes a las que las entidades bancarias les han solicitado avales, pasando del 37,3 % en 2021 al 43,7 % actual.
La mayoría de las empresas pide avales financieros para acompañar las solicitudes de financiación bancaria al circulante. Generalmente, se trata de préstamos a corto plazo que la empresa utiliza para hacer frente a los pagos.
Los avales técnicos son menos comunes: en 2022 los solicitaron el 2,6 % de las empresas para garantizar la entrega del producto o servicio contratado en tiempo y forma. Es probable que necesites recurrir a estos avales si vas a participar en licitaciones y concursos públicos, ya que la Administración querrá cerciorarse de que puedes cumplir con las obligaciones que contraigas. También los necesitarás para acceder a proyectos de gran envergadura en el sector privado.
Las empresas también suelen solicitar avales para obtener la financiación bancaria imprescindible para realizar inversiones. Esas garantías pueden servirte para mejorar la infraestructura de tu empresa, ampliar el almacén, contratar más personal o, incluso, poner en marcha un proceso de internacionalización.
Los negocios de reciente constitución, que suelen tener más dificultades para acceder a préstamos por la falta de historial crediticio y garantías, también recurren a menudo a los avales para financiar la compra de equipamiento o el alquiler del local.
Si necesitas presentar una garantía para impulsar tu negocio o garantizar su funcionamiento, debes tener claro el camino a seguir y los documentos a presentar para agilizar el proceso:
En 2023, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) formalizaron avales por valor de 2.568 millones de euros, lo que supuso un incremento del 12% en el importe facilitado a pymes y autónomos con respecto al año anterior. La financiación facilitada por las SGR ya beneficia a 175.616 pequeñas y medianas empresas y contribuye al mantenimiento de 977.577 puestos de trabajo, según datos de CESGAR.
El principal objetivo de estas sociedades es facilitar el acceso a la financiación a pymes y autónomos. El aval de una SGR te sitúa en una posición más ventajosa para negociar con la entidad bancaria, de manera que podrías obtener una reducción de los tipos de interés y/o una ampliación de los plazos de devolución.
La gama de productos de las SGR para autónomos y los avales para pymes es muy amplia. Pueden avalarte tanto si necesitas un microcrédito de 25.000 euros como si solicitas un préstamo de hasta 100.000 euros. También pueden ayudarte si necesitas aplazar el pago de las compras a proveedores, recibir un anticipo de subvenciones, realizar operaciones de leasing o acceder a una Línea ICO.
Una característica que distingue a las SGR del resto de entidades financieras es que financian a largo plazo los proyectos empresariales. El 90 % de los proyectos financiados son a más de 3 años, de los cuales el 45 % son a más de 8 años.
El aval es un producto de riesgo, por lo que siempre tiene un coste para quien lo contrata.
Una de las principales ventajas de los avales de las SGR es que tienen costes más reducidos. Estas sociedades suelen aplicar una comisión de estudio al inicio, que se calcula en base al riesgo de la operación, y una comisión de aval anual, que implica un porcentaje sobre el principal pendiente de amortización.
Cuando acepten tu proyecto, tendrás que adquirir participaciones sociales en proporción al préstamo solicitado para adquirir la condición de socio, pero cuando termine la operación podrás recuperar ese capital.
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