Legal

Los contratos son imprescindibles en el mundo empresarial para dejar claras las reglas del juego, aunque suelen representar un coste añadido, tanto en términos económicos como de tiempo. A veces no solo hay que recurrir a un notario, sino que, si una parte incumple las condiciones, la otra tendrá que reclamar el resarcimiento de los daños ante un juez. Los smart contracts se proponen terminar con todo eso, brindando acuerdos automatizados, seguros y con garantías.

¿Qué es un smart contract?

Un smart contract, o contrato inteligente, es un código informático que permite verificar y hacer que un contrato se cumpla automáticamente, imprimiéndole validez legal. Las personas no necesitan intervenir para comprobar o ejecutar este tipo de contratos ya que funcionan con una cadena de bloques, el mismo mecanismo en que se basan las criptomonedas.

¿Cómo funciona un smart contract?

El contenido del contrato se convierte en un código, el cual se almacena en una cadena de bloques. En práctica, los términos del contrato se traducen en una serie de sentencias y comandos que funcionan de manera autónoma gracias a la tecnología blockchain. El código utiliza las reglas lógicas de la programación para garantizar que, si se cumplen ciertas condiciones previstas en el contrato, se ejecute la cláusula correspondiente.

En algunos casos es necesario que intervengan los “oráculos”, agentes externos que verifican si una condición del contrato se ha cumplido. Estos instrumentos informáticos permiten validar las condiciones previstas en el smart contract usando información externa para decidir si una cláusula se ha cumplido o no. Cuando el oráculo obtiene esa información y la contrasta, se ejecuta el contrato y se produce la transacción prevista.

¿Cómo se hace un smart contract?

Para realizar un smart contract es necesario programar sus condiciones. Por el momento, el lenguaje más utilizado es Solidity, muy parecido a Javascript, que puede interactuar con la Ethereum Virtual Machine (EVM).

Cuando el contrato está listo, cada una de las partes implicadas debe firmarlo y, si exige un depósito, se debe realizar en ese momento. Al final, el código se “coloca” en una cadena de bloques para que no pueda ser modificado.

Ventajas e inconvenientes de los smarts contracts para las empresas

Los smart contracts se pueden aplicar a una amplia gama de servicios. Pueden utilizarse en los contratos de préstamos para retirar las garantías si no se realiza el pago a tiempo o en la liquidación de operaciones para transferir los fondos automáticamente. También se pueden usar para automatizar los pagos cuando los proveedores o clientes cumplen con su parte del contrato.

La principal ventaja de los smart contracts es que permiten reducir los costes asociados ya que eliminan a los intermediarios. Eso también implica una reducción del tiempo que se destina a este tipo de interacciones, sobre todo cuando hay que realizar reclamaciones. Una reclamación simple que podría tardar varias semanas, se resuelve rápidamente con un smart contract.

Este tipo de contrato también supone una mayor seguridad respecto al contrato tradicional ya que, gracias a la protección que brinda el sistema de cadena de bloques, es un acuerdo blindado en el que no existe la posibilidad de fraude. Todas esas ventajas se traducen en una mayor agilidad para hacer negocios y una mayor velocidad para ejecutar las transacciones, lo cual implicaría poder cerrar más acuerdos comerciales minimizando el riesgo de incumplimientos.

Por supuesto, los smart contract también encierran algunas desventajas, por lo que es importante contar con un buen asesoramiento jurídico antes de adentrarse en este mundo. El hecho de que los contratos, una vez escritos y programados, no se pueden modificar con facilidad, puede representar un problema en el cambiante mundo de los negocios.

El nuevo año llega cargado de novedades para los autónomos. El Gobierno había planteado vincular las bases de cotización al crecimiento del IPC, acercar los tipos de cotización por contingencias profesionales y desempleo a la de los asalariados, así como obligar a cotizar por accidentes de trabajo y formación profesional. Estos cambios elevarían el tipo de cotización hasta el 31,4 %.

Ese incremento en la cuota de los autónomos multiplicaría por más de cinco las subidas medias que se han aplicado durante los últimos 15 años. De hecho, en la última década la base mínima de cotización ha aumentado casi un 14 % pero las prestaciones no han variado. La buena noticia es que la cuota de autónomos en 2019 sube, pero no tanto como se había previsto inicialmente, y trae una mejoría en las prestaciones.

¿Cuál es la cuota de autónomo en 2019?

Tras intensas jornadas de negociaciones, ATA y UPTA, las organizaciones más representativas de los autónomos, han llegado a un acuerdo con el Gobierno, de manera que no se aplicará la subida de 40 euros al mes que planteó inicialmente la administración sino tan solo de 5,36 euros.

La base de cotización mínima mensual subirá un 1,25 % en 2019, hasta alcanzar los 944,35 euros, y el tipo de cotización aumentará hasta el 30 %. Las contingencias profesionales tendrían un tipo del 0,9 % y el cese de actividad del 0,7 %, ambas de carácter obligatorio. De esta manera, la cuota de los autónomos en 2019 será de 283,30 euros al mes, lo cual representaría unos 64,35 euros más al año.

En el caso de los autónomos societarios, su cuota ascendería a 364,22 euros mensuales, lo que supone un incremento de 6,89 euros al mes y 82 euros más al año, en comparación con lo que pagaban en 2018.

No obstante, los tipos de cotización seguirán subiendo de manera escalonada hasta el 2022, aunque el Gobierno ha señalado que este nuevo sistema de cotización debe ser transitorio pues el objetivo final es que los autónomos coticen a la Seguridad Social según sus ingresos reales.

¿Qué nuevos beneficios obtendrán los autónomos en 2019?

Con el incremento de las cuotas de autónomos en 2019, este colectivo también se beneficia de mejorías en las prestaciones:

Derecho a paro. Se mejora el acceso al paro flexibilizando las condiciones ya que las dificultades para acceder a esta prestación, incluso para los autónomos que cotizan para tenerla, genera cada año un superávit de más de 100 millones de euros. La duración de la prestación también se amplía, llegando a duplicarse.

Derecho a acceder a la formación continua, programas de reciclaje profesional y prevención de riesgos laborales. Esta actividad recaerá en las Mutuas, que serán quienes se encarguen de organizar los cursos de formación, con apoyo del Gobierno.

Derecho a la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

No pagar la cuota de autónomo a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

En el caso de los autónomos que sufran una discapacidad sobrevenida, tendrán derecho a acceder a los mismos incentivos y apoyos que se encuentran disponibles para este colectivo. Hasta el momento, solo los autónomos con una discapacidad que iniciaban una actividad profesional tenían derecho a las bonificaciones.

¿Cuál es la tarifa plana de autónomos en 2019?

La tarifa plana para los nuevos autónomos también sube, de los 50 euros de 2018 aumenta a 60 euros en 2019. Esa cuota incluye tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

Una novedad es que las autónomas embarazadas podrán beneficiarse de esa tarifa plana durante 12 meses sin tener que haber cesado previamente su actividad, siempre que la soliciten dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad.

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“Ninguna empresa puede funcionar sin la cualificación, sin el punto de vista y sin el poder de las mujeres”, dijo la Ministra Carmen Calvo, por lo que no toma por sorpresa que el Gobierno esté impulsando una ley de igualdad laboral que ponga fin a los consejos de administración donde las mujeres no tienen voz ni voto y a la discriminación que estas sufren cuando se quedan  embarazadas o necesitan cuidar de sus hijos.

¿Qué es la ley de igualdad laboral?

Esta ley tiene como objetivo garantizar que se cumpla el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En 2007 ya se había aprobado una ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres pero su puesta en marcha cambió muy poco en el día a día de las empresas.

Con el nuevo proyecto de ley para la igualdad de oportunidades en el trabajo se pretende que no solo la administración pública sino también el sector privado sean un fiel reflejo de la sociedad. Por eso el Gobierno ha trasladado su propuesta para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación a la empresa privada.

¿Qué propone la ley de igualdad de oportunidades en el trabajo?

-          Que exista una composición equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de dirección, órganos o comités, tanto de las entidades públicas como de las privadas, a menos que sea imposible por razones objetivas y fundamentadas.

-          Igualdad de derecho de los trabajadores, hombres y mujeres, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de manera que no se produzca discriminación por género. Una de sus implicaciones prácticas se refiere a que las empresas no pueden rescindir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba a las mujeres que queden embarazadas por este motivo.

-          Derecho a solicitar la adaptación de la jornada de trabajo, incluyendo el trabajo a distancia, para lograr conciliar la vida familiar y laboral. La nueva ley de igualdad laboral no solo prevé un trato especial que facilite el cuidado del lactante hasta los nueves meses de edad sino también la posibilidad de suspender el contrato de trabajo para cuidar a un menor de doce meses.

-          Proporcionar anualmente a la administración competente datos estadísticos relacionados con la distribución de los trabajadores por género. En esos informes se debe incluir el número de socios, directivos, representantes y trabajadores por género, así como el tipo de contrato laboral, el número de horas trabajadas y la retribución media de cada categoría laboral.

La nueva ley de igualdad no ha olvidado el empleo autónomo. Las mujeres que trabajen por su cuenta tendrán derecho a suspender su actividad profesional para cuidar al lactante o menor de doce meses, así como a recibir prestaciones por la maternidad. En el caso de las autónomas dependientes, tienen derecho a negociar un acuerdo profesional que corrija las situaciones en las que resulta evidente una desigualdad respecto a los hombres.

¿Qué sanciones prevé?

La ley de oportunidades en el trabajo también prevé una serie de sanciones para las empresas que no la apliquen. Las infracciones leves, como no realizar un estudio para constatar la existencia de situaciones patentes de desigualdad laboral u obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral implican una multa de 60 a 625 euros.

Las infracciones graves, como impedir el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no dar seguimiento al plan de igualdad en la empresa o establecer un sistema de clasificación profesional que no tenga en cuenta los sesgos de género, acarrean multas de 626 a 6.250 euros.

En el caso de las infracciones muy graves, como la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba debido al embarazo o la maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, las multas pueden ser de hasta 50.000 euros.

¿Cuándo entra en vigor la ley de igualdad laboral?

La ley de igualdad laboral primero debe ser aprobada, aunque el Congreso de los Diputados la tramitará por la vía de urgencia. Cuando entre en vigor, las empresas tendrán entre dos y cinco años para adaptarse a la paridad ya que supondrá un cambio importante, sobre todo en los consejos de administración donde el número de mujeres suele ser bajo.

Los emprendedores exitosos saben que necesitan apoyarse en otros profesionales que les orienten y suplan sus carencias formativas, sobre todo en el área legal. El asesoramiento jurídico es fundamental para conocer la legislación vigente y evitar errores que, a la larga, podrían salir caros. No es casualidad que las grandes empresas cuenten con su propio departamento legal, aunque ésta suele ser una asignatura pendiente para algunas pymes y autónomos.

¿Qué es el asesoramiento jurídico?

El asesoramiento jurídico empresarial, también conocido como “abogacía preventiva”, se centra en ofrecer información a las empresas sobre las leyes y normativas relacionadas con la actividad que desarrollan. El asesor jurídico brinda a las pymes y autónomos un marco legal para que puedan desarrollar su actividad, dotándoles de los instrumentos necesarios para expandirse e innovar dentro de la ley.

¿Cómo puede ayudar el asesoramiento jurídico a las pymes y autónomos?

Derecho laboral

Si te planteas contratar empleados, es fundamental que te oriente un asesor jurídico. Este profesional te indicará cuáles son los tipos de contratos laborales más adecuados y se encargará de gestionar los convenios colectivos.

También te asesorará sobre los derechos y obligaciones de tus empleados respecto a detalles como la jornada de trabajo, retribuciones básicas, permisos y vacaciones, o los riesgos laborales. Contar con un buen asesoramiento jurídico te evitará litigios y costes innecesarios por una mala aplicación de la normativa laboral, algo común en el caso de los despidos y las sanciones disciplinarias.

Derecho mercantil

Contar con un buen asesor jurídico te garantizará que no se vulneren tus derechos cuando estableces relaciones comerciales con otras pymes o autónomos. Supervisará los contratos que firmes con proveedores y clientes, te propondrá medios de pago más convenientes y se asegurará de que las cláusulas y condiciones sean justas. También comprobará que esas empresas tengan las garantías y seguros exigidos por ley.

El asesoramiento a pymes también es vital para el funcionamiento interno del negocio. El asesor se encargará de constituir la sociedad y del reparto de dividendos, regulando la relación entre los socios. En sus manos quedan aspectos tan delicados para la supervivencia del negocio como la transmisión de participaciones en la sociedad limitada, la sucesión o los acuerdos para facilitar la salida de uno de los socios.

Derecho financiero

La asesoría para autónomos y pymes se extiende al plano fiscal. Un asesor jurídico te brindará alternativas de actuación dentro de la ley para que puedas tomar las mejores decisiones fiscales para tu negocio. Te mantendrá informado sobre las novedades en materia fiscal y te indicará la existencia de deducciones o cualquier otro tipo de incentivo fiscal que puedas aprovechar.

Este profesional también te asesorará sobre las condiciones de financiación más ventajosas, en caso de que necesites pedir un préstamo o un crédito, y te echará una mano si recibes una reclamación judicial de un acreedor o si necesitas aplazar una deuda tributaria.

Derecho administrativo

Si uno de tus clientes es la administración, necesitas mantenerte al tanto de todos los cambios legales, para que puedas cumplir con los requisitos y no pierdas el contrato. Un asesor jurídico también te explicará las posibilidades de recurrir si no te convencen ciertas decisiones y te indicará cuáles son los plazos y qué procedimiento seguir para que no pierdas ese derecho.

Si aspiras a firmar un contrato público, el asesoramiento jurídico es esencial para que comprendas cómo funciona el procedimiento de licitación y adjudicación, así como las diferentes modalidades de contratación administrativa. Te garantizará además un equilibrio financiero en el contrato y te ayudará a encontrar opciones de subcontratación o cesión del mismo.

Propiedad intelectual y protección de datos

La innovación es cada vez más importante para las empresas, por lo que es importante que protejan su propiedad intelectual e industrial. Contar con el asesoramiento jurídico adecuado te ayudará a proteger tus creaciones o a reclamar tus derechos si otros las han usado sin tu consentimiento.

También te asesorará en materia de protección de datos. Te explicará tus obligaciones como pyme o autónomo, cómo puedes proteger los datos, durante cuánto tiempo puedes almacenarlos y quién puede tener acceso a ellos. Así no te arriesgarás a recibir una sanción por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos.

Derecho internacional

Si estás pensando en internacionalizar tu pyme, necesitas contar con asesoramiento jurídico para comprender las regulaciones del comercio internacional. Conocer los trámites y procedimientos te permitirá tomar mejores decisiones para acceder a ese nuevo mercado y ahorrar costes, evitando retrasos burocráticos que representen pérdidas económicas.

La confidencialidad es una necesidad cada vez más importante para las empresas, no solo para proteger la información de sus clientes y cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, sino también para blindar sus planes comerciales, estrategias de negocio y conocimientos técnicos. Para brindar una mayor protección a las empresas, el Gobierno ha presentado el proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

¿Por qué es tan importante proteger los secretos empresariales?

A lo largo de la historia se han producido diferentes casos de robo de secretos industriales. Uno de los más conocidos ocurrió en 1993, cuando General Motors acusó a Volkswagen de espionaje después de que el jefe de producción de Opel y otros siete ejecutivos se fueran a trabajar con la empresa rival. General Motors afirmó que Volkswagen había usado algunos de sus secretos corporativos y la compañía tuvo que indemnizarle con 100 millones de dólares, además de cerrar un acuerdo de mil millones por la compra de piezas durante siete años.

El espionaje industrial está presente en todos los niveles y sectores, causando daños cuantiosos a las empresas, sobre todo aquellas que apuestan por la innovación. Un estudio realizado en la Universidad de Portsmouth reveló que el valor de los activos intangibles de las empresas, como la marca, propiedad intelectual y secretos comerciales, ha aumentado de 19.8 mil millones de dólares en 2001 a 47.6 mil millones en 2016, por lo que el robo de patentes, diseños o bases de datos de clientes puede causar un gran perjuicio económico.

El espionaje industrial también puede provocar grandes daños a la reputación empresarial, afectando a la imagen y la percepción de la compañía que tienen sus clientes reales o potenciales, haciéndole perder cuota de mercado y obligándole a poner en marcha una costosa estrategia de rebranding. En este escenario, contar con una ley que salvaguarde los secretos empresariales es una necesidad de primer orden.

¿Qué castiga la ley de secretos empresariales?

En sintonía con la Directiva de la Unión Europea, la ley de secretos empresariales tiene el objetivo de reforzar la protección de la información empresarial no divulgada, de manera que no se pueda obtener, utilizar o revelar mediante prácticas ilícitas que terminen afectando a la competitividad de las empresas o provocando daños económicos.

Este proyecto de ley determina cuáles son las conductas que implican una violación del secreto empresarial, así como las prácticas que se consideran ilícitas en la obtención, uso y revelación de esa información.

Considera desleal e ilícito, por ejemplo, la divulgación o explotación de los secretos empresariales sin la autorización del titular, sin importar si esa información fue obtenida usando métodos de espionaje o de forma legítima pero con reservas. Eso significa que es un delito abandonar la empresa llevándose la base de datos de los clientes.

¿Cómo será el procedimiento legal?

La ley de secretos empresariales también brinda herramientas eficaces de protección jurídica para las empresas. Establece cuáles son las acciones legales que las compañías pueden emprender si sufren una violación e indica el alcance de la indemnización por daños y perjuicios. Para calcular esa indemnización se tienen en cuenta los perjuicios económicos que ha sufrido la empresa, incluyendo el lucro cesante, así como el enriquecimiento del infractor, el perjuicio moral causado y los gastos de la investigación en los que incurrió la compañía para presentar las pruebas ante un juez.

Con esta nueva normativa se pretende, además, minimizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de procesamiento legal, brindando soluciones más rápidas que permitan a las empresas recuperarse de los daños sufridos en el menor tiempo posible.

En resumen, el proyecto de ley de secretos empresariales refuerza el marco legal que protege a las grandes empresas y pymes de las prácticas desleales que pueden representar grandes pérdidas, tanto desde el punto de vista económico como de reputación, facilitando además el camino para las reclamaciones legales, de manera que se pueda minimizar el impacto de los daños lo antes posible.

A raíz de la crisis muchos autónomos y pymes tuvieron que cerrar sus negocios, quedándose con deudas a las que no podían hacer frente. Para paliar esa situación y animar a esos profesionales a emprender de nuevo, en 2015 se aprobó la ley de la segunda oportunidad. En la actualidad hay unas 2 000 solicitudes para acogerse a esta ley, un 40 % más que el año anterior, según reveló el diario Autónomos y Emprendedores. Como resultado, los juzgados están perdonando deudas de hasta medio millón de euros a los autónomos.

¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?

La ley de la segunda oportunidad está dirigida a los autónomos y pymes que no tuvieron éxito en su primera aventura emprendedora, para facilitarles la creación de una nueva empresa. Se trata de un procedimiento extrajudicial gracias al cual el emprendedor puede negociar el pago de sus deudas con sus acreedores para obtener condiciones más ventajosas, con la ayuda de un mediador concursal, que se encargará de conciliar los intereses de ambas partes y ofrecer garantías de pago. Si no se llega a un acuerdo o resulta imposible pagar la deuda, se puede solicitar su condonación.

¿Quién puede acogerse a la ley de la segunda oportunidad?

La ley de la segunda oportunidad se aplica a todos los emprendedores que ejerzan una actividad profesional y se encuentren en situación de insolvencia o prevean que no podrán cumplir con sus obligaciones. No obstante, la deuda no puede superar los cinco millones de euros y no aplica a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

También pueden acogerse a esta ley las personas físicas en estado de insolvencia, en cuyo caso pueden solicitar la exoneración total de sus deudas, o aquellas cuyo patrimonio e ingresos permitan lograr un acuerdo de pago exitoso con los acreedores.

¿Qué requisitos debes cumplir?

• Encontrarse en un estado de insolvencia actual o inminente.
• Haber actuado de buena fe, lo cual significa que la insolvencia no puede haber sido auto provocada para no tener que afrontar deudas.
• No haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores.
• No tener una sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socio económico, la Seguridad Social, Hacienda o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.
• No haber conseguido un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
• Que la deuda no supere los cinco millones de euros.
• Que en los últimos 10 años no te hayas acogido a la ley de la segunda oportunidad.
• Que en los últimos 4 años no hayas rechazado una oferta de empleo “adecuada a tu capacidad”.

¿Cómo solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos?

Para acogerte a la ley de la segunda oportunidad para pymes y autónomos primero debes solicitar un mediador concursal. Debes realizar una instancia en la que indiques el efectivo y los activos líquidos, los bienes, derechos e ingresos regulares que tienes previstos. También tienes que presentar una lista de acreedores, indicando la cuantía y el vencimiento de los créditos.

Cuando se nombre al mediador concursal, éste comprobará la cuantía de las deudas y te convocará a una reunión con los acreedores, en un plazo de dos meses. Cuando se abra el expediente no podrás solicitar más préstamos o créditos, y tendrás que devolver tus tarjetas de crédito, pero tu patrimonio estará protegido pues no se puede iniciar ni continuar una ejecución mientras se negocia el acuerdo. Si uno de los acreedores inicia la ejecución, quedará automáticamente excluido del acuerdo extrajudicial de pagos.

El mediador concursal remitirá a los acreedores un plan de pagos de las deudas, teniendo en cuenta que la moratoria no puede superar los tres años y la quita máxima es del 25% del total de los créditos. También puede proponer que cedas tus bienes a los acreedores para cubrir las deudas.

