El retraso en el pago de las facturas es uno de los principales problemas con el que tienen que lidiar muchas pymes, sobre todo cuando llega el momento de liquidar ante Hacienda las facturas emitidas y no pueden esperar a su cobro efectivo. En esos casos se suele producir un problema de liquidez que puede llevar a muchas pymes a echar el cierre.
La Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales indica que el plazo de pago a proveedores no puede superar los 60 días, pero lo cierto es que tan solo el 28 % de las empresas lo cumple. El último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revela que, aunque el año pasado se redujeron los tiempos de pago, aún están lejos de cumplir la norma. En el sector privado la media de pago a proveedores es de 77 días y en el sector público la morosidad duplica lo establecido por ley.
Si sufres un retraso de pago, puedes reclamar los intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro que has tenido que afrontar. Sin embargo, el 92 % de las pymes no exigen una indemnización legal por los costes de recobro y el 85 % ni siquiera piden los intereses de demora. Esto se debe a que desconocen el sistema de reclamación, pero también porque temen perder al cliente, lo cual no es extraño si se tiene en cuenta que el 72% de las pymes reconocen que les han impuesto plazos de pago superiores a los establecidos por ley.
El retraso de pago no causa un impacto en las grandes empresas que han diversificado más los riesgos, disponen de más recursos económicos y pueden acceder con mayor facilidad a líneas de crédito, pero en las pymes ese retraso al pagar la factura puede ser nefasto pues generalmente estas concentran su actividad en unos pocos clientes.
Si un negocio ya tenía problemas de liquidez, el aplazamiento de los pagos puede convertirse en la gota que colma el vaso, sobre todo cuando el ciclo de cobro suele ser más corto que el de pagos. En ese caso, esa pyme no podrá transformar sus activos en efectivo para afrontar el resto de sus obligaciones, como el pago a sus proveedores, las nóminas y los impuestos.
Esto sucede cuando la pyme se ve obligada a autofinanciar sus proyectos en curso, de manera que si se produce un retraso de pago, toda la cadena se ve comprometida. Al carecer de liquidez, la pyme no podrá financiar ni siquiera los proyectos en curso ni asumir nuevos, lo cual conduce a la quiebra.
Aunque la pyme tenga el músculo financiero necesario para afrontar los retrasos de pago, igualmente estos implican pérdidas económicas y de reputación: