La confidencialidad es una necesidad cada vez más importante para las empresas, no solo para proteger la información de sus clientes y cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, sino también para blindar sus planes comerciales, estrategias de negocio y conocimientos técnicos. Para brindar una mayor protección a las empresas, el Gobierno ha presentado el proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
A lo largo de la historia se han producido diferentes casos de robo de secretos industriales. Uno de los más conocidos ocurrió en 1993, cuando General Motors acusó a Volkswagen de espionaje después de que el jefe de producción de Opel y otros siete ejecutivos se fueran a trabajar con la empresa rival. General Motors afirmó que Volkswagen había usado algunos de sus secretos corporativos y la compañía tuvo que indemnizarle con 100 millones de dólares, además de cerrar un acuerdo de mil millones por la compra de piezas durante siete años.
El espionaje industrial está presente en todos los niveles y sectores, causando daños cuantiosos a las empresas, sobre todo aquellas que apuestan por la innovación. Un estudio realizado en la Universidad de Portsmouth reveló que el valor de los activos intangibles de las empresas, como la marca, propiedad intelectual y secretos comerciales, ha aumentado de 19.8 mil millones de dólares en 2001 a 47.6 mil millones en 2016, por lo que el robo de patentes, diseños o bases de datos de clientes puede causar un gran perjuicio económico.
El espionaje industrial también puede provocar grandes daños a la reputación empresarial, afectando a la imagen y la percepción de la compañía que tienen sus clientes reales o potenciales, haciéndole perder cuota de mercado y obligándole a poner en marcha una costosa estrategia de rebranding. En este escenario, contar con una ley que salvaguarde los secretos empresariales es una necesidad de primer orden.
En sintonía con la Directiva de la Unión Europea, la ley de secretos empresariales tiene el objetivo de reforzar la protección de la información empresarial no divulgada, de manera que no se pueda obtener, utilizar o revelar mediante prácticas ilícitas que terminen afectando a la competitividad de las empresas o provocando daños económicos.
Este proyecto de ley determina cuáles son las conductas que implican una violación del secreto empresarial, así como las prácticas que se consideran ilícitas en la obtención, uso y revelación de esa información.
Considera desleal e ilícito, por ejemplo, la divulgación o explotación de los secretos empresariales sin la autorización del titular, sin importar si esa información fue obtenida usando métodos de espionaje o de forma legítima pero con reservas. Eso significa que es un delito abandonar la empresa llevándose la base de datos de los clientes.
La ley de secretos empresariales también brinda herramientas eficaces de protección jurídica para las empresas. Establece cuáles son las acciones legales que las compañías pueden emprender si sufren una violación e indica el alcance de la indemnización por daños y perjuicios. Para calcular esa indemnización se tienen en cuenta los perjuicios económicos que ha sufrido la empresa, incluyendo el lucro cesante, así como el enriquecimiento del infractor, el perjuicio moral causado y los gastos de la investigación en los que incurrió la compañía para presentar las pruebas ante un juez.
Con esta nueva normativa se pretende, además, minimizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de procesamiento legal, brindando soluciones más rápidas que permitan a las empresas recuperarse de los daños sufridos en el menor tiempo posible.
En resumen, el proyecto de ley de secretos empresariales refuerza el marco legal que protege a las grandes empresas y pymes de las prácticas desleales que pueden representar grandes pérdidas, tanto desde el punto de vista económico como de reputación, facilitando además el camino para las reclamaciones legales, de manera que se pueda minimizar el impacto de los daños lo antes posible.
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