La ley de la segunda oportunidad para autónomos y pymes brinda diez días a los acreedores para presentar propuestas alternativas o modificaciones. Si aceptan el plan de pago, el acuerdo se oficializa con una escritura pública y se cierra el expediente, publicando un anuncio oficialmente. Esto significa que tu nombre o el de tu negocio aparecerá en las listas de morosos, por lo que será difícil obtener un crédito o encontrar nuevos clientes y proveedores.

Si el plan no es aceptado y eres insolvente, se declarará un concurso consecutivo y podrás solicitar la condonación de las deudas. No obstante, si al cabo de cinco años de haber sido exonerado tu situación económica ha mejorado, los acreedores tienen derecho a exigirte los pagos y pedir que se revoque la condonación.

A finales de 2017 en España había 1,1 millones de trabajadoras autónomas, las cuales representaban el 35,3 % de este colectivo. Si tú también trabajas por tu cuenta y estás esperando a un bebé, es importante que sepas que tienes derecho a distintas ayudas para autónomos que te facilitarán el embarazo y el periodo de lactancia.

¿Cuáles son los requisitos para optar por la baja maternal?

Los derechos de las autónomas embarazadas son los mismos que los de las trabajadoras por cuenta ajena, por lo que si cumples con los requisitos de cotización podrás disfrutar de una baja por maternidad de 16 semanas, de las cuales puedes ceder diez al padre, siempre que no sean las seis primeras.

Los requisitos para cobrar la baja maternal para las autónomas embarazadas son:

• Estar dada de alta en la Seguridad Social en el momento del embarazo.
• Si tienes entre 21 y 26 años, haber cotizado un periodo de 90 días en los últimos siete años o 180 durante toda tu vida laboral.
• Si tienes más de 26 años, haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos siete años o 360 durante toda tu vida laboral.

Desde el 1 de marzo de 2018, para calcular la prestación por maternidad debes tener en cuenta las bases de cotización de los seis meses previos, sumando cada una de ellas y dividiéndolas entre 180 días. Dado que ahora puedes cambiar de base de cotización hasta cuatro veces a lo largo de un año, si quieres recibir una prestación más alta puedes aumentar la base de cotización durante los seis meses antes de solicitar el permiso.

Mientras estés de baja por maternidad no tendrás que pagar la cuota de autónomos a la Seguridad Social y durante ese tiempo recibirás el 100% de la base reguladora. Otra alternativa consiste en pedir una ayuda a tiempo parcial, de manera que si reduces tu actividad en un 50 % recibas una prestación del 50 % sobre la base de cotización.

¿Qué ocurre si enfermas durante el embarazo?

Si enfermas durante el embarazo, puedes causar baja por incapacidad temporal y cobrar los porcentajes que determina la ley para todos los trabajadores: el 60 % de la base de cotización desde el día 4 hasta el 21 de la incapacidad temporal y el 75 % a partir de esa fecha.

Si la baja se debe a que tu trabajo representa un peligro para la gestación, se tramita como una baja por riesgo en el embarazo. En ese caso tienes derecho a cobrar una prestación del 100 % de la base de cotización.

Esa prestación también se aplica cuando el trabajo que realizas es incompatible con la lactancia, es lo que se conoce como prestación de riesgo durante la lactancia. La fatiga, ciertas condiciones ambientales, el estrés o la exposición a productos contaminantes se consideran factores de riesgo que pueden afectar tu capacidad de lactar. Esta prestación se mantendrá durante un periodo máximo de 9 meses.

Ayudas para retomar la actividad laboral después del parto

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo prevé una tarifa plana de 50 euros durante los primeros doce meses para quienes coticen por la base mínima. Si has cursado baja en el régimen de autónomos por la maternidad y quieres volver, puedes aprovechar esa bonificación, siempre y cuando lo hagas durante los dos años después del parto. Si decides cotizar por la base superior, la ayuda para los autónomos mujeres consiste en una reducción del 80 % de la cuota.

Deducción del IRPF

También puedes deducir de la declaración de la renta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Puedes cobrar esa cantidad en pagos fraccionados mensuales de 100 euros, que debes solicitar a través del modelo 140, o deducir el total del IRPF.

La nueva Ley de Contratos Públicos que entró en vigor en marzo de 2018 ha traído buenas noticias para las pymes. Con esta normativa las pymes tendrán más oportunidades de contratación ya que se eliminan algunas trabas en los requisitos de solvencia, se reduce el tamaño de los proyectos y se simplifica el proceso para acceder a las licitaciones públicas.

