La Navidad es el momento perfecto para reforzar tu estrategia de fidelización y mantener tu marca activa en la mente de los clientes, así como para estrechar los lazos con los empleados que han trabajado a tu lado durante todo el año y con tus proveedores de confianza. Por supuesto, la cena de Navidad, las cestas y los regalos representan un coste adicional para tu negocio, por lo que si eres autónomo es probable que te preguntes si puedes deducir esos gastos.

¿Puedes deducir los gastos de las cestas de Navidad?

Como autónomo, puedes deducir todos aquellos gastos en los que incurras para la realización de tu actividad profesional, siempre que puedas justificarlos y cuentes con la factura o justificante de compra. Los gastos de Navidad no son una excepción, pero existen algunos detalles importantes recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades que debes tener en cuenta.

Las cestas de Navidad, por ejemplo, uno de los regalos más comunes en estas fechas, se pueden deducir, pero siempre y cuando formen parte de los usos y costumbres de tu negocio. Eso significa que, para que la Agencia Tributaria considere que tienes derecho a deducir el gasto que representan, debe ser un hábito repetido a lo largo del tiempo.

Por tanto, si nunca has regalado cestas de Navidad o lo has hecho de manera ocasional, no podrás deducir esos gastos. Para poder deducir su importe, tendrás que justificar su naturaleza y sistematicidad. Por consiguiente, el primer año no las podrás deducir, pero si guardas los comprobantes, durante los años sucesivos podrás deducir ese gasto pues se considera que se trata de una costumbre.

¿Puedes deducir los regalos a clientes?

Las cestas de Navidad que regales a clientes, colaboradores o proveedores se consideran gastos de relaciones públicas, por lo que son deducibles bajo este concepto, pero debes cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, es importante que la factura refleje que se trata de un obsequio personalizado y que los regalos lleven tu logo.

También puedes regalar muestras de productos, pero en ese caso los obsequios deben carecer de valor intrínseco, por lo que deben llevar grabado de manera indeleble la publicidad de tu marca o indicar que se trata de una “muestra comercial” o que está “prohibida su venta”.

En cualquier caso, este tipo de gastos no puede sobrepasar cierto importe. La ley es muy clara: “los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 % del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo”. En el caso de las muestras gratuitas de productos, estos no deben superar los 200 euros de importe al año.

¿Puedes deducir el IVA de los gastos de Navidad?

Todo lo relacionado con la aplicación y declaración del IVA está regulado por la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el artículo 7, esta indica que “no estarán sujetas al impuesto las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales”.

Si adquieres regalos o cestas de Navidad para tu personal, clientes y/o proveedores, no tendrás que repercutir IVA por la entrega, pero las cuotas soportadas en la adquisición no serán deducibles. No obstante, si los regalos consisten en productos que comercializas habitualmente, tendrás que repercutir el IVA, pero las cuotas soportadas son deducibles. En el caso específico de la cena de Navidad, el IVA soportado no es deducible.

Por último, no olvides que para deducir los gastos de Navidad, estos deben estar debidamente inscritos en tus libros de contabilidad y debes guardar la justificación documental pertinente para presentarla si Hacienda la solicita en el momento de calcular el IRPF.

El colectivo formado por los trabajadores autónomos no está pasando por su mejor momento. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos alertó de que este año se han producido más bajas que altas, en comparación con el mismo periodo de 2018, lo cual puede ser un signo de que existe una “burbuja del emprendimiento” a punto de explotar.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han apuntado a la parálisis que atraviesa España y todas las reformas estructurales que se han quedado en suspenso, reclamando al Gobierno en funciones y a los diferentes grupos parlamentarios la aprobación de una serie de medidas que impulsen y faciliten el trabajo autónomo.

Las principales medidas que propone la ATA

Eximir de la cotización a los trabajadores autónomos cuyos ingresos no superen la mitad del salario mínimo interprofesional anual. Para ello, tendrán que demostrar que no han realizado una actividad continua durante 2 meses o discontinua durante 4 meses en un periodo de un año.

Tarifa plana de 60 euros para aquellos autónomos cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional, aplicable durante 2 años que pueden ser prorrogables.

Tarifa plana de 30 euros para estudiantes menores de 25 años que estén cursando estudios universitarios, superiores reglados o FP, aplicable durante todo el periodo formativo.

Tarifa plana de 30 euros durante 24 meses para las mujeres que emprendan en el ámbito rural (poblaciones de menos de 5.000 habitantes), ya inicien una nueva actividad o se encarguen de la sucesión de una empresa.

Ampliar de 12 a 24 meses la tarifa plana de 60 euros para las autónomas que se reincorporen a la actividad después de la maternidad. Las mujeres que hayan interrumpido su actividad por la maternidad podrán acogerse a la tarifa plana dentro de los dos años siguientes a partir de la fecha en que se reincorporan a la actividad.

Tarifa plana de 60 euros durante el primer año para los autónomos que contraten a su primer trabajador de manera indefinida, siempre que no hayan tenido trabajadores durante los últimos 12 meses.

Posibilidad de deducir las cuotas de los autónomos societarios en el Impuesto de Sociedades, siempre que exista proporcionalidad entre la base de cotización y los rendimientos que declara la sociedad.

Brindar un subsidio de 426 euros durante 6 meses a los autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad.

Los nuevos autónomos cuya facturación no supere los 30 000 euros anuales, quedarán exentos de tributar en concepto de IVA durante los 24 primeros meses de actividad por el importe que resulta de la diferencia entre el IVA soportado y el repercutido.

Garantizar los aplazamientos de IVA a los autónomos, de manera que disminuya la presión fiscal y se facilite el pago.

Ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos sin que sea necesario contratar a un trabajador. Así se brinda la posibilidad de compatibilizar pensión de jubilación con una actividad laboral.

Calcular la pensión sobre toda la vida laboral, teniendo en cuenta el 75 % de los mejores años y el 25 % de los peores.

Establecer una retribución mínima del Trabajador autónomo dependiente (TRADE) de 1 050 euros mensuales para evitar posibles abusos. Además, el TRADE, no su cliente, es quien debe comunicar y registrarse a través del Sistema RED, indicando los datos del cliente o clientes, que supongan al menos el 75 % de su facturación.

Posibilidad de deducir en el IRPF el 100% del gasto del vehículo eléctrico y la totalidad del IVA en su adquisición, tanto si se trata de un vehículo profesional como de aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad del autónomo.

Con estas y otras medidas la ATA pretende fomentar la contratación por parte de los autónomos, brindarles una mayor protección social, combatir la figura del falso autónomo, reducir las trabas y cargas administrativas y disminuir la presión fiscal.

Una adecuada gestión de clientes es fundamental para afrontar las épocas más complicadas del negocio o lidiar con un aumento de la competencia en el sector. Conocer a tus clientes y monitorizar sus hábitos de compra, te permitirá ofrecer experiencias personalizadas que contribuyan a la fidelización y aumenten tu cuota de mercado.

¿Por qué debes gestionar a tus clientes?

Segmentar mejor. Las herramientas de gestión de clientes te permiten monitorear, clasificar y medir el comportamiento de los consumidores, de manera que podrás obtener perfiles más precisos de tus diferentes clientes objetivos (o poner otro término que se entienda mejor).

Mejorar la experiencia de compra. Conocer mejor a tus clientes y al público potencial te permitirá diseñar estrategias de marketing personalizadas que mejoren significativamente la experiencia de compra.

Aumentar el índice de fidelización. Una adecuada gestión de los clientes va más allá de las ventas. Al crear un vínculo emocional a largo plazo con tus clientes, podrás convertirte en una love branding y lograr que pasen de ser simples consumidores a embajadores de tu marca.

Todo esto se traduce en un mayor volumen de negocio, podrás incrementar tus ventas y los beneficios.

¿Cómo seleccionar buenos clientes para tu empresa?

La mayoría de las empresas destinan muchos recursos a diseñar planes de marketing, acciones y promociones para ganar nuevos clientes. Sin embargo, al igual que los clientes eligen los productos y servicios, también las empresas deben seleccionar a los buenos clientes para que pasen a formar parte de su cartera.

1. Determina el perfil del cliente ideal

El cliente ideal es aquel que comprende el valor del producto o servicio que ofreces y está dispuesto a pagar su precio. Te ayudará tener claro quiénes son los consumidores que más pueden beneficiarse con tus productos o servicios, aquellos a los que puedes aportar más valor.

Si ya tienes una cartera de clientes, puedes utilizarla para identificar las características más interesantes para tu modelo de negocio. Ten en cuenta factores como la capacidad económica, nivel de exigencia, compromiso con el pago y las incidencias que provocan a lo largo del proceso de compra.

2. Adapta la estrategia de marketing al perfil deseado

Tendrás que adaptar tu estrategia de marketing al perfil del cliente que hayas determinado, centrándote en las características que más te interesan. Así tu mensaje impactará positivamente en el público que quieres atraer.

3. Gestiona eficientemente al cliente

El trabajo con el cliente no termina con su adquisición, es necesario clasificarlo en diferentes grupos o segmentos que faciliten su gestión y fidelización, para mejorar su experiencia de compra y aportarles valor a través de los servicios de postventa.

¿Por qué es mejor dejar de tener a ciertos clientes?

Todas las empresas necesitan reconocer que su producto o servicio no es ideal para todo tipo de clientes, no brindará los mismos resultados ni generará idéntica satisfacción. Enfocarte en tu cliente ideal, te permitirá concentrar tus esfuerzos y recursos ganando en eficiencia.

Eso significa que algunos clientes, más que aportar, restan a tus intereses y objetivos de negocio, llegando a ser nocivos. Los clientes que, por alguna u otra razón no se sienten satisfechos con tus productos o servicios, pueden dejar retroalimentaciones negativas que afecten la imagen de tu negocio.

Otros clientes pueden demandar un servicio muy personalizado que quizá no puedes ofrecer o que, simplemente, no te compensa desde el punto de vista económico porque sus compras son escasas.. También hay clientes que tardan demasiado en pagar, generan un número más elevado de incidencias o introducen cambios constantes en los proyectos, que representan un retraso para el flujo de trabajo del negocio.

En todos esos casos, deberías plantearte si te resulta conveniente retener a ese tipo de clientes.

Cumplir con tus obligaciones tributarias es fundamental, tanto si eres autónomo como si llevas una pyme. Si no lo haces, es probable que tengas que pagar multas, recargos e intereses de demora. Adeudar a la Agencia Tributaria también te cerrará las puertas a las líneas de crédito y te impedirá participar en licitaciones públicas o acceder a ayudas y subvenciones estatales. Si no puedes hacer frente a los pagos por un problema de liquidez, la mejor opción es aplazar tu deuda con Hacienda.

¿Qué deudas se pueden aplazar?

La Agencia Tributaria permite aplazar deudas a los autónomos y las pymes en cualquier momento, desde que comienza el periodo voluntario de pago del impuesto hasta su vencimiento. Si no has podido pagar a tiempo, puedes solicitar igualmente el aplazamiento durante el periodo ejecutivo. La posibilidad de aplazamiento desaparece cuando se inicia el procedimiento de embargo.

Las deudas con Hacienda que puedes aplazar son:

-       Pagos fraccionados del IRPF para los empresarios o profesionales, ya trabajen en estimación directa, según las ganancias reales, u objetiva, por módulos Se trata de los modelos 140 y 131.

-       Declaración anual del IRPF. Si solicitas un fraccionamiento, tendrás que pagar el 60 % del total en el primer plazo, hasta el 30 de junio, y el 40 % restante en el segundo plazo, hasta el 5 de noviembre. Esta opción no tiene un coste añadido y, si no dispones de la liquidez necesaria para realizar el primer pago, puedes solicitar un aplazamiento.

-       Declaración anual del Impuesto de Sociedades. Los emprendedores que lleven una pyme también pueden aplazar la cuantía que grava la obtención de renta por parte de las sociedades, que sería el modelo 200.

Recuerda que para aplazar una deuda con Hacienda, tienes que justificar los motivos por los cuales no puedes pagar. Cuando la Agencia Tributaria acepte el aplazamiento, fijará un calendario de pagos hasta satisfacer la totalidad de lo adeudado, más el recargo.

¿Qué deudas no se pueden aplazar?

Con la reciente modificación de la Ley General Tributaria, no se pueden fraccionar ni aplazar las siguientes deudas:

-       Deudas del obligado a realizar ingresos a cuenta. Se trata de los modelos 111, 115 y 123.

-       Deudas derivadas de tributos legalmente repercutidos, a menos que demuestres que estos no han sido pagados.

-       Pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, el modelo 202.

-       Deudas derivadas de la ejecución de resoluciones firmes, total o parcialmente desestimatorias, suspendidas durante las reclamaciones o recursos, ya sean por vía administrativa o contenciosa.

¿Cómo se aplaza una deuda con Hacienda?

Presenta la solicitud de aplazamiento de manera presencial o telemáticamente, siguiendo los pasos que indica la Agencia Tributaria. Tendrás que presentar una solicitud independiente para cada deuda que se quiera aplazar y la documentación que justifique el aplazamiento. Junto a esa solicitud debes presentar un calendario de pagos, hasta un máximo de 12 plazos anuales. Si Hacienda no lo acepta, te propondrá un calendario alternativo. 

En el caso de las deudas inferiores a 30.000 euros, desde que entró en vigor la ley de 2015, mediante la cual se aumentó el límite exento de aportar garantías en las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento, el proceso es automatizado y no es necesario presentar un aval, seguro de caución o garantía hipotecaria.

Si la deuda supera los 30.000 euros, tendrás que presentar un aval. En cualquier caso, considera que contar con un aval implica ciertas garantías, por lo que el interés de demora que se aplica es más bajo. El recargo a pagar sí dependerá del tipo de interés que se fije cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Si necesitas un aval para fraccionar o aplazar tu deuda con Hacienda, o para conseguir financiación que te permita sanear tus cuentas, puedes contar con la ayuda de las SGR.

Una de las primeras decisiones que debes tomar a la hora de emprender un proyecto se refiere a la forma jurídica bajo la cual vas a operar. Trabajar como autónomo suele ser lo más sencillo, pero no siempre es lo más conveniente. En algunos casos es más interesante crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).

¿Qué es la responsabilidad limitada?

La responsabilidad limitada es el principio legal bajo el cual se constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada, una forma jurídica que protege al emprendedor al limitar su responsabilidad frente a terceros.

A diferencia de los autónomos, que deben responder con su patrimonio personal si el negocio quiebra y arrastra deudas o recibe una demanda a la que no puede hacer frente, el principio de responsabilidad limitada implica que el emprendedor solo puede perder lo que ha invertido en la empresa. Su patrimonio personal no se verá comprometido, a menos que se demuestre que ha actuado de mala fe.

Ventajas de crear una empresa de sociedad limitada

La responsabilidad frente a terceros se limita al capital social de la empresa y los bienes de su propiedad.

Existe la posibilidad de constituir una sociedad limitada unipersonal, de manera que no es necesario contar con un número mínimo de socios.

Sus costes de constitución son asequibles, en el orden de los 600 euros, y el capital social mínimo exigido es de 3 000 euros, que puedes usar para financiar inversiones en la empresa. 

El proceso de constitución y gestión es más sencillo. Dado que la Sociedad de Responsabilidad Limitada cuenta con un capital pequeño, su constitución es más rápida y los estatutos demandan menos previsiones que una Sociedad Anónima. Sus costes legales y contables también suelen ser más asequibles.

El emprendedor puede asignarse un sueldo y desgravarlo como gasto de la empresa.

Más facilidades para acceder al crédito que ofrecen las entidades bancarias ya que una sociedad de responsabilidad limitada transmite una imagen más profesional y solvente.

Posibilidad de captar a clientes más importantes y acceder a proyectos de mayor envergadura ya que una empresa brinda más confianza y seguridad.

Reducción de la carga fiscal cuando se superan ciertas ganancias ya que el impuesto de sociedades es fijo al 25 %, mientras que los tipos impositivos del IRPF son progresivos. Además, según la ley de apoyo al emprendedor, durante los dos primeros años en los que obtengas beneficios podrás tributar al 15 %.

Requisitos y trámites para crear una sociedad de responsabilidad limitada

1. Registra el nombre de la empresa.

En el Registro Mercantil Central, ya sea de manera presencial u online, solicita el certificado negativo de denominación social, un documento mediante el cual se acredita que el nombre de tu empresa es único. Con ese certificado reservas el nombre para tu empresa durante seis meses, pasado el cual, si no has hecho el registro ante notario, tendrás que renovarlo. 

2. Deposita el capital social en una cuenta bancaria a nombre de tu empresa.

Abre una cuenta bancaria y deposita los 3 000 euros que representan el capital social mínimo. El banco te dará un certificado de dicho ingreso. 

3. Constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Necesitas redactar, junto a los socios, los Estatutos Sociales, las normas por las que se regirá el funcionamiento de tu pyme. Con ese documento, la certificación negativa del Registro Mercantil Central y el certificado bancario, podréis firmar la escritura pública de la constitución de la sociedad ante notario.

4. Solicita el NIF.

Sigue los pasos que especifica la Agencia Tributaria para solicitar el NIF. Ten en cuenta que, al inicio, te facilitarán un NIF provisional, recibirás el definitivo en un plazo de seis meses.

5. Date de alta en IAE y presenta la Declaración Censal.

En Agencia Tributaria también debes dar de alta tu empresa en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), indicando la actividad empresarial que vas a realizar. También tienes que presentar la declaración censal mediante el modelo 036 o 037.

6. Inscribe la empresa en el Registro Mercantil.

Para que tu empresa tenga forma jurídica, debes inscribirla en la oficina del Registro Mercantil de la provincia donde esté domiciliada, presentando todos los documentos que acrediten su constitución. Para realizar este trámite tendrás un plazo de dos meses, contando a partir de la obtención de la escritura de la constitución.

Por último, recuerda que puedes contar con un aval de las SGR para comenzar tu negocio y obtener la financiación que necesitas para llevar adelante tu proyecto.

Los contratos son imprescindibles en el mundo empresarial para dejar claras las reglas del juego, aunque suelen representar un coste añadido, tanto en términos económicos como de tiempo. A veces no solo hay que recurrir a un notario, sino que, si una parte incumple las condiciones, la otra tendrá que reclamar el resarcimiento de los daños ante un juez. Los smart contracts se proponen terminar con todo eso, brindando acuerdos automatizados, seguros y con garantías.

¿Qué es un smart contract?

Un smart contract, o contrato inteligente, es un código informático que permite verificar y hacer que un contrato se cumpla automáticamente, imprimiéndole validez legal. Las personas no necesitan intervenir para comprobar o ejecutar este tipo de contratos ya que funcionan con una cadena de bloques, el mismo mecanismo en que se basan las criptomonedas.

¿Cómo funciona un smart contract?

El contenido del contrato se convierte en un código, el cual se almacena en una cadena de bloques. En práctica, los términos del contrato se traducen en una serie de sentencias y comandos que funcionan de manera autónoma gracias a la tecnología blockchain. El código utiliza las reglas lógicas de la programación para garantizar que, si se cumplen ciertas condiciones previstas en el contrato, se ejecute la cláusula correspondiente.

En algunos casos es necesario que intervengan los “oráculos”, agentes externos que verifican si una condición del contrato se ha cumplido. Estos instrumentos informáticos permiten validar las condiciones previstas en el smart contract usando información externa para decidir si una cláusula se ha cumplido o no. Cuando el oráculo obtiene esa información y la contrasta, se ejecuta el contrato y se produce la transacción prevista.

¿Cómo se hace un smart contract?

Para realizar un smart contract es necesario programar sus condiciones. Por el momento, el lenguaje más utilizado es Solidity, muy parecido a Javascript, que puede interactuar con la Ethereum Virtual Machine (EVM).

Cuando el contrato está listo, cada una de las partes implicadas debe firmarlo y, si exige un depósito, se debe realizar en ese momento. Al final, el código se “coloca” en una cadena de bloques para que no pueda ser modificado.

Ventajas e inconvenientes de los smarts contracts para las empresas

Los smart contracts se pueden aplicar a una amplia gama de servicios. Pueden utilizarse en los contratos de préstamos para retirar las garantías si no se realiza el pago a tiempo o en la liquidación de operaciones para transferir los fondos automáticamente. También se pueden usar para automatizar los pagos cuando los proveedores o clientes cumplen con su parte del contrato.

La principal ventaja de los smart contracts es que permiten reducir los costes asociados ya que eliminan a los intermediarios. Eso también implica una reducción del tiempo que se destina a este tipo de interacciones, sobre todo cuando hay que realizar reclamaciones. Una reclamación simple que podría tardar varias semanas, se resuelve rápidamente con un smart contract.

Este tipo de contrato también supone una mayor seguridad respecto al contrato tradicional ya que, gracias a la protección que brinda el sistema de cadena de bloques, es un acuerdo blindado en el que no existe la posibilidad de fraude. Todas esas ventajas se traducen en una mayor agilidad para hacer negocios y una mayor velocidad para ejecutar las transacciones, lo cual implicaría poder cerrar más acuerdos comerciales minimizando el riesgo de incumplimientos.

Por supuesto, los smart contract también encierran algunas desventajas, por lo que es importante contar con un buen asesoramiento jurídico antes de adentrarse en este mundo. El hecho de que los contratos, una vez escritos y programados, no se pueden modificar con facilidad, puede representar un problema en el cambiante mundo de los negocios.

El nuevo año llega cargado de novedades para los autónomos. El Gobierno había planteado vincular las bases de cotización al crecimiento del IPC, acercar los tipos de cotización por contingencias profesionales y desempleo a la de los asalariados, así como obligar a cotizar por accidentes de trabajo y formación profesional. Estos cambios elevarían el tipo de cotización hasta el 31,4 %.

Ese incremento en la cuota de los autónomos multiplicaría por más de cinco las subidas medias que se han aplicado durante los últimos 15 años. De hecho, en la última década la base mínima de cotización ha aumentado casi un 14 % pero las prestaciones no han variado. La buena noticia es que la cuota de autónomos en 2019 sube, pero no tanto como se había previsto inicialmente, y trae una mejoría en las prestaciones.

¿Cuál es la cuota de autónomo en 2019?

Tras intensas jornadas de negociaciones, ATA y UPTA, las organizaciones más representativas de los autónomos, han llegado a un acuerdo con el Gobierno, de manera que no se aplicará la subida de 40 euros al mes que planteó inicialmente la administración sino tan solo de 5,36 euros.

La base de cotización mínima mensual subirá un 1,25 % en 2019, hasta alcanzar los 944,35 euros, y el tipo de cotización aumentará hasta el 30 %. Las contingencias profesionales tendrían un tipo del 0,9 % y el cese de actividad del 0,7 %, ambas de carácter obligatorio. De esta manera, la cuota de los autónomos en 2019 será de 283,30 euros al mes, lo cual representaría unos 64,35 euros más al año.

En el caso de los autónomos societarios, su cuota ascendería a 364,22 euros mensuales, lo que supone un incremento de 6,89 euros al mes y 82 euros más al año, en comparación con lo que pagaban en 2018.

No obstante, los tipos de cotización seguirán subiendo de manera escalonada hasta el 2022, aunque el Gobierno ha señalado que este nuevo sistema de cotización debe ser transitorio pues el objetivo final es que los autónomos coticen a la Seguridad Social según sus ingresos reales.

¿Qué nuevos beneficios obtendrán los autónomos en 2019?

Con el incremento de las cuotas de autónomos en 2019, este colectivo también se beneficia de mejorías en las prestaciones:

Derecho a paro. Se mejora el acceso al paro flexibilizando las condiciones ya que las dificultades para acceder a esta prestación, incluso para los autónomos que cotizan para tenerla, genera cada año un superávit de más de 100 millones de euros. La duración de la prestación también se amplía, llegando a duplicarse.

Derecho a acceder a la formación continua, programas de reciclaje profesional y prevención de riesgos laborales. Esta actividad recaerá en las Mutuas, que serán quienes se encarguen de organizar los cursos de formación, con apoyo del Gobierno.

Derecho a la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

No pagar la cuota de autónomo a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

En el caso de los autónomos que sufran una discapacidad sobrevenida, tendrán derecho a acceder a los mismos incentivos y apoyos que se encuentran disponibles para este colectivo. Hasta el momento, solo los autónomos con una discapacidad que iniciaban una actividad profesional tenían derecho a las bonificaciones.

¿Cuál es la tarifa plana de autónomos en 2019?

La tarifa plana para los nuevos autónomos también sube, de los 50 euros de 2018 aumenta a 60 euros en 2019. Esa cuota incluye tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

Una novedad es que las autónomas embarazadas podrán beneficiarse de esa tarifa plana durante 12 meses sin tener que haber cesado previamente su actividad, siempre que la soliciten dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad.

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“Ninguna empresa puede funcionar sin la cualificación, sin el punto de vista y sin el poder de las mujeres”, dijo la Ministra Carmen Calvo, por lo que no toma por sorpresa que el Gobierno esté impulsando una ley de igualdad laboral que ponga fin a los consejos de administración donde las mujeres no tienen voz ni voto y a la discriminación que estas sufren cuando se quedan  embarazadas o necesitan cuidar de sus hijos.

¿Qué es la ley de igualdad laboral?

Esta ley tiene como objetivo garantizar que se cumpla el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En 2007 ya se había aprobado una ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres pero su puesta en marcha cambió muy poco en el día a día de las empresas.

Con el nuevo proyecto de ley para la igualdad de oportunidades en el trabajo se pretende que no solo la administración pública sino también el sector privado sean un fiel reflejo de la sociedad. Por eso el Gobierno ha trasladado su propuesta para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación a la empresa privada.

¿Qué propone la ley de igualdad de oportunidades en el trabajo?

-          Que exista una composición equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de dirección, órganos o comités, tanto de las entidades públicas como de las privadas, a menos que sea imposible por razones objetivas y fundamentadas.

-          Igualdad de derecho de los trabajadores, hombres y mujeres, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de manera que no se produzca discriminación por género. Una de sus implicaciones prácticas se refiere a que las empresas no pueden rescindir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba a las mujeres que queden embarazadas por este motivo.

-          Derecho a solicitar la adaptación de la jornada de trabajo, incluyendo el trabajo a distancia, para lograr conciliar la vida familiar y laboral. La nueva ley de igualdad laboral no solo prevé un trato especial que facilite el cuidado del lactante hasta los nueves meses de edad sino también la posibilidad de suspender el contrato de trabajo para cuidar a un menor de doce meses.

-          Proporcionar anualmente a la administración competente datos estadísticos relacionados con la distribución de los trabajadores por género. En esos informes se debe incluir el número de socios, directivos, representantes y trabajadores por género, así como el tipo de contrato laboral, el número de horas trabajadas y la retribución media de cada categoría laboral.

La nueva ley de igualdad no ha olvidado el empleo autónomo. Las mujeres que trabajen por su cuenta tendrán derecho a suspender su actividad profesional para cuidar al lactante o menor de doce meses, así como a recibir prestaciones por la maternidad. En el caso de las autónomas dependientes, tienen derecho a negociar un acuerdo profesional que corrija las situaciones en las que resulta evidente una desigualdad respecto a los hombres.

¿Qué sanciones prevé?

La ley de oportunidades en el trabajo también prevé una serie de sanciones para las empresas que no la apliquen. Las infracciones leves, como no realizar un estudio para constatar la existencia de situaciones patentes de desigualdad laboral u obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral implican una multa de 60 a 625 euros.

Las infracciones graves, como impedir el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no dar seguimiento al plan de igualdad en la empresa o establecer un sistema de clasificación profesional que no tenga en cuenta los sesgos de género, acarrean multas de 626 a 6.250 euros.

En el caso de las infracciones muy graves, como la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba debido al embarazo o la maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, las multas pueden ser de hasta 50.000 euros.

¿Cuándo entra en vigor la ley de igualdad laboral?

La ley de igualdad laboral primero debe ser aprobada, aunque el Congreso de los Diputados la tramitará por la vía de urgencia. Cuando entre en vigor, las empresas tendrán entre dos y cinco años para adaptarse a la paridad ya que supondrá un cambio importante, sobre todo en los consejos de administración donde el número de mujeres suele ser bajo.

Los emprendedores exitosos saben que necesitan apoyarse en otros profesionales que les orienten y suplan sus carencias formativas, sobre todo en el área legal. El asesoramiento jurídico es fundamental para conocer la legislación vigente y evitar errores que, a la larga, podrían salir caros. No es casualidad que las grandes empresas cuenten con su propio departamento legal, aunque ésta suele ser una asignatura pendiente para algunas pymes y autónomos.

¿Qué es el asesoramiento jurídico?

El asesoramiento jurídico empresarial, también conocido como “abogacía preventiva”, se centra en ofrecer información a las empresas sobre las leyes y normativas relacionadas con la actividad que desarrollan. El asesor jurídico brinda a las pymes y autónomos un marco legal para que puedan desarrollar su actividad, dotándoles de los instrumentos necesarios para expandirse e innovar dentro de la ley.

¿Cómo puede ayudar el asesoramiento jurídico a las pymes y autónomos?

Derecho laboral

Si te planteas contratar empleados, es fundamental que te oriente un asesor jurídico. Este profesional te indicará cuáles son los tipos de contratos laborales más adecuados y se encargará de gestionar los convenios colectivos.

También te asesorará sobre los derechos y obligaciones de tus empleados respecto a detalles como la jornada de trabajo, retribuciones básicas, permisos y vacaciones, o los riesgos laborales. Contar con un buen asesoramiento jurídico te evitará litigios y costes innecesarios por una mala aplicación de la normativa laboral, algo común en el caso de los despidos y las sanciones disciplinarias.

Derecho mercantil

Contar con un buen asesor jurídico te garantizará que no se vulneren tus derechos cuando estableces relaciones comerciales con otras pymes o autónomos. Supervisará los contratos que firmes con proveedores y clientes, te propondrá medios de pago más convenientes y se asegurará de que las cláusulas y condiciones sean justas. También comprobará que esas empresas tengan las garantías y seguros exigidos por ley.

El asesoramiento a pymes también es vital para el funcionamiento interno del negocio. El asesor se encargará de constituir la sociedad y del reparto de dividendos, regulando la relación entre los socios. En sus manos quedan aspectos tan delicados para la supervivencia del negocio como la transmisión de participaciones en la sociedad limitada, la sucesión o los acuerdos para facilitar la salida de uno de los socios.

Derecho financiero

La asesoría para autónomos y pymes se extiende al plano fiscal. Un asesor jurídico te brindará alternativas de actuación dentro de la ley para que puedas tomar las mejores decisiones fiscales para tu negocio. Te mantendrá informado sobre las novedades en materia fiscal y te indicará la existencia de deducciones o cualquier otro tipo de incentivo fiscal que puedas aprovechar.

Este profesional también te asesorará sobre las condiciones de financiación más ventajosas, en caso de que necesites pedir un préstamo o un crédito, y te echará una mano si recibes una reclamación judicial de un acreedor o si necesitas aplazar una deuda tributaria.

Derecho administrativo

Si uno de tus clientes es la administración, necesitas mantenerte al tanto de todos los cambios legales, para que puedas cumplir con los requisitos y no pierdas el contrato. Un asesor jurídico también te explicará las posibilidades de recurrir si no te convencen ciertas decisiones y te indicará cuáles son los plazos y qué procedimiento seguir para que no pierdas ese derecho.

Si aspiras a firmar un contrato público, el asesoramiento jurídico es esencial para que comprendas cómo funciona el procedimiento de licitación y adjudicación, así como las diferentes modalidades de contratación administrativa. Te garantizará además un equilibrio financiero en el contrato y te ayudará a encontrar opciones de subcontratación o cesión del mismo.

Propiedad intelectual y protección de datos

La innovación es cada vez más importante para las empresas, por lo que es importante que protejan su propiedad intelectual e industrial. Contar con el asesoramiento jurídico adecuado te ayudará a proteger tus creaciones o a reclamar tus derechos si otros las han usado sin tu consentimiento.

También te asesorará en materia de protección de datos. Te explicará tus obligaciones como pyme o autónomo, cómo puedes proteger los datos, durante cuánto tiempo puedes almacenarlos y quién puede tener acceso a ellos. Así no te arriesgarás a recibir una sanción por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos.

Derecho internacional

Si estás pensando en internacionalizar tu pyme, necesitas contar con asesoramiento jurídico para comprender las regulaciones del comercio internacional. Conocer los trámites y procedimientos te permitirá tomar mejores decisiones para acceder a ese nuevo mercado y ahorrar costes, evitando retrasos burocráticos que representen pérdidas económicas.

La confidencialidad es una necesidad cada vez más importante para las empresas, no solo para proteger la información de sus clientes y cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, sino también para blindar sus planes comerciales, estrategias de negocio y conocimientos técnicos. Para brindar una mayor protección a las empresas, el Gobierno ha presentado el proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

¿Por qué es tan importante proteger los secretos empresariales?

A lo largo de la historia se han producido diferentes casos de robo de secretos industriales. Uno de los más conocidos ocurrió en 1993, cuando General Motors acusó a Volkswagen de espionaje después de que el jefe de producción de Opel y otros siete ejecutivos se fueran a trabajar con la empresa rival. General Motors afirmó que Volkswagen había usado algunos de sus secretos corporativos y la compañía tuvo que indemnizarle con 100 millones de dólares, además de cerrar un acuerdo de mil millones por la compra de piezas durante siete años.

El espionaje industrial está presente en todos los niveles y sectores, causando daños cuantiosos a las empresas, sobre todo aquellas que apuestan por la innovación. Un estudio realizado en la Universidad de Portsmouth reveló que el valor de los activos intangibles de las empresas, como la marca, propiedad intelectual y secretos comerciales, ha aumentado de 19.8 mil millones de dólares en 2001 a 47.6 mil millones en 2016, por lo que el robo de patentes, diseños o bases de datos de clientes puede causar un gran perjuicio económico.

El espionaje industrial también puede provocar grandes daños a la reputación empresarial, afectando a la imagen y la percepción de la compañía que tienen sus clientes reales o potenciales, haciéndole perder cuota de mercado y obligándole a poner en marcha una costosa estrategia de rebranding. En este escenario, contar con una ley que salvaguarde los secretos empresariales es una necesidad de primer orden.

¿Qué castiga la ley de secretos empresariales?

En sintonía con la Directiva de la Unión Europea, la ley de secretos empresariales tiene el objetivo de reforzar la protección de la información empresarial no divulgada, de manera que no se pueda obtener, utilizar o revelar mediante prácticas ilícitas que terminen afectando a la competitividad de las empresas o provocando daños económicos.

Este proyecto de ley determina cuáles son las conductas que implican una violación del secreto empresarial, así como las prácticas que se consideran ilícitas en la obtención, uso y revelación de esa información.

Considera desleal e ilícito, por ejemplo, la divulgación o explotación de los secretos empresariales sin la autorización del titular, sin importar si esa información fue obtenida usando métodos de espionaje o de forma legítima pero con reservas. Eso significa que es un delito abandonar la empresa llevándose la base de datos de los clientes.

¿Cómo será el procedimiento legal?

La ley de secretos empresariales también brinda herramientas eficaces de protección jurídica para las empresas. Establece cuáles son las acciones legales que las compañías pueden emprender si sufren una violación e indica el alcance de la indemnización por daños y perjuicios. Para calcular esa indemnización se tienen en cuenta los perjuicios económicos que ha sufrido la empresa, incluyendo el lucro cesante, así como el enriquecimiento del infractor, el perjuicio moral causado y los gastos de la investigación en los que incurrió la compañía para presentar las pruebas ante un juez.

Con esta nueva normativa se pretende, además, minimizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de procesamiento legal, brindando soluciones más rápidas que permitan a las empresas recuperarse de los daños sufridos en el menor tiempo posible.

En resumen, el proyecto de ley de secretos empresariales refuerza el marco legal que protege a las grandes empresas y pymes de las prácticas desleales que pueden representar grandes pérdidas, tanto desde el punto de vista económico como de reputación, facilitando además el camino para las reclamaciones legales, de manera que se pueda minimizar el impacto de los daños lo antes posible.