Uno de los objetivos de esta ley de contratos en el sector público es impulsar el crecimiento de las pymes liberándolas del yugo que suponen muchas subcontratas de las grandes empresas. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación será la encargada de velar por su correcta aplicación.

Las principales novedades de la ley de contratos públicos que benefician a las pymes

División de los contratos en lotes.

Con esta medida es obligatorio dividir los contratos en proyectos más pequeños, de manera que sean más asequibles para las pymes y autónomos. El objetivo del servicio a contratar también debe corresponder con el proyecto y no solo guardar relación con el mismo, lo cual abre las puertas a una mayor especialización.

Primará la oferta con mejor relación calidad/precio.

Con la ley de contratos en el sector público cambian los criterios de valoración, de manera que las entidades no deben limitarse a elegir la oferta económica más baja, sino que también deben considerar la calidad y asignar el contrato al mejor licitador. Así se evita adjudicar los contratos a las ofertas más económicas, que suelen provenir de las grandes empresas pues son quienes pueden ofrecer servicios a un bajo coste.

Control de la morosidad.

Esta ley incorpora una condición especial en ciertos contratos que impide a las empresas adjudicatarias retrasar el pago a sus proveedores. Se intenta evitar que las grandes empresas terminen financiándose a costa de las pymes, que eran quienes soportaban el mayor peso del proyecto, pero se quedaban sin liquidez debido a los impagos. Por primera vez se ha incluido la posibilidad de realizar pagos directos a los subcontratistas, para facilitar el trabajo de las pymes y no dejarlas desprotegidas ante la posición dominante del adjudicatario principal.

Transparencia.

La nueva ley de contratos públicos fomenta un procedimiento más transparente, de manera que las pymes ya no tendrán trabas para presentar sus ofertas a aquellas licitaciones a las que solo se podía acceder mediante invitación pues, debido a su cuantía, no se realizaba publicidad. Ahora todas las licitaciones y sus resultados se publicarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Simplificación de los procedimientos administrativos.

Uno de los principales objetivos de la ley de contratos en el sector público es reducir las cargas administrativas, facilitar el procedimiento de licitación y adjudicar rápidamente los contratos. Por tanto, se extiende el uso de la declaración responsable y se pone en marcha un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de obras por debajo de los 2 millones de euros o para contratos de suministros o servicios hasta los 100 000 euros.

Flexibilización de los criterios de solvencia.

La nueva ley de contratos públicos indica que los requisitos de solvencia se deben adaptar a las características de cada proyecto, de manera que incluso las pymes de reciente creación puedan tener acceso a ellos. Esta flexibilización también implica que no se exigirá la constitución de garantía provisional.

Esta ley de contratos en el sector público no pretende beneficiar a las pymes sino más bien marcar pautas para que todos los licitadores reciban un trato justo e igualitario. Ahora muchas pymes y autónomos podrán ampliar su cartera de clientes accediendo a un mercado que mueve unos 200 mil millones de euros y que hasta el momento era bastante restringido.

Si tienes un trabajo como empleado y te apetece emprender una actividad profesional por cuenta propia, puedes hacerlo como autónomo. La pluriactividad es una fórmula muy interesante a la que están recurriendo cada vez más profesionales porque les permite emprender un proyecto propio sin renunciar a la seguridad que representa el puesto de trabajo fijo.

¿Qué es la pluriactividad?

No es lo mismo ser pluriempleado que estar en situación de pluriactividad, aunque a menudo ambos términos se usan indistintamente. Si trabajas para dos o más empresas pero solo cotizas por el Régimen General, se considera que estás en situación de pluriempleo.

La pluriactividad implica realizar dos o más actividades laborales que obligan a cotizar en más de un Régimen de la Seguridad Social. La empresa para la que trabajes pagará las cuotas por el Régimen General y tú tendrás que darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pagando las cuotas correspondientes.

¿Existen ayudas para los nuevos autónomos en situación de pluriactividad?

Con la Ley de Emprendedores se aprobó una reducción de las bases de cotización para los nuevos autónomos en situación de pluriactividad, incluyendo los autónomos societarios, de manera que el costo de trabajar por cuenta propia será menor del habitual durante los tres primeros años.

• Si tienes un trabajo a jornada completa y comienzas tu andadura como autónomo podrás beneficiarte de una reducción de hasta el 50% de la base mínima de cotización durante los primeros 18 meses de alta. Durante los próximos 18 meses cotizarás el 75% de la base mínima.
• Si tienes un trabajo a tiempo parcial con una jornada superior al 50%, durante los primeros 18 meses de alta podrás cotizar el 75% de la base mínima y durante los 18 meses posteriores abonarás el 85%.

Cuando te des de alta como autónomo en el RETA podrás solicitar esas bonificaciones, pero debes tener en cuenta que no son compatibles con otras, como la tarifa plana de 50 euros, por lo que tendrás que valorar qué opción te conviene más.

Otra buena noticia es que no tendrás que cotizar por incapacidad temporal, una cobertura obligatoria para el resto de los autónomos ya que esta prestación queda cubierta por el Régimen General de la empresa donde trabajas. La cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también es voluntaria.

Restricciones a la cotización y devolución del exceso pagado

Si has superado el techo máximo de cotización por contingencias comunes, que son 12.368,23 euros, tienes derecho a que te devuelvan el 50% del exceso de las cotizaciones ingresadas, con un límite del 50% de las cuotas pagadas en el Régimen Especial.

Hasta el año pasado, para reclamar la devolución por el exceso de cotización tenías que presentar una solicitud pero con la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo la Seguridad Social devolverá el exceso de cotización sin necesidad de realizar ese trámite.

¿Tendrás derecho a dos pensiones?

Si cumples con los requisitos exigidos por cada régimen, tendrás derecho a dos pensiones. Si en el momento de la jubilación no estás dado de alta en uno de esos regímenes, es imprescindible que las cotizaciones acreditadas se hayan superpuesto durante al menos 15 años. En caso de que no tengas derecho a la pensión en uno de ellos, lo que has cotizado se sumará al régimen por el que curses la pensión.

En España hay 3,2 millones de autónomos, el 22% de los cuales está generando empleo, pero prácticamente el 90% sigue cotizando por la base mínima y un 97% admite que no llega a ser mileurista.

Para ayudar a este colectivo, el año pasado el gobierno aprobó la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, aunque algunas de sus medidas entraron en vigor el 1 de enero de este año. Te contamos cuáles son para que les saques el máximo provecho.

Siete medidas para impulsar el trabajo autónomo

 1. Ampliación de la tarifa plana.

 Con la nueva ley de autónomos, la tarifa plana se amplía durante un periodo de 24 meses. Durante el primer año se aplicará 50 euros. Al año siguiente, los autónomos podrán aprovechar una reducción del 50% (137,97 euros) de la cuota durante los primeros seis meses y del 30% (192,79 euros) durante los seis meses restantes. Las mujeres de menos de 35 años y los hombres menores de 30 pueden aprovechar una bonificación adicional de un año del 30% sobre la cuota por contingencias comunes.

2.   Facilitación de las condiciones de acceso. 

Esta ley de autónomos facilita las condiciones de acceso ya que reduce el plazo permitido sin cotizar a dos años, en vez de cinco, como se exigía antes. En el caso de los autónomos que ya han disfrutado de una bonificación, el plazo será de tres años.

3.    Altas y bajas. 

Podrás darte de alta o de baja hasta tres veces a lo largo de un año natural. Con la nueva ley de autónomos tampoco tendrás que cotizar por el mes completo sino tan solo por los días trabajados efectivamente, contando a partir del día del alta.

4.    Base de cotización. 

Para lograr que el sistema de cotización sea más justo, ahora los autónomos pueden cambiar su base de cotización hasta cuatro veces a lo largo del año natural, una medida muy conveniente para los negocios que tienen una gran estacionalidad.

5.    Deducción de suministros.

Una de las medidas más interesantes de esta nueva ley de autónomos son lasdeducciones del 30% de los suministros del hogar como la electricidad, el agua, la luz e Internet sobre la parte de la vivienda donde realizas la actividad profesional, siempre y cuando hayas declarado los metros cuadrados correspondientes en el modelo 036 o 037. También puedes deducir hasta 27,27 euros diarios en España y 48 euros en el extranjero por concepto de manutención, asegurándote de que esos gastos corresponden a tu actividad económica y tengas la factura correspondiente.

6. Reducción del recargo por deudas. 

Esta ley de autónomos reduce los recargos por deudas con la Seguridad Social del anterior 20% al 10%, siempre que pagues dentro del primer mes natural posterior al del vencimiento del plazo de ingreso.

7.   Facilidades para las personas vulnerables. 

Las personas que tienen una discapacidad superior al 33% y aquellas que hayan sido víctimas de la violencia de género o del terrorismo, pueden aprovechar una reducción de la cuota a la Seguridad Social del 80% durante el primer año y del 50% los siguientes 48 meses.